Habitante de la parroquia Caricuao denuncia secuestro de bienes

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“Tengo más de siete meses con mis bienes secuestrados en la planta baja del edificio Paraparo Nº 50  por la presidenta de la junta de condominio, la abogada Dora Betzaida Arráiz Planchart”. Es así como la señora Juana Martínez de Rojas, habitante del sector UD4, Terraza Q, de la parroquia Caricuao, narró con preocupación su relato de los hechos.

Seguidamente, comentó que en el mes de octubre del año 2019 la abogada Arráiz decide cambiar el cilindro de la reja y colocar un candado a la puerta principal, con lo cual impide el acceso a un local comercial utilizado como depósito, y de esta manera secuestrar los bienes de la señora Martínez.

Indicó que desde el año 2002 comienza a cancelar el canon de arrendamiento por un monto de 120.000,00 bolívares mensuales sin retraso alguno.

Prosiguió señalando que en el año 2004, la presidenta de la Junta de Condominio solicitó el ajuste del canon de arrendamiento ante la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.

En vista de no llegar a acuerdo alguno, el caso pasa a la vía jurisdiccional, en la cual se ordena que se comience a consignar el pago del arrendamiento a través de los tribunales del municipio, específicamente en el Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, ubicado en la urbanización Sabana Grande.

Mencionó que hasta el año 2012 cancela el canon de arrendamiento por este juzgado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera inhabilitar dicho tribunal. Es entonces cuando trasladan el expediente al Circuito Judicial de los Juzgados de Municipio ubicado en Los Cortijos de Lourdes.

La señora Martínez continúa su relato indicando que en el mes de septiembre  del 2019 la victimaria, la abogada y funcionaria pública (directora adjunta del Consejo de protección del Niño, Niña y Adolescente), realizó una reunión de copropietarios del edificio. Uno de los puntos que se trató fue el aumento del pago de arrendamiento del local.

“La abogada Arráiz planteó en la reunión efectuada que aumentaría el costo de arrendamiento del local, a lo que respondí que lo consultaría con el organismo encargado del caso. Amenazó con desalojar el establecimiento “, recalcó la señora Martínez.

Acotó que Arráiz ha sido citada por varias instancias en repetidas ocasiones, pero no se ha presentado. También señaló que la junta de condominio se encuentra vencida, ya que la elección se efectuó en noviembre del año 2017, y según la Ley de Propiedad Horizontal esta tiene un periodo de validez de un año.

La víctima, adulta mayor, solicitó el apoyo de los entes encargados para que por favor la ayuden a solventar este problema, en vista de que ha agotado todas las instancias y no ha conseguido respuesta.

“Hago un llamado a los organismos competentes, para que me tomen en cuenta y me ayuden a solucionar este conflicto. Tengo mucho tiempo tratando de conciliar y poder recuperar mis bienes secuestrados”, finalizó.