EstoyAlmado | Normar los teletrabajos (y II)

Manuel Palma

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Para este año se espera la aprobación en la Asamblea Nacional de una ley de teletrabajo. Sería la respuesta a una modalidad que de facto ya se venía ejerciendo antes de la pandemia, pero cuya actividad seguramente se aceleró en los últimos meses debido al aislamiento social obligatorio por la covid.

De entrada, en Venezuela no existe una ley expresa de teletrabajo. Para comenzar se puede aprovechar la rendija dejada de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, específicamente en el el Título IV de las Modalidades Especiales de Condiciones de Trabajo, que estipula el Trabajo a Domicilio. Allí quedó pendiente reglamentar esa modalidad por una norma especial. Aprovechando esa mora, el teletrabajo tiene todo el terreno para desarrollarse como ley.

Un buen punto de partida sería que los derechos de los teletrabajadores se equiparen a los que por Ley Orgánica del Trabajo le corresponden a los trabajadores presenciales, además de las prerrogativas derivadas de los contratos colectivos vigentes.

En mi opinión no solicitada sobre el tema, se pueden desgranar aspectos más delimitados como por ejemplo el tiempo. En México se considera teletrabajo aquellas personas que laboran más del 40% del tiempo en casa o en el lugar que los teletrabajadores elijan. En nuestro caso habría que establecer si ese tiempo es semanal o mensual, un detalle que la legislación mexicana obvió.

Lo que habría que evitar es que el teletrabajo no sea una extensión de la jornada laboral presencial. Precisamente, un reciente estudio de la OIT en varios países a propósito de la pandemia arrojó que las jornadas de teletrabajo se han vuelto más largas que las presenciales, lo cual impacta en la vida familiar del trabajador y, para variar, repercute en la maximización de los beneficios de las empresas.

Con respecto al tiempo, en la ley de teletrabajo en Argentina hay un elemento distintivo al resto de los países con leyes similares. Se decidió que las personas que cuiden menores de 13 años y adultos mayores que ameriten atención diaria, pueden tener horarios flexibles y compartidos con las tareas de cuidado.

Suena muy bonito, pero allá y acá lo contraproducente de esa medida es que las empresas excluyan para teletrabajar a los candidatos con ese contexto familiar, tal cual como incumplen aquí la obligación de contratar personal con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. Sin duda, la ley debe proveer un mecanismo especial en la materia. Lo que sí se podría adecuar en una ley de teletrabajo en nuestro país son los avances que tenemos en la licencia por maternidad.

Por otro lado, un punto derivado del tiempo es el ítem de la supervisión o monitoreo de trabajo. En algunos países el teletrabajo se fija por horarios (lo cual me parece obsoleto), mientras que en otros la máxima es la consecución de los objetivos en una fecha determinada, lo que permite que el trabajador use el tiempo a su conveniencia.

Un aspecto en las legislaciones de teletrabajo aprobadas en Chile, Argentina, Perú y México es que los trabajadores deben tener derecho a la desconexión digital de la jornada laboral, al menos por un mínimo de 12 horas diarias.

Eso implica que fuera de la jornada laboral pactada el trabajador tenga derecho a no responder mensajes de jefes y empleadores o cumplir con alguna tarea sobrevenida en sus días libres o durante sus licencias médicas. El invento, calcado de la reforma laboral de 2016 en Francia, no sé qué tan efectivo sea desde este lado del charco, pero habrá que intentarlo.

Sería interesante que el Ministerio del Trabajo en la propuesta legal valore que en otras latitudes hay unanimidad en que el empleador pague los gastos derivados de la implementación del teletrabajo, bien sea el costo por luz e internet, además de los gastos necesarios de equipos, materiales, herramientas y viáticos para cumplir el trabajo, así como capacitación laboral cuando sea necesario.

Si lo miramos desde nuestra necesidades económicas como país, la propuesta jurídica del teletrabajo puede ser oportuna para hacer llave con otra ley, la de Antibloqueo, sobre todo para incentivar a las empresas a contratar trabajadores bajo esa modalidad, a cambio de exenciones impositivas y deducciones fiscales, si aún es factible. Antes que el infantilismo político pegue el grito en el cielo, hasta la OIT recomienda abiertamente este tipo de estímulos en su manual global de buenas prácticas de teletrabajo.

De todas formas, estas líneas son apenas pinceladas. Como aún estamos en fase de propuestas y contrapropuestas, habrá que esperar el anteproyecto a consignarse en el Parlamento, y los sucesivos cambios en primera y segunda discusión.

Sea cual sea el resultado final de la ley, ojalá aporte sustancialmente a la recuperación económica del país y la dignificación de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos.

Manuel Palma | @mpalmac