Alfredo Ruiz Angulo: Cualquier acto de violencia contra la mujer es un acto contra la humanidad

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> Para el Defensor del Pueblo es importante formarse para disminuir la violencia de género que actualmente arropa al país

La defensa de los derechos humanos es el punto de partida para conmemorar el 21° aniversario de la Defensoría del Pueblo como institución. A propósito de aquella masacre perpetrada por la Cuarta República, el 27 y 28 de febrero de 1989, se crea un Poder Moral para hacer valer los derechos ciudadanos en el territorio venezolano.

Por esa razón, Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo desde el 2017, visitó la redacción de Ciudad Caracas para conversar y discutir temas que en la actualidad convergen hacia un propósito de lucha en contra de las violaciones de los DDHH.

El defensor resaltó la necesidad de implementar mecanismos formativos para consolidar la relación entre la institución y el pueblo. “La gente no solo se acerca a las oficinas de la Defensoría del Pueblo por una necesidad básica, como el tema financiero, salud, entre otros, se acercan para solicitar información sobre talleres, conversatorios, diplomados, entre otros”, acotó.

Agregó, a su vez, que en este aniversario se harán actividades formativas, además de una ofrenda floral que se realizó el día de ayer en la Plaza Bolívar de Caracas. En esta programación aniversaria se agrega la inauguración de sedes en varios estados del país.

—¿Qué trabajo resaltante realizó la Defensoría del Pueblo durante el inicio de la pandemia?

—La Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional, tocar a fondo el tema de las violaciones de los derechos humanos. Atendemos lo que es la promoción y, sobre todo, la vigilancia. Estar pendiente de situaciones que, si bien no se ha hecho alguna denuncia concreta, pudieran surgir. Visitamos los centros de detención, estaciones de policía, algunos destacamentos de la Guardia Nacional, visitamos también los centros de salud, nos llegan denuncias de servicios públicos, sobre todo la escasez de gas o el combustible.

Intervenimos en conjunto con la Superintendencia Nacional de Viviendas en la situación de desalojos habitacionales en tiempo de pandemia, ya que había arrendatarios que solicitaron desalojos de familias alquiladas, haciendo caso omiso a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro en cuanto a la suspensión del cobro de alquileres durante el confinamiento. Mediamos también con el tema del cobro de matrículas en colegios y universidades.

—Más allá de nuestras fronteras, ¿cómo ha intervenido la Defensoría del Pueblo dentro del tema geopolítico y la xenofobia?

—En esta situación tan inamistosa de países como Perú o Colombia, o de aquellos que cortaron relaciones diplomáticas, obstaculizaron cualquier tipo de ayuda, no se le daba la atención adecuada a los ciudadanos venezolanos en esos países; sin embargo, en ese aspecto la institución, en conjunto con las defensorías de esos países, por esa labor humanitaria que se mantuvo, no fueron cortadas las relaciones, aún se mantienen las comunicaciones con las defensorías de esos países y se ha logrado resolver situaciones tan comunes como, por ejemplo, cuando se cerró la frontera y había ciudadanos colombianos en el país por cuestión de estudios académicos, se logró mediar y abrir ese paso a la reconciliación con los pueblos.

—¿Cómo ha sido la participación de la Defensoría del Pueblo dentro de las comunas?

—Efectivamente, se han realizado mesas de trabajo donde se requiere resolver situaciones muy complejas y se busca la manera de resolverlo de una sola vez. Nosotros, como institución, también nos dedicamos a apoyar a aquellas personas que solicitan ayudas médicas como diálisis, entre otras. No tenemos con exactitud un balance que arroje resultados de personas que se hayan beneficiado con los programas; sin embargo, este es un derecho y deber de todos los ciudadanos y así seguiremos haciéndolo. Dentro de los consejos comunales hemos visto mucha participación con los comités de Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde la participación ha sido eficaz y más con la participación de la mujer dentro de las defensorías comunales. Aplaudimos a aquellas comunidades que se organizan en pro de la defensa.

—Hoy en día hay muchos casos de femicidios en el país y violaciones contra la mujer, ¿qué ha hecho la institución en favor de la defensa de la mujer?

