Entrevista | El sistema judicial nacional se rige bajo unos códigos de hace más de 200 años

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Ana Cristina Bracho

En Ciudad CCS ya es costumbre realizar todas las semanas un conversatorio con personalidades nacionales para departir, de manera amena, sobre distintos temas de interés social.

En esta oportunidad contamos con la presencia de la escritora, abogada constitucionalista y activista Ana Cristina Bracho, para conocer sus visiones sobre la nueva agenda legislativa que apuesta por un futuro en igualdad y de justicia para todas y todos.

“El derecho es cultura, nosotros tenemos una construcción cultural del derecho y si creemos en una nueva sociedad, necesitamos un nuevo derecho”, aseveró.

—La nueva Asamblea Nacional y su agenda legislativa plantea la reactivación de la institucionalidad, es decir está a disposición del pueblo para recibir sus propuestas y denuncias, ¿qué opinas sobre ello?

—La Asamblea Nacional tiene un reto enorme, porque ninguna Asamblea se había enfrentado a este nivel de mora legislativa. Tenemos una situación inédita después de cinco años sin legislación nueva, con solamente algunos puntos muy puntuales y muy medidos de pasos legislativos que dio la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esa es la primera cosa y la segunda es la necesidad de que la Asamblea Nacional funcione como el foro político más importante que tiene un país, ese es su gran reto.

—Movimientos feministas se acercaron a la AN para manifestar la necesidad de legalizar en este caso el aborto y la Comunidad LGBTIQ a pedir por el matrimonio igualitario, ¿qué posición tienes al respecto?

—Creo que tenemos que avanzar a un debate profundo sobre estos temas. Hay un problema y es que estos códigos ya no se parecen a esta sociedad. Nosotros heredamos un derecho que fue fundamentalmente importado, importamos un Código Civil francés, un Código de Comercio y un Código Penal italiano del siglo XIX. Tenemos una nueva Constitución, pero no hemos tocado estos brazos de la regulación de una sociedad. Una sociedad es la vida privada con el Código Civil; la vida comercial con el Código de Comercio; y aquel límite de lo que yo protejo o de lo que prohíbo que nos da el Código Penal.

El Código de Comercio no lo hemos tocado, el Código Penal lo hemos ido llenando de parches y el Código Civil básicamente nadie lo tocó.

Las leyes europeas se parecen a los pueblos europeos, culturalmente es más fácil que la gente las cumpla, pero nuestras leyes no funcionan así, son imposiciones de otros tipos de cultura y no te sientes naturalmente relacionada con los valores que tienes y es allí donde se produce una disolución.

El matrimonio en Venezuela se discutió en los años ochenta, pero no se terminó de arreglar. Necesitamos un matrimonio acorde con la realidad social en la que estamos viviendo. Hay varias cosas que a mí en particular me molestan con el régimen del matrimonio, uno es que se permitía el matrimonio entre menores de edad y solamente se enmendó que antes una niña de catorce años podría contraer matrimonio con un adolescente de dieciséis, a lo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que deben tener dieciséis los dos.

Otra cosa es el hecho de que el matrimonio esté limitado solamente a parejas heterosexuales, cuando las parejas homosexuales tienen las mismas obligaciones legales y las mismas necesidades, porque el matrimonio es un régimen de bienes. El hecho de que no haya un matrimonio igualitario o al menos una institución que les permita asegurarse, cambiar de domicilio o heredar mutuamente, genera un nivel de desigualdad extremadamente violento entre las personas.

Con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, considero justo evaluar, también, esas categorías. Necesitamos un enfoque en la realidad en la que estamos viviendo; por ejemplo, el no acceso a los anticonceptivos de manera permanente, universal y gratuita es un crimen, porque se obliga y limita la capacidad de planificación personal. Al limitarse esta capacidad, sí creo que es un tema que hay que abordar, pero que tiene que formar parte de una agenda amplia de revisión de la institución que choca con nuestros intereses y que sigue arrastrando un carácter patriarcal que no hemos podido superar, porque además tienes otros elementos como la necesidad de la igualdad material de hombres y mujeres que llevaría a pensar, por ejemplo, en acceso masivo a mecanismos que disminuyan las cargas domésticas, este es otro tema que no se habla y debemos hacerlo en un país donde la maternidad sigue siendo mayoritariamente presentada por mujeres solas. Entonces tenemos que hablar de comedores y de mecanismos de igual material real de las mujeres.

