ECONOMÍA DE LO COTIDIANO | La nueva estrategia para atender la deuda

Raúl E. Peñaloza B.

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La agresión más dañina de todas las que enfrenta el país, sin duda alguna es la bloqueo financiero; pero a pesar de eso, Venezuela se prepara para los cambios que se avecinan, en procura de un reimpulso. En noviembre hay elecciones presidenciales en EEUU; lo que si bien no significará ningún cambio en la política hacia Venezuela, pudiese abrir alguna puerta para el entendimiento. Además, en diciembre se elegirá una nueva Asamblea Nacional; y esto augura una nueva configuración de ese poder público a partir de enero.

En este sentido, la capacidad de financiamiento y el manejo de la deuda son aspectos fundamentales para el rescate de la industria petrolera y de la economía en general. Financiamiento al que no se tiene acceso actualmente; a consecuencia de la política de bloqueo financiero que existe sobre el país.

Se inició desde 2012 con las calificaciones de riesgo país. La banca internacional empezó a cobrar tasas de interés irreales y de usura cuando de Venezuela se trataba. Esto a pesar de la solvencia económica del país en ese entonces, la histórica trayectoria en la que siempre Venezuela había honrado sus deudas; un nivel de reservas internacionales sobre los 20 mil millones de dólares y altos ingresos petroleros (precio y producción).

Tomar un nuevo préstamo o refinanciar alguna deuda (normal para cualquier país) comenzó a ser más y más difícil y costoso; tanto para la República como para PDVSA. Fue tal el descaro de las empresas calificadoras de riesgo, que otorgaban calificaciones más bajas a Venezuela que a países que enfrentaban agresiones militares como Siria y Libia.

A las principales agencias de calificación de riesgo, JP Morgan, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, se sumaron voceros políticos y económicos, nacionales y norteamericanos. Cerca de cada vencimiento de compromisos, fuera capital, intereses o servicios de deuda, comenzaba la campaña de anunciar el esperado default (impago) para generar más presión y nerviosismo en los acreedores; y el sistema financiero en general.

La estrategia era muy clara, a mayor nivel del riesgo país de una nación, mayor será la incertidumbre generada sobre su capacidad de pago; incidiendo negativamente en su reputación internacional, Y a mayor riesgo, mayores tasas de interés. Todo pese a que, de hecho, Venezuela no dejaba de pagar.

De 2012 a 2018, el riesgo país de Venezuela subió irregularmente de 1.236 a 2.989 puntos. Lo convirtieron en el país con mayor riesgo para invertir en todo el mundo. Actualmente el riesgo país supera los 12 mil puntos.

Pero una y otra vez, el país honró sus deudas y compromisos; dejando a voceros y calificadoras de riesgo en absoluto ridículo. Entre 2012 y 2017 Venezuela realizó, con gran sacrificio, desembolsos superiores a los 65 mil millones de dólares para honrar compromisos de deuda.

La presión de EEUU, del Departamento del Tesoro, continuó sobre el sistema financiero internacional, para generar retrasos en los pagos que hacía la República. Durante 2015 y 2016 los bancos corresponsales regresaban o retrasaban los pagos de Venezuela a sus acreedores. Y mediáticamente comenzaron a utilizar un nuevo concepto, el “default selectivo”; una especie de profecía autocumplida por el sistema financiero, para generar angustia. Sin embargo, curiosamente ningún acreedor vendía tus activos financieros; y es que claro, la deuda venezolana era un gran negocio. Un buen pagador al que obligaban a pagar altas tasas de interés; por lo que a pesar de las viciadas calificaciones y los anuncios forzados de default seguían cobrando sus acreencias regularmente.

En julio de 2016, CITIBANK decide cerrar las cuentas del Estado venezolano en esa entidad; a través de las cuales pagaba a socios, acreedores y dinamizaba la empresa privada. Se dificultaba así la posibilidad de pagar compromisos de deuda o recibir nuevos financiamientos.

Cuando ya parecía que nada funcionaba para obligar a Venezuela a no pagar, ocurrió lo más insólito. La OFAC no solo prohibió explícitamente a los tenedores de deuda prestar dinero fresco o refinanciar las deudas del Estado venezolano, sino que también imposibilitó que pudieran cobrar. Es decir, si Venezuela o PDVSA ofrecían el pago y algún banco aceptaba hacer la transacción, igual ningún tenedor podía recibir el dinero. Se cumplía así, fraudulentamente y de facto, el tan anunciado impago de deuda venezolana.

