PIEDRA, PAPEL O TIJERA | Sanciones: la industria del dolor

William Castillo Bollé

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En su guerra invisible contra Venezuela desde 2015, Estados Unidos (EEUU) ha venido armando un entramado jurídico y económico cuyo objetivo central es asfixiar y aniquilar progresivamente la economía venezolana.

Producir un shock económico, social y político que le permita crear las “condiciones apropiadas” para el asalto a la democracia y los recursos de Venezuela, es el frustrado sueño húmedo de los inquilinos de la Casa Blanca desde hace 20 años.

Con las sanciones, los gringos creían haber dado con la herramienta perfecta. Acusando y demonizando a una nación, a sus autoridades e instituciones; y justificando así un castigo unilateral que destruyera su economía, la privara de recursos y produjera dolor y sufrimiento en su población. Parecía que todo se reducía a aplicar sanción tras sanción, apretar el cuello lentamente, y sentarse a esperar ver el cadáver del incómodo vecino pasar.

Así nació en 2014 ley de “defensa de la democracia” en la que ya EEUU se arrogaba la facultad de intervenir directamente en Venezuela para “defender a la sociedad civil”, ley aplaudida al unísono por demócratas y republicanos. Acto seguido aparecieron, primero el infame Decreto Obama, de marzo de 2015, y desde 2016, los seis decretos ejecutivos firmados Trump, contra la deuda, contra PDVSA, contra el oro, contra el petro, contra el BCV hasta llegar este año a ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro. En el medio, más de 300 medidas administrativas, judiciales, sancionatorias que persiguen la economía y castigan a la población venezolana.

Pandemia sancionatoria

Como el coronavirus, las sanciones no pueden vivir aisladas, dependen de instalarse en un cuerpo para replicarse y reproducir sus efectos. Así, con cada medida se fue armando una compleja estructura criminal basada en la amenaza permanente, la retórica demonizadora y el chantaje monstruoso; inauditos fenómenos violatorios de las más elementales normas del derecho internacional, y que juntos conforman el arsenal de eso que los teóricos de la geopolítica llaman la “guerra híbrida”. Una guerra con armas invisibles que produce muertos reales y donde “todas las opciones” siempre están sobre la mesa.

Sobre este enrevesado diseño sancionatorio, que se justifica en el discurso falaz de que solo se aplica a políticos “malévolos” y funcionarios corruptos, se montó el tejido de una estructura mafiosa. La larga lista de insólitas decisiones financieras, logísticas y administrativas contra Venezuela configuran una política que se despliega de forma indirecta, opaca, solapada, pero que produce terribles y perniciosos efectos sobre la población venezolana, a un nivel de crueldad que desafía la imaginación.

El bloqueo opera como una política pandémica, una suerte de virus maldito y altamente contagioso, cuyo ADN son los decretos que se firman en la Casa Blanca, en la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU o en el Departamento de Estado. Las sanciones “designan” a una persona o entidad venezolana como objeto de un “castigo” (negativa de visa o congelamiento de activos internacionales) o una prohibición (de ingreso a un territorio), pero en realidad a quien apunta y amenaza es a toda persona o entidad internacional que se relacione con aquellas personas y entidades sancionadas.

La política sancionatoria establece una especie de cordón económico sanitario: si no quieres contagiarte y sufrir las consecuencias, aléjate de Venezuela.

Hoy se dicta una medida contra un ministro de Venezuela responsable, digamos de la política alimentaria, y mañana todos los bancos internacionales que realizaban las transacciones para importar alimentos detienen las transferencias y congelan el dinero; los proveedores internacionales consultan a sus abogados (que antes han sido llamados por otros abogados) y estos les alertan del “riesgo” que corren al asociarse con Venezuela.

Las empresas que traen mercancías a Venezuela, los puertos por donde pasan barcos o aeropuertos por donde transitan aviones de carga, son alertados del “peligro” (la palabra “Venezuela”). Las aseguradoras y reaseguradoras se retiran por miedo a ser infectadas por la enfermedad de la nación sancionada.

