ECONOMÍA DE LO COTIDIANO | Ley contra la ilegalidad

Raúl E. Peñaloza B.

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Es de conocimiento público que el gobierno de Estados Unidos aplica acciones ilegales, unilaterales e inmorales en contra de cualquier Estado Nación que se oponga a sus designios.

En las últimas décadas, son varios los países víctimas de las más impensables medidas; todas en la búsqueda de disminuir cualquier tipo de bienestar a los pueblos y forzar el descontento y los cambios de gobierno. Zimbawe, Libia, Líbano, Ucrania, Rusia, Turquía, Irán, Siria, Yemen, Cuba y Venezuela encabezan esa lista.

En el caso de Venezuela, ese conjunto de medidas coercitivas unilaterales (MCU) aplicadas contra el país tienen impacto directo en la producción de petróleo; y en el desarrollo del resto de la actividad industrial y productiva en el país. Afectan tanto a empresas públicas como privadas.

Por lo que sin duda, Venezuela se encuentra en un estado de necesidad muy particular debido a esas variables externas. En ese contexto, nada hay más sensato que organizar y reorganizar varias dimensiones del marco jurídico actual. Porque es transversal a la economía, la producción, el salario, los derechos contractuales de los trabajadores, el régimen fiscal, entre otras variables; las cuales ameritan una urgente revisión y adaptación a la realidad y a las necesidades de hoy.

Es común que los Estados, cuando atraviesan situaciones apremiantes como un conflicto bélico, adopten medidas jurídicas extraordinarias. Así, entendiendo lo artero del bloqueo y las MCU que enfrenta Venezuela; es más que comprensible el establecimiento de un marco jurídico que permita responder ante tal ataque.

En torno a Venezuela nadie puede negar la agresión multidimensional de la que es objeto; y que trastoca todos los espacios de la vida nacional, al afectar directamente el corazón de nuestra economía: PDVSA.

En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro presentó a la ANC un proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la garantía de los Derechos Humanos. Solicitó que sea evaluado y debatido. Es un instrumento jurídico para otorgar al Estado capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar las llamadas sanciones. Es una iniciativa que pareciera estar en la esfera lógica de acciones.

Las acciones aplicadas por el Gobierno de EEUU, las MCU, son ilegales. No nacen del seno de las Naciones Unidas, sino que parten del marco jurídico estadounidense; con la pretensión de ser aplicadas de forma extraterritorial, universal. En esencia no son sanciones; ya que no se trata de una consecuencia jurídica impuesta por un tribunal ante alguna falta del país; o la trasgresión de alguna norma a la que Venezuela esté sujeta. Son simplemente decretos ejecutivos del gobierno estadounidense.

El proyecto de Ley Antibloqueo aborda temas sensibles, sobre derechos humanos, políticos y económicos; que ameritan ser debatidos profundamente, no sólo por la ANC, sino también por el resto de la sociedad. Trata aspectos como:

  • Generar recursos a la Nación para impulsar la economía productiva.
  • Proteger los activos del país.
  • Activación de mecanismos financieros para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores.
  • Aplicación de una gestión dinámica y estratégica de activos y de pasivos de la República para incrementar el flujo de divisas al país.
  • Estímulo a la participación del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía.
  • Estabilidad laboral y garantía del disfrute de los derechos laborales.
  • Propiedad privada, la inversión extranjera y el carácter nacional y estatal de PDVSA.
  • Acceso a la información.

Esta es sólo una parte de los temas que abarca el proyecto de ley. Hay casos en los que se propone suspender transitoriamente algunos aspectos; muchos de los cuales están establecidos explícitamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La CRBV de 1999 establece no sólo los mecanismos para la aplicación de estados excepcionales y desaplicación de leyes; sino que también plantea que cualquier decisión de interés nacional debe ser sometida a referéndum consultivo.

Por tratar temas tan sensibles y de un debate necesario; sería ideal blindar de legitimidad la aprobación de este instrumento jurídico, con el manto de la democracia participativa y protagónica, a través de un referéndum.

Es un hecho que la mayoría de las MCU tienen impacto económico; con el objetivo de lograr el deterioro acelerado y sostenido de las condiciones de vida de la ciudadanía. Por ello, muchos de los aspectos abordados en el Proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante la ANC, tienen aplicación en el ámbito económico.

La respuesta a la ilegalidad de las MCU debe ser democracia, legalidad y participación. La respuesta a las pretensiones de asfixia económica debe ser eficiencia y transparencia. Y la propuesta para trascender la crisis del modelo rentístico en medio del bloqueo debe ser una propuesta integral; presentada al país, debatida y aprobada por todos los sectores.

Raúl E. Peñaloza B. | @raulen13