«Medios digitales atentan contra la integridad de víctimas de violencia sexual»

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Ante los graves hechos ocurridos en el estado Yaracuy donde dos niñas y una adolescente, además de ser víctimas de violencia sexual, han sido sometidas al escarnio público en las redes sociales, el Movimiento Periodismo Necesario, a través de un comunicado, exhorta a las instituciones del Estado a velar por los derechos de las víctimas.

Acá el texto íntegro del comunicado del Movimiento Periodismo Necesario:

Medios de comunicación digitales atentan

contra la integridad de menores de edad víctimas de violencia sexual.

Las agresiones sexuales son consideradas delitos de acuerdo a la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que incluye  a menores de edad, así lo consagra  la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que se enmarca en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Es competencia de la Fiscalía General de la República recibir las denuncias cuando se trata también de violencia contra la población infantil y de inmediato debe adoptar las acciones hacia los respectivos acusados. Así acordó el Ministerio Público en el estado Yaracuy en el caso de dos niñas y una adolescente, todas integrantes de una misma familia, las cuales fueron víctimas de violencia sexual por parte de un familiar. El presunto agresor fue detenido y será sometido a un juicio. Ahora bien, surge una campaña por diversos medios  de comunicación digitales donde se han dado a la tarea de defenderlo, negando los hechos y exponiendo a las menores de edad con sus nombres a narrar lo ocurrido de forma muy  detallada  y hacen públicos extractos del expediente, hecho que violenta aún más su dignidad e integridad moral y mental   y se convierte en un acto de  abierta parcialidad hacia el presunto agresor. Esto genera confusiones e interpretaciones ya que persiguen instaurar una nueva matriz de opinión.

Estos medios digitales, concretamente la Patilla, Reportero 24 y Latam Legal,  ponen en tela de juicio las decisiones de las instituciones públicas y demuestran total desconocimiento del marco jurídico internacional, donde se exige la sanción a las conductas que violenten la integridad moral, psíquica, sexual y económica de los niños, niñas y adolescentes.

El artículo publicado en tres partes, en los mencionados portales digitales, se titula “Violación de derechos a la yaracuyana”, escrito por el abogado Robert Alvarado, claro operador político de partidos opositores, quien ha hecho uso del expediente de este caso, difundiendo sus nombres, dirección de habitación y la transcripción textual de las preguntas y respuestas que durante el interrogatorio les fueron formuladas a las víctimas, lo cual es una causa penal en nuestro país. En las tres entregas el autor abusa de las comillas para ironizar y descalificar la denuncia, poniendo en duda su veracidad. Además los difundió  en sus redes sociales sometiendo al escarnio público a las víctimas. Por esta conducta dolosa  solicitamos  se apliquen los correctivos de inmediato, por cuanto no se puede permitir que en un Estado de derecho y de justicia,  las víctimas de delitos tan graves sean sometidas al escarnio público y no pase nada.

Este documento solo es competencia de los abogados y llama la atención, ¿por qué entonces es difundido en medios digitales, cuando estos no son parte en dicho proceso penal y cómo fue obtenido del Ministerio Público en esa entidad?

El Movimiento Periodismo Necesario solicita formalmente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, que se actúe de oficio para que se establezcan las medidas de protección y seguridad para las víctimas directas e indirectas, que  se retiren esas publicaciones en los medios digitales y se investigue al autor de dichos artículos por considerar que agrede la integridad psicológica, emocional, el derecho al respeto del honor e integridad moral de las víctimas directas e indirectas.

Como profesionales de la comunicación, integrantes del Movimiento Periodismo Necesario, MPN, consideramos un acto irresponsable y carente de ética que los referidos medios de comunicación digitales difundan contenidos que no solo humillan a infantes sino que maltratan a su núcleo familiar con la difusión de textos que son vejatorios de la dignidad humana, sometiéndolos al escarnio público.

Caracas, 13 de noviembre de 2020