Han pasado casi 3 años, y el pasado martes 15 de septiembre, la ministra encargada de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, con solo algunas horas de haber tomado posesión del cargo, sorprendió al mundo financiero con una estrategia que nadie esperaba. Realizó una oferta condicional conjunta de interrupción de los períodos de prescripción de 17 bonos soberanos, 11 bonos de Pdvsa y 1 bono de la Electricidad de Caracas. Sin duda alguna, una audaz jugada financiera, imposible de aplicar por el ministro saliente, ya que se encuentra sancionado por la OFAC.

Esta oferta no solo permitiría a los tenedores de bonos recuperar algo de su inversión, que se cotizan muy por debajo de su valor en el mercado; sino que además, permitiría a la República recomprar su propia deuda a un valor también muy bajo.

Pero más allá de lo estrictamente técnico o puntual relativo a estos papeles, la estrategia sin duda es más compleja. En primera instancia, todo indica que ningún tenedor se atrevería a aceptar la oferta del Estado venezolano; por temor a las retaliaciones por parte de la OFAC y del gobierno de los EEUU. Pero lo que si pudiera ocurrir es que se aproveche el escenario electoral para promover que el poderoso lobby financiero se ponga de parte de sus propios intereses económicos y presione para que se les permita ir a esa negociación; ya que está muy claro que tenedores e inversionistas pierden dinero al verse obligados a seguir la estrategia política de EEUU.

Esta acción no sería extraña a los intereses de los inversionistas ni a la realidad que atraviesa Latinoamérica. En abril pasado se anunció un acuerdo con el gobierno argentino para salir del default; así como del gobierno de Ecuador para refinanciar su deuda externa.

Pero esto tampoco se queda en la dimensión de los intereses económicos. Pues de ser exitosa la propuesta, los inversionistas (en su mayoría norteamericanos) estarían aceptando o reconociendo la autoridad del presidente Nicolás Maduro para representar los intereses de la República; implícitamente revelarían que no esperan éxito en los planes de un cambio de régimen para Venezuela en el corto o mediano plazo.

El tiempo en el que se realiza esta la oferta condicional es el más conveniente. Las deudas se rigen por las leyes de Venezuela y algunos de estos papeles se rigen por las leyes del estado de New York; en este sentido la legislación venezolana contempla un plazo máximo de 3 años para hacer cualquier reclamo por parte de los tenedores.

En 2017 a Venezuela se le imposibilitó seguir pagando por causa del bloqueo financiero; por lo que los tenedores tienen pocas opciones: no cobrar y perder sus inversiones; demandar y entrar en un litigio en el que ni siquiera podrán determinar quienes representan a su contraparte, ya que los tribunales norteamericanos reconocen a Juan Guardó como presidente y entienden que a partir de enero este señor no será ni siquiera diputado; o tienen la opción de buscar una licencia por parte de la OFAC para llegar a un acuerdo con las autoridades legítimas del país y cobrar sus acreencias.

La oferta tiene fecha de caducidad, tendrá vigencia hasta el 13 de octubre; por lo que el lobby del sistema financiero debe estar trabajando a sobremarcha a fin de obtener una licencia parecida a la lograda por la petrolera CHEVRON para operar en Venezuela a pesar del bloqueo.

En este sentido, sin ánimos de triunfalismos pero sin pasar por inocentes; hay que analizar la decisión de un tribunal del estado de NY la semana pasada. En ella expone que “no está en condiciones de opinar” sobre la solicitud que hiciera el representante de Juan Guaidó; que tiene por objeto dejar sin efecto los bonos de deuda que emitiera PDVSA en 2016 y cuyo vencimiento está próximo, bajo el argumento de que dicho bono no contó con la aprobación de la AN. Y aunque estos bonos 2020 a los que se refiere la sentencia -que tienen como respaldo el 50% de las acciones de CITGO- forman parte de una historia más compleja que los bonos incluidos por la ministra Delcy Rodríguez en la oferta condicional, está claro que el tema financiero tiene un peso importante y se están tomando decisiones al respecto.

Estaremos haciendo seguimiento al desenlace de esta oferta, y de otras decisiones que se tomen en los tribunales nacionales e internacionales sobre la deuda venezolana; ya que pudiera ser una puerta para acordar una flexibilización a las sanciones ilegales en contra de los venezolanos.

Raúl E. Peñaloza B. | @raulen13