—La violencia en contra de la mujer no solo las afecta a ellas, afecta a la humanidad y a los hombres; es decir, estos hechos crean un clima de violencia que daña a la afectada y también al agresor, lo desmoraliza. En este caso de acabar con la violencia hacia la mujer, este es un tema de derechos humanos, de humanidad y de salvar la patria. Es una responsabilidad no solo de la mujer y de las instituciones, es una responsabilidad de toda la sociedad, por eso es obligatorio denunciar cualquier acto de violencia. Es importante que se haga el acompañamiento de una persona que haya sido víctima de la violencia, es trabajo de la Defensoría, organizaciones sociales, consejos comunales, los tribunales especializados para tratar casos de esta índole. En las comunidades es importante hacer un bosquejo familiar donde se perciban conatos de violencia e inmediatamente denunciar en nuestra institución antes de que sea demasiado tarde. Como tema importante para evitar la violencia de género, está la formación, nuestra institución desarrolla diferentes diplomados en Derecho de las Mujeres e Igualdad de Género, este diplomado puede ser una entrada para disminuir el acoso, violencia o, en su defecto, asesinatos. El programa ayudaría en el proceso de cómo realizar la denuncia y cómo se tomarían las medidas cautelares, de esta manera se podría evitar que los casos escalen en grados mayores y hechos lamentables.

En este sentido, ya estamos atendiendo los casos en prácticamente todos los estados, en el caso particular de Turén, Portuguesa, se conoció el asesinato y violación de dos femeninas, donde las autoridades competentes aún investigan si el mismo autor cometió los dos actos atroces en contra de las damas. Otro asesinato en Portuguesa se debió al ataque de un hombre a su pareja, luego de una fuerte discusión donde predominó el machismo y la misoginia, se conoció que el hombre obligó a la mujer a volver con él; como ella no quiso, le quitó la vida a ella y él se suicidó.

—¿Qué es lo primero que hay que hacer para formular una denuncia ante la Defensoría del Pueblo?

—Para formular una denuncia en caso de violencia doméstica u otro caso que afecte la paz del pueblo, deben acercarse a cualquier oficina de la institución, se puede ir presencialmente, hemos logrado que bajo la mística y el trabajo de los defensores, con todo el cuidado de la bioseguridad, se han mantenido permanentemente abiertas todas las sedes de la Defensoría a escala nacional. Se han creado nuevas sedes, tomando en cuenta la resolución que indica la creación de las defensorías municipales, cosa que no se había logrado anteriormente. Esa alianza con alcaldes, gobernadores y otras instituciones reactivó ese mandato constitucional y se crearon 14 defensorías municipales, 40 sedes regionales, 200 defensores en el país y estamos por crear 10 más. Buscamos la manera de acercar a la ciudadanía con la Defensoría. Otra manera de formular una denuncia es por vía telefónica donde a las afueras de las sedes a nivel municipal pueden conseguir los números telefónicos para la atención a las víctimas en todo el país.

—¿Qué programas de formación ofrece la Defensoría entre otras actividades?

—La Defensoría del Pueblo ha registrado grandes avances en la formación y promoción de un significativo voluntariado experto en los distintos ámbitos que comprenden la defensa de los derechos humanos en todo el territorio venezolano.

El año pasado, más de 130 mil personas fueron formadas por la Defensoría del Pueblo en DDHH; los servidores públicos participaron en los diferentes cursos y diplomados. Había un gran interés en la formación. A través de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, adscrita a la Fundación Juan Vives Suriá, se dio inicio al Diplomado sobre conocimiento integral del Sistema Braille y Técnicas de Orientación y Movilidad, con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y de la Misión José Gregorio Hernández.

Ya el Consejo Nacional de Universidades lo reconoce como una institución, en este caso a nivel académico, además de eso estamos pensando en crear otras especializaciones en materia de DDHH.

Más de 80 mil personas se acercaron a las 37 sedes que se encuentran desplegadas en el país interesadas en formarse en materia de derechos humanos para servir a sus comunidades. Este año vamos en la misma tónica, por eso la Defensoría ofrecerá más de 50 diplomados de larga duración.

