AHORA LOS PUEBLOS | Sanciones Criminales (I)

Anabel Díaz Aché

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“Lo mismo es para Venezuela combatir contra España
que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”
Simón Bolívar (1)

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, publicó un informe sobre su visita a la República Bolivariana de Venezuela, del 1 al 12 de febrero de 2021; en el que “reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo…” (2) del pueblo venezolano.

Respecto a la afectación del derecho a la alimentación, señaló explícitamente que los impedimentos a la importación de alimentos, “han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave” (3), lo que pone en riesgo su salud y su vida. Asimismo, recalcó que impedir la entrada de insumos para el procesamiento de gasolina y gasoil, “tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos” (4), agravando el deterioro en la cantidad y calidad de alimentos para el consumo, especialmente en las zonas más remotas del país, lo que afecta directamente a las poblaciones indígenas.

Sobre el menoscabo del derecho a la salud y a la vida, la Relatora Especial especificó en su informe que, las sanciones han ocasionado graves daños al sistema público de salud, originando que las “plazas de personal médico en los hospitales públicos estén vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria… La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad” (5). De igual modo, enfatizó que no permitir la liberación de recursos del Estado venezolano que se encuentran bloqueados en bancos extranjeros, implican acciones dirigidas a impedir la capacidad de respuesta del Estado venezolano a la emergencia sanitaria por la pandemia por covid-19, afectando el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas y reactivos.

La Relatora Especial, hizo énfasis en el deterioro del derecho a la educación, indicando que las sanciones han afectado la calidad y cobertura del sistema educativo público, “subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación” (6). Llegando al punto de haber provocado “…la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia” (7).

El informe de la Relatora Especial, hace mención al derecho al desarrollo, como uno de los derechos vulnerado por las sanciones unilaterales contra Venezuela. Este derecho, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, a partir del 4 de diciembre de 1986, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la cual observa en su artículo 1, parágrafo 2, lo siguiente: “El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales” (8).

Es importante resaltar, que las motivaciones reales del conjunto de sanciones unilaterales que ha sufrido Venezuela, están fundamentadas en el pretensión de impedir, la decisión libre y soberana de su pueblo de construir vías hacia un modelo propio de desarrollo, a través de la Revolución Bolivariana, que ha denominado Socialismo del siglo XXI. Para lo cual, se hace imprescindible, desplazar de la presidencia a las fuerzas chavistas. Para lograr este objetivo, Estados Unidos, contando con la complicidad de los gobiernos de algunas naciones, ha sometido al pueblo venezolano a sanciones de carácter criminal, que han implicado pérdidas de vidas y afectado el disfrute pleno de los Derechos Humanos de toda una nación. Demás está decirles que, seguimos de pie y con la firme decisión de no aceptar la subordinación política y económica a gobierno extranjero alguno.

Anabel Díaz Aché

Fuentes consultadas:

(1) Bolívar, Simón, Archivo del Libertador. Documento 3334. Carta de Bolívar para el Sr. John Baptist Irvine, Angostura 7 de Octubre de 1818.
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article12863
(2 al 7) Organización de Naciones Unidas (2021), Informe de Resultados preliminares de la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, en su visita a la República Bolivariana de Venezuela.
https://www.examenonuvenezuela.com/democracia-estado-de-derecho/relatora-alena- douhan-presento-sus-conclusiones-preliminares-sobre-su-visita-a-venezuela
(8) Organización de Naciones Unidas (1986), Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128.  https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx#:~:text=El%20derecho%20al%20desarrollo%20es%20un%20derecho%20humano%20inalienable%20en,fundamentales%2C%20a%20contribuir%20a%20ese