Aún no ha pasado el temblor de El Caracazo

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Igual que un terremoto, las grandes rupturas políticas ocurren en un momento concreto, pero de ningún modo son acontecimientos súbitos. Prolongados y soterrados eventos han ido sucediendo hasta que se desencadena la catástrofe. Visto así, el 27 de febrero de 1989 fue el instante crucial, la hora del gran sismo, luego de un largo y casi siempre silencioso proceso de descomposición política, económica y social.

Entre los pobres y el sistema político puntofijista había, desde 1958, una especie de acuerdo no escrito: el pueblo proporcionaba legitimidad a los gobiernos y estos cedían al colectivo una parte de la renta petrolera, a través de empleo, salud, educación, además de un agregado inmaterial, la sensación de ser parte de una democracia ejemplar. Los disidentes de ese acuerdo habían sido aplastados, tanto en la lucha armada como en la cotidianidad.

Se sabía que ese pacto se estaba carcomiendo poco a poco, especialmente desde 1983, cuando la época del dólar a 4,30 bolívares tocó a su fin. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de diciembre de 1988, el electorado dio una nueva demostración de confianza, al elegir por segunda vez a Carlos Andrés Pérez, el más carismático de los líderes de aquellas tres décadas de bipartidismo. Entre los dos candidatos del establishment (Pérez, por Acción Democrática y Eduardo Fernández, por Copei) se chuparon más de nueve de cada diez votos, según el Consejo Supremo Electoral. Con semejante respaldo, ¿quién podía prever que 25 días después de ser entronizado (sin exageraciones, a la toma de posesión se le llamó “la coronación”), el pueblo le daría a CAP la primera gran revolcada de su período?

Tal vez sí hubo algunos analistas que advirtieran de esa posibilidad, pero no les prestaron mucha atención, porque Pérez era como una locomotora embalada y, además, al esbozar un plan de ajuste a la medida del Fondo Monetario Internacional, tenía el respaldo de los grandes poderes capitalistas dentro y fuera del país.

El estallido de El Caracazo sorprendió entonces a casi todos, empezando con el propio Pérez, quien se ufanaba de tener liderazgo suficiente para aplicar un paquetazo neoliberal. “En Latinoamérica, esto solo podemos hacerlo dos personas: Pinochet en dictadura y yo en democracia”, dicen que le dijo el recién coronado al veterano editor Miguel Ángel Capriles.

La borrachera de euforia duró poco. Las medidas comenzaron a aplicarse la penúltima semana de febrero, todas de una vez y sin anestesia (tratamiento de shock, decían, con cara muy seria, los tecnócratas del nuevo gabinete), y la reacción popular fue también relampagueante y contundente.

Rafael Poleo, en una nota escrita el año pasado, al cumplirse 30 años de los sucesos, dijo: “La gente que para el momento de El Caracazo formaba el entorno de Carlos Andrés, como Reinaldo Figueredo, Carlos Blanco y Armando Durán, lo reporta fuera de contacto con la realidad. Sobreestimó el peso de su popularidad, considerándola suficiente para convencer al pueblo de que debía soportar las privaciones extremas que traería el cambio de modelo económico por terapia de choque propuesto por Miguel Rodríguez Fandeo, un jovencísimo profesor de notables lauros académicos, pero sin experiencia política ni conocimiento de la realidad venezolana. Olímpicamente, Pérez ignoró las advertencias de Gonzalo Barrios, Jaime Lusinchi, Reinaldo Leandro Mora, Luis Alfaro Ucero, Humberto Celli, Henry Ramos Allup, Ramón J. Velásquez, Rafael Caldera, Pedro Pablo Aguilar y otros dirigentes experimentados que sí tenían el pulso del país. Hasta sus amigos más leales, como Reinaldo Figueredo, Teo Camargo, Héctor Alonso López y David Morales Bello estaban en desacuerdo con su terapia de choque y resentían su autosuficiencia”.

En muchos sentidos, el reventón de la paciencia popular fue producto de la temprana develación del engaño que había supuesto la campaña de CAP. Con técnicas avanzadas de mercadeo de imagen, se vendió la idea de que al retornar a la Presidencia, automáticamente volvería la Gran Venezuela de su primer mandato, una notoria imposibilidad, dada la situación del mercado petrolero y el irresponsable manejo de las finanzas públicas que había caracterizado al gobierno del también acciondemocratista Jaime Lusinchi.

Al ver que el presidente recién electo no iba a gobernar como en los años 70, sino de una manera diametralmente opuesta, la gente reaccionó con furia. “El 27F fue una explosión casi biológica del cuerpo social. Rebelión de los pobres, la dimos en llamar. No una insurrección consciente contra el FMI, como a veces quiere venderse, pero sí una reacción espontánea contra las medidas que anunciaba el paquete económico de CAP. No se olvide que tres meses antes, los candidatos de AD y Copei habían obtenido el 95% de los votos.

Sin embargo, las políticas económicas de CAP fueron vistas como una ‘emboscada’: se les había prometido el regreso al paraíso de la Venezuela populista de las vacas gordas de 1973, y ahora se les colocaba a las puertas del infierno neoliberal”, resume Enrique Ochoa Antich, quien asumió entonces la tarea de denunciar la masacre que se perpetró.

El terremoto de El Caracazo no saldó los tremendos movimientos telúricos de la sociedad venezolana. Por el contrario, los catalizó. Tres años más tarde vino un sacudón militar que fue en realidad el principio del gran sacudón político.

“El 27 de febrero aceleró, disparó y catalizó la rebelión del pueblo, y nos impulsó a los militares patriotas, quienes el 4 de febrero de 1992 salimos a responderle al pueblo mártir”, dijo el Comandante Hugo Chávez en uno de los tantos momentos en que rememoró a El Caracazo.

Todavía el país anda en eso. El temblor no ha pasado.

¿Cuántos muertos hubo?

“Según mis cuentas, unos 500 inocentes fueron masacrados. Estuve en esos días a las puertas de la morgue, vi los cadáveres apiñados en la acera, vi una primera lista de víctimas, en la que se logró identificar a 380”, responde Enrique Ochoa Antich. “No sé por qué se exagera llevando la cifra a 3 mil y más, como si 500 fueran pocas víctimas… La mayoría de las muertes se produjo después de los saqueos, en particular como consecuencia de la orden de Pérez a los militares de entrar a los barrios a la fuerza a recuperar lo saqueado”.

El entonces diputado del MAS subraya que la masacre continúa impune. “Con base en nuestras denuncias, se sustanciaron 277 expedientes que duermen el sueño de los justos en la Corte Marcial. Son 31 años sin justicia, aunque desde el inicio de su gobierno le pedimos a Chávez sancionar a los culpables”.

La ONG Provea calificó en su momento lo ocurrido como “una de las más graves violaciones de derechos humanos de la Venezuela contemporánea”.

Según esta organización, nunca se podrá contabilizar el número real de muertos de este episodio en el que, merced a la suspensión de garantías constitucionales, imperaron la brutalidad policial, el uso de artillería pesada contra la población civil, las desapariciones forzosas, las torturas, el encausamiento de civiles por tribunales militares y el entierro en fosas comunes.

Perfil Clodovaldo Hernández