En una primera fase se dará comienzo a 27 diplomados en 15 estados del país que formarán a más de 1.500 personas en importantes temas como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, mediación y resolución de conflictos, derechos humanos para las personas con discapacidad, derechos humanos laborales, sobre el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes, y todo lo concerniente a los derechos sociales en el área de la salud, entre otros. Vale destacar que la Defensoría ofrece dos nuevas especializaciones referentes al Derecho Internacional de Refugiados y los Derechos Humanos para los Campesinos, Campesinas y demás trabajadores del campo.

—¿Cómo la institución aborda el tema de la justicia social en materia salarial?

—Fundamentalmente es en el sector público que el Estado ha tomado una serie de medidas que significativamente conllevaron a una alianza con productores y empresarios privados para lograr mejorar un poco el sueldo en algunas empresas y el sector privado, pero lo más dramático y difícil es que la mayor cantidad de denuncias que hemos recibido tienen que ver con los pensionados y jubilados, ya que ellos tienen nuevas necesidades para conseguir las medicinas y los salarios no han sido suficientes. Hemos trabajado en función de recibir y resolver todas aquellas denuncias por parte de las asociaciones de jubilados. A su vez se han resuelto casos especiales esperando una respuesta global. Se ha dado una respuesta contundente para aplacar un poco las denuncias de los jubilados, como los bonos especiales, pero no han sido permanentes debido a la situación, todo el tema de la producción nacional, las ventas, entre otros factores.

—¿Han recibido denuncias en contra de organizaciones y cuerpos policiales?

—Hemos recibido denuncias, pero no solo de un cuerpo en especial, es decir, así como hemos recibido denuncias del FAES, en concreto, hay denuncias muy graves en contra de funcionarios del CICPC , denuncias de actos extrapoliciales, al igual que hemos recibido denuncias de extorsión. Todo esto se ha convertido en un negocio.

Mayormente las denuncias que predominan son de los allanamientos, donde los funcionarios aprovechan dicho acto para desvalijar la casa que están requisando, por ejemplo.

Hay que recalcar que se está haciendo una labor muy buena junto a la comunidad, y en este momento están reorganizándose de una manera interesante a través de los cuadrantes de paz. Se vinculan con las comunidades para hacer un trabajo coordinado y así garantizar la seguridad. La seguridad no solo la garantizan los cuerpos policiales. sino el deber es hacer un trabajo conjunto con las comunidades. En cada cuadrante de paz debe constituirse un Comité Ciudadano de Control, esa vigilancia también es una buena labor.

Para resolver otros tipos de situaciones de violencia que conlleven a delitos mayores, es importante lo que son las “Casas de Justicia”.

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Una historia en defensa del ciudadano

La Defensoría del Pueblo según la Constitución tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en el país. Es dirigida por el Defensor del Pueblo quien se encarga de velar por el buen funcionamiento de la instancia. El defensor es elegido por una comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional por un período de siete años. El origen de la figura del Defensor del Pueblo se remonta al siglo XVI, bajo la figura del Ombudsman (“el que actúa en nombre de otro”) en Suecia. Dicha institución es creada para fungir como un límite a los abusos de las autoridades del Estado, así como para promover el respeto y conocimiento de los DDHH. En tal sentido, se erige como un comisionado encargado de supervisar la actuación de los funcionarios de los poderes públicos.
En Venezuela, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, surge el Poder Ciudadano, integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General, y la Defensoría del Pueblo, la cual tiene a su cargo “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías” establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los tratados internacionales, en defensa de la vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido al principio de la Carta Magna.

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Biografía Mínima 

Alfredo Ruiz Angulo es licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Ruiz fue docente en Radio Fe y Alegría, Defensor del Pueblo designado el 1° de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según la Gaceta Oficial Nro. 41.204, en sustitución de Tarek William Saab.
Ruiz Angulo fue director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo durante el período 2014-2016. Fue designado secretario técnico de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el 1° de agosto de 2016. Tiene 30 años de experiencia en la defensa de los DDHH.

Texto José Antonio Valero / Fotos Javier Campos