La estructura criminal de las sanciones funciona como una “industria del castigo”, cuyo objetivo es impedir el comercio y las relaciones económicas de Venezuela, dejarnos sin proveedores de alimentos, ahuyentar a quienes nos venden medicinas o bloquear la importación de la materia prima para fabricarlas, impedir que vendamos petróleo, oro, o transemos con el petro, quebrar la industria petrolera nacional y luego negarnos la posibilidad de conseguir combustible.

Todo, absolutamente todo tiene un solo fin: socavar y destruir las bases materiales de la vida de nuestro país, hacer invivible a Venezuela, negarnos toda posibilidad de acceso a recursos: asfixiarnos y matarnos mientras se proclaman campeones de la democracia y se aprestan a “rescatarnos”.

El arte del dolor

Nicolás Maduro lo dijo claramente al país el pasado 30 de septiembre. Gracias a la sanciones, que lamentablemente un sector de nuestra sociedad aplaude frenéticamente, los ingresos en divisas del país han caído 99% en los últimos seis años.

Pasamos de 56 mil millones de dólares en ingresos en divisas en 2014 a 477 millones a septiembre de este año. En otras palabras, de cada 100 dólares o euros que recibíamos en 2014, hoy recibimos menos de uno.

El ritmo de caída de los ingresos externos de Venezuela se eleva a más de 30 mil millones de dólares al año, cada año, desde 2015. ¿Qué nación del mundo desarrollado aguantaría una caída de 30 mil millones de dólares cada año durante seis años?

La confiscación de los recursos y activos de PDVSA, incluyendo varias refinerías y la empresa CITGO, supera los 40 mil millones de dólares.

Entre 2014 y 2019, la producción petrolera de Venezuela cayó 66,5%. Para el año 2019 solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en 2014. Esa sola caída pudo costarnos unos 67 mil millones de dólares.

Ese desplome histórico solo podía tener consecuencias nefastas en la macroeconomía y en la calidad de vida de la gente. Esa es la realidad que enfrentamos hoy y a la que presidente, el Gobierno bolivariano y el pueblo venezolano han plantado cara haciendo mucho con poco. Resistiendo con dignidad infinita el más brutal y artero ataque que haya recibido nuestro pueblo en toda la historia.

La política de “máxima presión” de la que se ufanan Bolton, Abrams y Pompeo, consiste en eso. En quebrar al país a partir del dolor. Como dijera ese personaje siniestro de la diplomacia estadounidense, William Brownfield, las sanciones tratan del dolor. Hay que aceptar, dijo, que le haremos daño a los venezolanos y lo mejor es aumentar ese dolor para “salir de la situación” lo antes posible.

El sufrimiento de todo el país es el “daño colateral” para salir de Maduro.

Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs han llamado a la política de sanciones un “castigo colectivo”, y afirman que podrían haber matado a 40 mil personas en Venezuela durante los últimos años.

Se trata pues de una guerra, una guerra silenciosa. Al presentar la Ley Antibloqueo, el presidente Maduro dijo dramáticamente al país: “La guerra es total, y se extiende sobre nuestra forma de vida, sobre nuestra forma de trabajar, de producir, de consumir. El bloqueo es, como diría Von Clausewitz, la continuación de la guerra por otros medios, en este caso a través de medios económicos”.

Hablar de sanciones y no entender el profundo daño causado a nuestro país es el primer camino para rendirnos ante el bloqueo. Venezuela no se ha rendido ni lo hará. Somos los nietos de quienes a pie cruzaron los Andes y liberaron pueblos y naciones. Este pueblo no sabe lo que es rendirse.

Faltarán años para que los criminales que han causado estas heridas sociales, y sus cómplices internos, paguen por este crimen de lesa humanidad.

Mientras tanto, Venezuela está de pie, hemos resistido, y ahora nos disponemos a pasar a la ofensiva. De eso, de la Ley Antibloqueo, del enorme reto productivo de toda la nación, les hablaré la próxima semana.

William Castillo Bollé