CARACAS CIUDAD CARIBE | UCV: El desplome del corredor cubierto… García Arocha única responsable

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El 17-06-2020 colapsó el corredor cubierto N° 5 de la Ciudad Universitaria de Caracas. Las estructuras de los pasillos techados fueron construidas entre 1952-1956, empleando materiales novedosos y aplicando métodos y experimentales de cálculo y fabricación, nunca antes ejecutados en Venezuela. Esta estructura ya tiene 68 años de haberse construido, lo cual ha debido conllevar a tomar medidas especiales para prolongar su durabilidad, ante el hecho técnico que la vida útil de este tipo de estructuras es de 50 años.

Las responsabilidades

Lo primero que se debe señalar es que la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC) fue declarada Monumento Nacional en 1993, lo cual le confiere un marco legal de obligatorio cumplimiento para su protección y conservación por parte de las autoridades responsables de su administración. Posteriormente, la CUC fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en el año 2000, confirmando su valor excepcional y universal. En consecuencia, además del cumplimiento de la normativa nacional, las autoridades responsables también deben cumplir con las orientaciones establecidas por la Convención del Patrimonio Mundial.

En este orden de ideas, se destaca que la responsabilidad del mantenimiento de un inmueble de propiedad pública recae exclusivamente en quien lo administra. En este caso al ser la Universidad Central de Venezuela (UCV) un ente público educativo le corresponde, siempre bajo la tutela del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), las labores de preservación integral del patrimonio bajo su administración. Es evidente que las autoridades universitarias han tenido dificultades para su manejo, prueba de ello es el elevado número de directores que han sido designados y han renunciado por falta de recursos e interferencias de las autoridades.

El colapso de los módulos del pasillo techado es consecuencia de la gestión errada de las actividades de preservación y mantenimiento de la CUC por parte de las autoridades de la UCV, especialmente la rectora y los responsables del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred), quienes han demostrado imprudencia, negligencia e impericia prolongada al respecto, siendo responsables directos del daño ocasionado a este bien cultural.

La rectora, por vía de la directora del Copred, ha debido solicitar al Ejecutivo Nacional a través del IPC, los recursos para las obras de mantenimiento correctivo o preventivo, en particular para las obras que se encontraban en estado de inminente peligro, lo cual no se hizo por negligencia. En todo caso, se han debido hacer todos los esfuerzos a lo interno de la UCV para evitar el colapso de la estructura en cuestión.

Otra causa que explica lo ocurrido, es la desnaturalización de las atribuciones del Copred, siendo que, en el año 2011, la rectora le quitó atribuciones, al desincorporar la subdirección de Mantenimiento, para volver a la situación del año 2000, en la que las labores de mantenimiento se llevan a cabo por una oficina técnica de ingeniería. Este hecho motivó la renuncia de su directora por la imposibilidad de cumplir con los fines de esa dependencia.

La reinstalación de la Dirección de Mantenimiento, le ha permitido a la rectora manejar directamente las intervenciones sobre la planta física sin que medie la opinión técnica del Copred. Recordemos que al momento en que se estaba gestionando ante la Unesco la inclusión de la CUC en la lista de Patrimonio Mundial, el Consejo Mundial de Patrimonio exigió la creación de una oficina de gestión del patrimonio cultural que reordenara y redefiniera las funciones que en materia de mantenimiento de la planta física de la CUC se encontraban fragmentadas y con múltiples actores con poder de decisión. Por esta razón el Consejo Universitario aprobó la creación del Copred, como instancia única para la preservación y desarrollo de todo el patrimonio edificado, artístico y natural del conjunto.

En el marco de la desnaturalización del Copred, la rectora ha ejecutado obras a lo interno con inversiones cuantiosas, como es el caso en 2017 del asfaltado de las vías con una inversión de Bs 6.287114.786,61 y la recuperación del pavimento de la plaza descubierta del rectorado con una inversión de Bs 393.337.373,00 para un total de Bs 6.680.452.159,61 equivalentes para la fecha a $64.842 (suma gastada en obras correspondientes a elementos sin valor patrimonial alguno). Esto demuestra que la Universidad ha contado con no pocos recursos para su mantenimiento, pero sus autoridades no han sabido priorizar y han preferido ejecutar obras cosméticas de grandes costos, lo cual también demuestra su negligencia. (Es importante recordar, a modo de comparación, que en 2003 el Ejecutivo Nacional asignó la suma de 30.000 dólares para el sitio de Patrimonio Mundial de Coro y su Puerto de La Vela, con los cuales se ejecutaron importantes obras de infraestructura).

Finalmente, el carácter de bien declarado como Patrimonio Mundial no atenúa las responsabilidades de la Universidad, por el contrario, es en esta en quien recae, mediando siempre la autorización del IPC, que la Universidad está obligada a solicitar. Por lo tanto la responsabilidad de lo sucedido y lo que pudiera suceder es exclusivamente de las autoridades de la Universidad, y de ninguna manera una responsabilidad compartida con el Gobierno Nacional.

El mantenimiento en el futuro

El desplome de parte del corredor cubierto en cuestión tiene implicaciones más allá de la coyuntura y, por lo tanto, el Ejecutivo Nacional no puede conformarse con su restauración. Por el contrario, debe asumirse que por su negligencia las autoridades de la UCV han demostrado su incompetencia para cumplir, como parte del Estado, con las responsabilidades del Estado Nación inherentes a la declaratoria de la Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial.

Adicionalmente, el desplome del corredor evidencia una situación generalizada que sin duda será considerada en la muy próxima asamblea del Comité de Patrimonio Mundial (agosto 2020), en la cual muy posiblemente se planteará la inclusión de la Ciudad Universitaria de Caracas en la lista de Patrimonio en Peligro. Esto no es para angustiarse pues, contrario a lo que se cree, no es una sanción, sino un espacio de ayuda especial técnica y financiera. Sin embargo, esto exigirá al Estado venezolano la preparación de un plan integral de gestión del patrimonio cultural que garantice los recursos financieros, técnicos y administrativos para mitigar los riesgos. Además, exigirá la presentación anual de un informe de gestión que dé cuenta del avance año a año y la invitación cada dos años de una misión de observación de UNESCO que evaluará estos avances. ¿Le vamos a confiar esa tarea a unas autoridades universitarias irresponsables, incompetentes, negligentes y de paso ilegítimas?

Abner Colmenares/Héctor Torres Casado*
*Asesor e investigador de la Oficina del Cronista de Caracas. Responsables del nuevo Monumento en conmemoración de la Batalla de Carabobo.