—¿Y el Poder Religioso tiene algo que ver con eso? Porque en cuanto a la defensa de la mujer hemos avanzado pero a pesar de las leyes hay algo que impide que funcionen.

—Es como un fantasma que se despierta cada vez que se tocan estos temas, porque se cree que se van a tocar manifestaciones religiosas y este tipo de cosas.

La Constitución no dice que Venezuela sea un país laico, dice que es un país que se respeta la diversidad religiosa. La laicidad no se logró establecer en blanco y negro, pero nosotros tenemos la necesidad de primero sentarnos y ver qué tan ciertos son esos fantasmas, porque creo que muchas veces tememos realidades que no son y estos debates simplemente nunca se han abierto para tener la radiografía de qué piensa el país sobre esto. Normalmente apenas los levantas te dicen que no se puede hablar de ello porque se van a levantar un montón de elementos en contra.

En el clima regional, por ejemplo, del continente más católico, estos temas han ido pasando y han ido avanzando en varios países. Seguimos teniendo en principio eso de la igualdad de las religiones, pero no se ha hablado realmente, por ejemplo, del régimen de los símbolos religiosos en las instituciones públicas.

Es un tema tremendo con todo un mar en la jurisprudencia europea, que en las instituciones públicas haya crucifijos y vírgenes, es una manera de privilegiar lo católico diciendo que esa es la cultura frente a todas las otras religiones que se oponen a las imágenes o que tienen otras que no son esas y que no tienen presencia en ningún espacio público, por ejemplo,

—Ahora bien, sobre la justicia en Venezuela, ¿la Ley Orgánica de Registro Civil no tiene nada que ver con el Código Civil o tiene que ver solo en algunos aspectos?

—El Código Civil sigue vigente, la Ley de Registro solamente estableció la manera en la que los procedimientos registrables se debían llevar a cabo y hay un poco de mora en la organización de eso.

De hecho, una palabra que define lo que nosotros tenemos ahorita es la dispersión. Por ejemplo, en la Asamblea se hablaba mucho y está el tema de cambiar el Código de Comercio, pero es que la verdad es que el Código de Comercio es nada, aquí no estamos muy claros tampoco si se fija la Ley de Precios Justos o la Ley de Precios Acordados o ninguna de las dos, pero el Código de Comercio no.

—Otro tema destacado actualmente es el aumento en los índices de femicidios en el país, ¿a qué considera que se debe?

—Hay varias cosas, generalmente los femicidios son uno de los espacios donde hay más registro, porque para llegar a la conclusión de que se ha cometido un femicidio se tiene que poder determinar o tener algunos indicios de quién causó la conducta. No toda muerte violenta de una mujer es un femicidio. Luego, en el repunte de violencia de género no está solamente Venezuela y tiene que ver con el confinamiento, con los niveles de estrés que estamos manejando y tiene que ver, también, con la crisis social y económica generalizada.

En los últimos dos o tres años, en el país, se ha dado un crecimiento fuerte del movimiento feminista que ha logrado presionar, por ejemplo, al tema de que haya más estadísticas y registros de lo que está sucediendo. También hay un nivel de presión para que los medios dejen de utilizar todas las categorías que endulcen, disimulen e invisibilicen estas conductas, veíamos las campañas a favor de la migración que generaron esa alta tasa de femicidios de venezolanas afuera.

—Que no se procesen judicialmente, ¿se debe a ese retraso con los Códigos?

—No, el femicidio sí está tipificado. De hecho la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia es de 2007, pero fue objeto de reforma en el 2014 para incluir el femicidio.

El sistema de justicia tiene una comisión de justicia de género que trabaja con los tribunales especializados en esta materia. Hay problemas con el tema de la continuidad y la protección al momento que se establecen las denuncias, muchas veces tenemos que un caso de violencia mal atendido termina en un femicidio, pero la legislación está. Falta en parte un nivel de sensibilidad cultural general y de violencia institucional porque a veces nos encontramos con que el trámite no es el que debía ser. La violencia de género es un ciclo y el femicidio es un caso de violencia que no se trató a tiempo porque es el acto máximo y final de un camino violento.

—Mucha gente se abstiene de denunciar cualquier caso de violencia porque aún existen algunos organismos con muy poca receptividad a la hora de recibirlas, ¿qué podemos hacer para luchar contra ello?

—Sobre este tema ya la Asamblea está evaluando algunas propuestas para solventarlo. También pasa por la necesidad de hablar cosas, porque hay un sentimiento de no receptividad de los cuerpos de seguridad. Más que sentirse atendido se siente asustado, ese es un tema que trasciende a lo legal, pero que también es de urgencia nacional para mejorar la atención y de respuesta. En la Constitución se establece el derecho de petición y establece el deber de todas las autoridades de respetar a los ciudadanos en función de su dignidad y su condición.

 

Biografía Mínima

Ana Cristina Bracho Vallarino
es escritora y abogada, egresada de la Universidad del Zulia en donde formó parte del Círculo de Jóvenes Escritores del estado en el 2002. En el 2009 fue ganadora del concurso Antología del Libro Radial en la Categoría Poesía de la Librería Mediática en el Sexto Concurso Anual de la Librería Mediática Radio Nacional de Venezuela. Es, además, profesora de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta (2011), jefa de Derecho Parlamentario Comparado y Jurisprudencia en la Asamblea Nacional (2011-2014). Columnista en diversos medios impresos y digitales y en el año 2019 obtuvo el Premio Opinión en Medios Digitales del Premio Aníbal Nazoa 2019.

23 de febrero: La batalla que evitó la guerra

El próximo 23 de febrero se cumplen exactamente dos años de los hechos ocurridos en la frontera que conecta nuestro país con Colombia (2019). Acción considerada como el evento bélico más importante de la historia reciente de Venezuela.

Recordar este hecho histórico es sumamente importante que siga en la memoria de nuestro pueblo aguerrido. Por tal motivo, Bracho se prepara para el lanzamiento de su libro 23 de febrero: La Batalla que Evitó la Guerra editado por la Librería Digital CCS, obra que recoge en sus líneas una gran variedad de historias de sus protagonistas, quienes relatan su experiencia. No quisimos perder la oportunidad para preguntarle algunos detalles de su publicación.

—Se acerca el 23 de febrero y, con él, el lanzamiento del texto, ¿qué nos puedes decir de él?

—Es una idea que nace para dejar constancia sobre el nivel de presión alta en la que hemos estado sometidos, especialmente desde el 2018 hasta la actualidad. Hemos resistido a muchas cosas y han sido tantas que se nos están olvidando. En él se narra una historia que sentimos la necesidad de contarla en varios de sus personajes, en algunos militares y policías que estuvieron allí, en algunos líderes políticos que se prepararon para lo que pasó y también en algunas personas protagonistas que nos cuentan lo sucedido. En febrero de 2019 vivimos una conjugación de eventos que es difícil ver en otro contexto, desafiamos una agresión y cabalgamos sobre la utilización de conceptos para justificar esa agresión. Todo eso ocurrió teniendo el evento bélico más importante de la historia reciente en muchas décadas en Venezuela, porque fue la primera vez en donde hubo una planificación de defensa ante la certeza de que podían entrar tropas extranjeras al territorio nacional.

—Hablando propiamente de ese 23 de febrero, desde el punto de vista judicial, ¿cuáles fueron las acciones tomadas por Venezuela ante este hecho?

—En ese evento nosotros hicimos algo que la historia convencional y sus categorías no pueden explicar. Lo judicial está diseñado para servir y canalizar los intereses hegemónicos del mundo. Internamente Venezuela, para contener lo que hoy llamamos la operación Gedeón, la Sala Constitucional fue muy activa en declarar la nulidad de los actos. En el plano internacional esto ameritó dos sesiones del Consejo de Seguridad y estas sesiones no lograron avanzar por el veto de los aliados. También está el entramado no necesariamente a favor y que responde a otros tipos de intereses, vimos que la OEA era un ente propiciador de lo que allí ocurrió y estaba Almagro fomentando un desenlace violento. Entonces tenemos que las instancias no están realmente a disposición de los pueblos en este contexto.

Ciudad Ccs Nailet Rojas | fotos Bernardo Suárez