Estado de sitio abriría camino a la represión dictatorial en Bolivia

Ciudadanos reclaman justicia social ante el alto costo de la vida y el empobrecimiento

16/09/26.- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia advirtió que podría recurrir al estado de sitio, la militarización y restricciones adicionales de derechos si reaparecen los bloqueos de carreteras y las movilizaciones sociales que paralizaron partes del país entre mayo y junio.

La declaración se produce mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analiza una ampliación de 90 días del estado de excepción y un crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que el Ejecutivo utilizará las facultades que considere necesarias para impedir nuevos cortes de rutas. “De ser necesario se va a dictar estado de sitio, se va a utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar”, afirmó en una rueda de prensa.

Además, defendió la continuidad de las medidas excepcionales. Según su explicación, una eventual declaración podría aplicarse en todo el territorio nacional, en regiones determinadas o en zonas específicas afectadas por los conflictos, reseñó TeleSur.

Decreto pendiente de la Asamblea

En ese contexto, el gabinete del presidente Rodrigo Paz aprobó el lunes 14 de septiembre el Decreto Supremo 5707, que busca prolongar por otros 90 días el estado de excepción por “conmoción interna”. La medida inicial fue decretada el 20 de junio, después de semanas de bloqueos, y vence el 18 de septiembre; para continuar, debe ser tratada por la ALP, que dispone de 72 horas para pronunciarse.

 El Ejecutivo argumenta que todavía persisten “factores de riesgo” y que la extensión serviría para preservar la reactivación económica y prevenir nuevas interrupciones al tránsito y al abastecimiento. La advertencia de Gálvez va más allá de la actual emergencia. El portavoz mencionó que un estado de sitio podría incluir instrumentos como un toque de queda, es decir, limitaciones a la circulación de personas en horarios determinados.

Esas medidas, sin embargo, supondrían una restricción más severa de libertades civiles y previsiblemente abrirían un debate político y jurídico sobre su proporcionalidad, necesidad y control legislativo.

Antecedente de los bloqueos

La actual política de excepción está directamente vinculada con las protestas que se extendieron durante siete semanas, entre mayo y junio. La Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB),  salieron a las calles en el occidente y el centro del país para exigir la renuncia de Paz.

Según datos difundidos por medios locales, el conflicto generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, afirmando que dichos actos causaron al menos 16 muertes y dejó pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

 El Gobierno utilizó esos hechos para justificar la necesidad de mecanismos más estrictos contra eventuales protestas que, a su juicio, generen caos y desorden en el país ocasionando pérdidas en el modelo productivo, y zozobra.

Gálvez retomó ese argumento al afirmar que las anteriores movilizaciones afectaron el acceso a alimentos, medicamentos y oxígeno. Pero organizaciones sociales y sectores opositores cuestionan que la respuesta estatal convierta el uso de medidas extraordinarias en una herramienta permanente frente al conflicto social.

FMI y tensión económica

La ampliación del estado de excepción coincide con la discusión parlamentaria de un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares. El presidente Paz pidió a los legisladores aprobar ambos asuntos esta semana y presentó el financiamiento como una vía para mejorar la disponibilidad de recursos externos e impulsar inversiones.

De acuerdo con la información divulgada sobre el acuerdo, el crédito contempla compromisos orientados a mejorar los indicadores macroeconómicos y prevé la eliminación de la subvención a los hidrocarburos en 2027. En un país donde el precio de los combustibles tiene un fuerte impacto sobre el transporte, los alimentos y el costo de vida, ese punto ha alimentado el rechazo de sindicatos y otros sectores sociales.

Cientos de maestros marcharon este martes en distintas ciudades contra la eventual prórroga del estado de excepción y contra el entendimiento con el FMI. Las movilizaciones, convocadas bajo la consigna de las “cacerolas vacías”, expresan malestar por la pérdida de poder adquisitivo y por las reformas económicas asociadas al financiamiento externo.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS