SOMOS LO QUE SOMOS | Derecho a vidas decentes

Luis Zárraga

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El derecho a la vida es un derecho vital de la humanidad. Consagrado en leyes y tratados. En Venezuela, lo establece nuestra Constitución Bolivariana y quien lo viole está quebrantando el derecho de los compatriotas a vidas decentes.

El artículo 43 de la carta magna establece: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.

Estas reflexiones vienen dadas por las reiteradas violaciones al ordenamiento jurídico, tanto a escala nacional como foráneo, originadas por las medidas emanadas básicamente por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que han quedado al desnudo con el informe presentado por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, quien recientemente visitó el país.

Douhan, luego de reunirse con los más variados estamentos de la nación, alzó su voz de protesta, abogando por el cese de las sanciones impuestas a Venezuela.

Al fin, alguien viene, ve, observa y anota por escrito las evidencias de las sanciones a nuestro pueblo, que reflejan el daño tan inmenso que se le ha hecho a la Patria.

Este informe preliminar se apega a la realidad que vive actualmente el país después de que Estados Unidos impusiera su bloque de sanciones, que comenzó desde la presidencia del Comandante Hugo Chávez, con medidas contra ministros, ministras, empresarios y empresarias venezolanos, y que se ampliaron en este gobierno del presidente Nicolás Maduro, afectando directa y significativamente a la población civil.

Los hechos desde otro contexto

En este marco se ha cercenado el derecho de la población y del Gobierno Bolivariano a disponer de los recursos monetarios depositados en bancos extranjeros para la compra de alimentos y medicinas, bloqueo a las transacciones bancarias por el sistema swift con el que Venezuela lograba realizar los pagos puntuales de las deudas, pago de nóminas de personal diplomático y otras responsabilidades en el exterior.

Esto es parte del juego para declarar ineficiente y en default a la Revolución Bolivariana, en diversos campos de desarrollo necesarios para que un país subsista. Además del cerco económico, se generó un bloqueo a las operaciones marítimas, comerciales de todo tipo, violentando no solo el derecho internacional, sino toda forma legal que defina la soberanía territorial y de la humanidad.

Esa injerencia marcó un precedente histórico cuando Estados Unidos reconoció y se alió con el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó; en esta etapa, desde 2019 hasta a salida de la presidencia de Donald Trump, se concretaron una serie de acciones ilícitas contra el Estado venezolano, como fue el robo de Citgo, de Monómeros, la prohibición de transacciones comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aún sabiendo la dependencia real del rentismo, así como la retención del dinero depositado en bancos en Estados Unidos, recrudecimiento de las medidas unilaterales y, en otros países, apropiación del oro y de otras reservas.

El resultado catastrófico de estos años prevalecerá como una de las peores crisis económicas, inducidas por los carteles de la violencia política internacional de la derecha orquestada en grupos como el de Lima y en socios comerciales de Europa, que responden al criterio impulsado desde el país hegemón.

La careta de Trump, acusar de supuesta “mala gestión, narcotráfico, corrupción y usurpación del poder” a un gobierno legítimo, acosado, cercado y que ha sido víctima de atentados personales con intenciones de desaparecerle, aparte de las víctimas fatales de las sanciones por no poderse cancelar los tratamientos médicos especializados en el exterior, la persecución xenofóbica contra los migrantes, que la misma mediática internacional generó y que son parte de esa campaña estudiada de políticos y representantes de la extrema derecha, pero que ocultaban el verdadero trasfondo: la captación de mano de obra calificada para dejar al país sin profesionales y una aporofobia que ha creado, de igual forma, persecución, violencia de género, asesinatos y que ahora ha forjado en algunos países cierre de fronteras y leyes específicas contra la migración venezolana. Conclusión: el desplazamiento humano no es un derecho civil.

El informe se diferencia del presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos en 2019, que en una corta visita de tres días presenta 558 entrevistas de las cuales 460 fueron hechas a migrantes venezolanos que hacen vida en diferentes países, por lo tanto, la consistencia y acusaciones que realizó la comisionada en este informe fue cuestionado no solo por representantes del Gobierno venezolano, sino por sectores internacionales por ser sesgado y con intenciones netamente políticas parcializadas.

En esa oportunidad, una de las voces críticas fue la de Alfred de Zayas, quien dijo que era “poco serio, defectuoso y decepcionante”, amén de que saltaba una serie de subterfugios macabros vívidos desde el inicio de las sanciones, como la omisión de las víctimas del bloqueo, de las mal llamadas “guarimbas” (actos terroristas de los opositores contra el pueblo) y el flagelo que constituyen las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela y el robo a los recursos.

El cerco al pueblo venezolano con fines de derrocar a Nicolás Maduro quedó en evidencia una vez más en 2020, cuando le es negado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito de cinco mil millones de dólares para la lucha contra el covid-19; el pretexto seguía siendo el mismo que implantó Estados Unidos: “usurpación del poder y que el Gobierno no era reconocido por parte de la comunidad internacional”, y aquí un dato relevante pues de 194 países, a lo sumo solo 60 apoyaban la aventura antidemocrática de la verdadera usurpación en el poder de Juan Guaidó, el triste elemento usado y desechado ahora por el Gobierno estadounidense de Trump, que antes de su salida de la palestra presidencial dio un zarpazo certero desconociendo el liderazgo del diputado y que fue la seguidilla en cadena por los demás gobiernos serviles de esa política injerencista.

Otro de los factores de la guerra no convencional contra Venezuela fue el contrabando de extracción, tanto de gasolina como de alimentos, y, en especial, el ataque a la moneda, actos de piratería que fueron avalados y obviados hasta la nacionalización, desde el gobierno de Álvaro Uribe, pasando por el de Juan Manuel Santos y que no ha variado en nada en esta presidencia del uribista Iván Duque. Pero Colombia también ha servido de plataforma violenta para la incursión terrorista, desde allá se gestó y se ejecutó con conocimiento de sus autoridades la llamada “Operación Gedeón”.

Agenda de la Relatora Especial

Dohuan estuvo 12 días con una agenda de trabajo para evaluar el impacto ejercido por las medidas coercitivas unilaterales. En este sentido, se reunió con el alto ejecutivo gubernamental para conocer el saldo negativo que han dejado las sanciones y los logros ejecutados por encima del bloqueo, que representan un esfuerzo conjunto para no privar a la población de beneficios sociales; se reunió con las organizaciones sociales, conversó con representantes de partidos políticos opositores, empresarios y empresarias, organizaciones no gubernamentales (ONG), sector médico, educativo, Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP), Asamblea Nacional, el clérigo, víctimas e incluso con el presidente Nicolás Maduro.

Parte del recorrido también consistió en la visita a los núcleos productivos del país y centros especializados como el complejo Canaimita, un proyecto de dotación de insumos tecnológicos para la educación primaria, que fue una forma para insertar a los niños y niñas en el mundo de la tecnología y que ha servido de plataforma durante la pandemia para recibir clases por internet; la empresa farmacéutica Quimbiotec, visita a escuelas, reunión con el sector privado y empresas públicas de servicios básicos y centros de salud que surgieron en revolución.

Hilo textual de la conferencia

“Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, al introducir sanciones dirigidas específicamente a personas naturales y jurídicas, supuestamente involucradas en el tráfico de drogas.

Se impuso un embargo de armas en 2006, aduciendo que el Gobierno no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas.

En 2017, Estados Unidos denunció como ilegítima la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela e impuso sanciones al Gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a Pdvsa.

En 2018, después de las elecciones presidenciales, endureció las sanciones (..) bloqueó las transacciones de Pdvsa.

En enero de 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a Pdvsa, Banco Central y funcionarios gubernamentales y un embargo económico total (…) y le dio a Guaidó total control sobre los activos y bienes del Gobierno venezolano (…), incluyendo a Citgo.

Entre 2018 y 2019 se dirigieron al oro, al aspecto minero y al sector alimentario, criptomoneda y bancario.

En septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a cinco miembros de la Asamblea Legislativa de oposición, por estar supuestamente actuando (…) para manipular elecciones.

También ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de tanques petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos.

Tomo nota de la decisión del Gobierno de EEUU, del 21 de enero 2021, de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho Gobierno, el día 2 de febrero, para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea (UE) impuso sanciones a Venezuela en 2017, entre ellas: embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para la represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia e intercepción de telecomunicaciones y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales, cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En 2019, un banco portugués congeló mil 200 millones de fondos del Gobierno de Venezuela.

También dos mil millones congelados en el Banco de Inglaterra.

En 2017 y 2018 Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos, acusados de represión, violaciones graves de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos.

En 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios del Gobierno.

En 2018 y 2019 Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela, congeló los activos e impuso prohibición de viaje a funcionarios venezolanos.

En 2019 Colombia prohibió el ingreso aproximadamente a 200 venezolanos vinculados con el Gobierno.

Panamá puso sanciones en 2018 a personas naturales y jurídicas, por lo que consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles acceso a sus servicios de sistemas financieros.

2019 (…) signatarios del Tratado de Río aprobaron una resolución que prometía sanciones selectivas y congelación de activos contra venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020 Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del Artículo 14 del Estatuto de Roma, con respecto a las medidas unilaterales coercitivas.

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras. Desde el año 2000, el Gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, salud, educación, alfabetización, alimentos, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado (…) se reporta que el ingreso del Gobierno ha disminuido en un 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones, las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias…”.

En conclusión, el informe de la relatora especial es una voz que se alza por una vida decente para los venezolanos, para que se eliminen las sanciones coercitivas, que la comunidad internacional debe escuchar para actuar de inmediato.

Luis Zárraga