Conozca la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal

Busca debatir con la ciudadanía sobre transformaciones necesarias que requiere ese sector

05/06/26.- Actualmente en Venezuela se está desarrollando la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que tiene como objetivo reestructurar integralmente el sistema penal para garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos, mediante el despliegue de debates abiertos e inclusivos en todo el territorio.

Antecedentes

El 23 de abril, Delcy Rodríguez instaló formalmente la Comisión que lleva a cabo dicha consulta, en acto realizado en el Palacio de Miraflores con la presencia de representantes de los poderes públicos.

Vale resaltar que este proceso de debate busca saldar una deuda pendiente con el pueblo venezolano permitiéndole participar directamente en la discusión sobre la transformación del sistema judicial.

"La deuda ya es impostergable y debemos atenderla", expresó la mandataria reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento del Estado de Derecho. A su vez, enfatizó que, si bien la Revolución Bolivariana ha logrado avances significativos, aún persisten "vicios y desviaciones de poder" en el Sistema de Justicia que deben ser corregidos.

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Del mismo modo, subrayó que el proceso de análisis no se limitará a académicos o especialistas, sino que busca conocer las aspiraciones del pueblo sobre la justicia cotidiana, especialmente en el ámbito penal, que implica la privación de libertad.

Recordó que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tal como establece el artículo 26 de la Constitución. "La reforma busca que la justicia penal sea transparente y protectora, atendiendo las necesidades de los ciudadanos", según reportó Prensa Presidencial.

Base legal

El Decreto N° 5.332, publicado en la Gaceta Oficial N° 43.361, el 23 de abril de 2026, creó la Comisión Presidencial denominada “Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal”, la cual tendrá como “objeto realizar una consulta pública nacional dirigida a generar recomendaciones para la  transformación profunda del sistema de justicia penal, de  conformidad con lo establecido en la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República” (artículo 1°).

El decreto define las competencias específicas asignadas a esta comisión para dar cumplimiento a sus metas de diagnóstico y evaluación, aclarando en su artículo 5° que la Comisión cumple funciones exclusivas de estudio, evaluación, verificación y seguimiento. Por lo tanto, bajo ningún concepto sustituye las atribuciones y competencias propias de los órganos regulares que integran el Sistema de Justicia venezolano.

Lanzamiento de la Gran Consulta Nacional

Delcy Rodríguez encabezó el 1° de junio el lanzamiento del proceso, con el fin de avanzar hacia un sistema de justicia con estándares internacionales.

Desde El Coliseo de La Urbina, en el estado Miranda, la mandataria, acompañada del fiscal general de la nación, Larry Devoe, y parte del gabinete ejecutivo, señaló que se trata de un paso estratégico para consolidar la paz y el momento histórico que vive el país.

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Durante su intervención, Rodríguez instruyó la puesta en marcha de una plataforma telefónica (0800-Matraca) para denunciar a servidores públicos, como policías, jueces y fiscales que incurran en el delito de extorsión. "Quiero hacer justicia", expresó la mandataria, quien también manifestó su deseo de acabar "con la extorsión y la matraca".

Rodríguez llamó a las autoridades y al pueblo a participar en la consulta nacional, "sector por sector a escuchar las propuestas" y a ir "al diálogo por la justicia venezolana".

Puntos clave de la reforma

Estos se estructuran en torno a la solución de tres "grandes desafíos" identificados por el gobierno y el desarrollo de nueve ejes estratégicos de debate.

Los tres grandes desafíos giran en torno a problemas estructurales que la presidenta encargada ha calificado como prioritarios:

• Retardo procesal: Se busca optimizar la gestión judicial mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, y el aumento de la capacidad operativa de los tribunales. Asimismo, se persigue erradicar las demoras indebidas en los tribunales y garantizar una justicia expedita. Esto incluye la reciente ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32 magistrados para descongestionar las salas.
• Corrupción judicial: Implementar mecanismos estrictos de contraloría social y depuración de funcionarios policiales y judiciales que incurran en prácticas viciadas. Como medida concreta, se anunció la creación de la plataforma tecnológica 0800-Matraca, diseñada específicamente para recibir denuncias y combatir prácticas de extorsión y soborno por parte de funcionarios policiales, jueces y fiscales.
• Criminalización de la pobreza: Se reconoce una "pirámide invertida" en la penalización, donde el 68% de los privados de libertad pertenecen a estratos económicos bajos. La reforma propone un enfoque discriminatorio positivo para evitar que la pobreza sea un factor de encarcelamiento masivo. También se refiere a la humanización penitenciaria, mejorando las condiciones del sistema de reclusión y ajustar los procesos a los estándares internacionales.

Ejes estratégicos

• Política criminal del siglo XXI: Revisión de la flagrancia, proporcionalidad de las penas y delitos menores.
• Acceso a la justicia y participación ciudadana: Democratización del sistema y rol de las comunidades.
• Coordinación e integración del sistema: Articulación entre policías, fiscales y tribunales.
• Ética, autonomía e independencia: Garantías constitucionales de los operadores de justicia.
• Debido proceso y celeridad procesal: Eliminación de lapsos procesales excesivos y garantías al detenido.
• Eficiencia y calidad organizativa: Mejora en la gestión administrativa de los tribunales.
• Talento humano: Formación y condiciones de los trabajadores del sector judicial.
• Infraestructura y equipamiento: Dotación física y tecnológica de los espacios judiciales.
• Herramientas tecnológicas: Digitalización de procesos para el acceso a la justicia.

Metodología

En el acto de lanzamiento de la Consulta, el fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la comisión, Larry Devoe, detalló que la metodología de trabajo incluirá un despliegue territorial para escuchar a diversos sectores como organizaciones de derechos humanos, movimientos de mujeres, campesinos, indígenas, trabajadores, entre otros.

Además, se realizarán mesas de trabajo con los propios actores del sistema judicial, bajo una mirada autocrítica de sus prácticas y modelos de proceder, así como académicos en aras de ejecutar estudios especializados para recabar datos técnicos orientados al desarrollo de  políticas públicas, conforme reseña Venezolana de Televisión (VTV).

Amplia participación 

La consulta busca recolectar las propuestas y aspiraciones de los ciudadanos de a pie, comunidades organizadas y la academia, garantizando que el sistema atienda las necesidades cotidianas del pueblo, involucrando a jueces, fiscales, diputados, académicos, gremios y a la ciudadanía en general, lo cual garantiza que el resultado final refleje el sentir popular y las necesidades reales del sistema judicial

El proceso consultivo es coordinado por la Comisión Presidencial contando con el pleno respaldo de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. Las autoridades ratifican que este mecanismo de debate directo dota al Estado de las bases morales necesarias para defender la tranquilidad interna ante cualquier intento de desestabilización.

Asimismo, participan el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), entre otros organismos clave.

Medidas inmediatas

Paralelamente a la consulta, el Gobierno ha ejecutado acciones legislativas y administrativas:

• Ampliación del TSJ: Aprobación de una reforma legal para aumentar el número de magistrados, reorganizando las salas (la constitucional pasa a 7 miembros y las restantes a 5) con el fin de acelerar la emisión de sentencias.
• Excarcelaciones: Como parte del "Programa de Convivencia Democrática y Paz", se han liberado a cientos de presos (más de 500 excarcelaciones reportadas) para descongestionar el sistema penitenciario mientras se discute la reforma estructural.
• Enfoque comunitario: Se busca potenciar el rol de los jueces de paz para resolver conflictos vecinales antes de que deriven en procesos penales graves.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS