HISTORIA VIVA |Tejiendo la paz en y con Colombia

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En estos momentos de inicio de la navidad nada más oportuno que hablar de la paz y escribir algunas líneas sobre los cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, en medio de las intrigas políticas del uribismo que intentan boicotear esa iniciativa a través de sus adláteres, como el presidente Duque. Es un asunto que algunos medios colombianos satanizan atendiendo a las ordenanzas imperiales, otros lo tratan con timidez y muy pocos se abocan a promover la información con interés público edificante.

En 2016 la firma de ese acuerdo abrió una oportunidad para la recuperación de espacios de paz, no solo en el territorio colombiano, sino en toda la región que incluye países como Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil cuyas fronteras con Colombia resultan impactadas por la guerra intestina entre el narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas, los cuerpos militares y policiales del Estado colombiano que tienen como escudo a la población civil especialmente campesina.

Es una situación de complejidades políticas en tanto los corresponsables de haber incidido en la generación del conflicto en los últimos 20 años, apuntan a echar sus culpas como bolsas de basura a países como Venezuela, a quienes acusan cínicamente de proteger o aliarse con el narcotráfico o la FARC, cuando es público y notorio las implicaciones del gobierno de Uribe y Duque con los carteles de la droga. Desde Chávez hasta Maduro la política exterior venezolana ha privilegiado el Acuerdo de Paz en ese país, adonde han regresado millones de colombianos o hijos de estos nacidos en Venezuela, luego que fueran desplazados durante las décadas de los 70 y 80 hacia el territorio venezolano, donde encontraron refugio y protección del Estado ante una guerra desenfrenada que llevaba cerca de 50 años en proceso.

Desde que Venezuela fue asediada por un bloqueo brutal y en razón de las seguridades del Acuerdo de Paz de 2016, miles de familias colombianas han regresado a su país; son los llamados “retornados”. ACNUR y otros ONGs asociadas a las políticas injerencistas contra Venezuela, han desplegado campañas para engañar a la opinión pública mundial señalando la media verdad de que “más 5 millones de venezolanos han huido a refugiarse en otros países”. Esa agencia de la ONU le debe una disculpa a Venezuela y al mundo por las mentiras desarrolladas en sus campañas publicitarias en los últimos 5 años.

En Venezuela, poco se conocen las funciones de las Jurisdicciones Especiales para la Paz (JEP), que son instancias creadas para llevar adelante en Colombia el Acuerdo de Paz de 2016. Desde esas instancias se monitorea el desarrollo de los planes de justicia para las miles de víctimas de la guerra, pero también se hacen los registros de crímenes ocurridos durante el proceso de la guerra y posteriormente.

Una cifra espantosa de la guerra hasta ahora, según la JEP, señala que hay más de 837.000 víctimas y que esos números se podrían quintuplicar a medida que se desarrollen las investigaciones. Para que tengamos un cuadro comparativo la Comisión por la Justicia y la Verdad que investigó los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas en Venezuela durante los 40 años del Puntofijismo superó las 11 mil víctimas directas certificadas.

Según Eduardo Cifuentes presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, los casos más relevantes que lleva adelante la JEP distinguen los principales crímenes cometidos en ese proceso: secuestro; ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”; reclutamiento de menores, desaparición forzada, con desplazamiento forzado con ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos señalan que hay otras secuelas criminales derivadas del conflicto especialmente los perpetrados contra mujeres, cuando fueron afectadas más de 30 mil féminas por delitos contra su integridad sexual, entre 1985 y 2021, según un dato de la organización Sisma Mujer en Colombia.

Otras organizaciones de DDHH en Colombia advierten de una data de 11.140 víctimas de minas antipersonal, de ellas 6.870 son miembros de la Fuerza Pública y 4.270 son víctimas civiles desde 1990, lo que sumado a las anteriores cifras nos muestran un cuadro trágico de una guerra que aún no ha terminado y que por las políticas implantadas por el presidente Duque y el uribismo existe el riesgo de prolongar e intensificar el conflicto.

De todo este cuadro trágico no queda más que pensar en la imperiosa necesidad de que los mandatarios de la región promuevan acciones de buena voluntad para la preservación de la paz en la región y que los pueblos tejan social y económicamente el afianzamiento de esa paz fronteriza.

Con la finalización de la gestión de la Comisión de la Verdad en Colombia no se cierra el capítulo de las violaciones de los DDHH en ese país suramericano que ha pagado duramente el infortunio de ser el mayor productor de coca y violencia en América y el mundo.

El Estado colombiano, con el presidente Santos y su gobierno, entraron en razón para dar señales positivas hacia la paz en la región al firmar el Acuerdo de Paz en 2016, obligados por la necesidad de neutralizar a la guerrilla. Luego, y en contracorriente los intereses impuestos por el gobierno de Estados Unidos, siguieron alimentando el gasto militar y consolidando su posicionamiento en el país suramericano con la asunción de Iván Duque en un gobierno dirigido por Álvaro Uribe Vélez detrás del cortinero político.

Por lo que resta de gestión tanto en la Comisión de la Verdad como en la JEP, la presión diplomática de la comunidad internacional y los organismos multilaterales como la ONU, al gobierno de Duque (Uribe) no le queda más que aceptar una realidad que debería revelarse en el informe final de dicha Comisión, en un año electoral en el que las promesas intentarán esconder los crímenes de  lesa humanidad que deberán ser admitidos por el Estado, lo que obviamente no le será favorable con un clima político negativo para la gestión de gobierno de Duque.

El futuro político de Colombia pende de los hilos de la incertidumbre en tanto su posición geopolítica estratégica la hace una presa deseada por los factores imperiales de poder de EEUU como de Europa que la quieren para sus dominios territoriales y políticos. Las esperanzas de salud política para el país del Gabo, ahora dependen de lo que una nueva generación política le proyecte a una sociedad plagada de injusticias y exclusión social que son los aldabones para que haya paz y los pueblos puedan tejer sus estructuras sociales y económicas para recomponer sus lazos productivos y sus afectos rotos por el conflicto armado.

Venezuela y Colombia, más allá de las diferencias entre gobiernos por la orientación política e ideológica de sus mandatarios, están obligadas a tender puentes binacionales para la prosperidad de las fronteras y para neutralizar los factores extraños que permiten el tráfico de drogas, que es uno de los contaminantes más violentos del tejido social de la paz en las fronteras.

Aldemaro Barrios Romero | venezuelared@gmail.com