Así va la reforma de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico

AN ha aprobado 24 de los 42 artículos que contempla el proyecto de ley

05/11/26.- La modernización de la infraestructura eléctrica, la incorporación de nuevas fuentes de energía, la participación de empresas públicas y privadas con inversiones en el sector y el fortalecimiento de los mecanismos de regulación son algunos de los aspectos que contempla el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, cuya segunda discusión continúa este jueves en la Asamblea Nacional (AN).

La propuesta legislativa está conformada por 42 artículos, de los cuales 31 modifican disposiciones de la normativa vigente y 11 incorporan nuevos contenidos a los 115 artículos que integran actualmente la ley. Su propósito es actualizar el marco jurídico que regula las actividades del sector eléctrico y establecer mecanismos para mejorar la eficiencia, calidad y continuidad del suministro en el territorio nacional.

La iniciativa fue aprobada en primera discusión en junio de 2026 y actualmente se encuentra en segunda discusión parlamentaria, fase en la que los diputados revisan y someten a votación cada artículo del texto.

Hasta el momento, el Parlamento ha aprobado 24 artículos de la reforma: 13 durante la sesión del 22 de octubre y otros 11 en la jornada del 3 de noviembre, cuando el debate avanzó hasta el artículo 24. La discusión continuará este jueves 5 de noviembre.

¿Qué busca cambiar la reforma?

Uno de los principales propósitos de la propuesta es establecer nuevas condiciones para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante la modernización de sus estructuras operativas, la promoción de inversiones y la incorporación de mecanismos de cooperación entre el Estado y el sector privado.

En materia de inversión, la reforma contempla la participación de empresas nacionales e internacionales mediante inversiones en actividades de generación y comercialización de energía, así como esquemas de asociación para la rehabilitación, mantenimiento y recuperación de la infraestructura eléctrica.

Asimismo, plantea impulsar las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, como alternativas para diversificar las fuentes de generación y fortalecer la matriz energética nacional.

Sin embargo, el proyecto también establece áreas estratégicas que permanecen bajo reserva del Estado, entre ellas la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura, así como en el complejo Uribante Caparo, las redes troncales de transmisión y el despacho energético.

Nuevas responsabilidades y regulación del sector

Entre los cambios aprobados durante las primeras jornadas de segunda discusión destaca la definición de las responsabilidades de los organismos y empresas que integran el sistema eléctrico.

Los artículos 12 y 13 establecen las atribuciones del ministerio con competencia en materia de energía eléctrica como órgano rector del sector, entre ellas dictar políticas públicas, aprobar el plan de desarrollo nacional, participar en la fijación de tarifas y otorgar concesiones operativas.

Por otra parte, los artículos 14 al 16 contemplan la creación de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, un instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, financiera y de gestión, que tendrá responsabilidades de regulación y supervisión.

La institución estará dirigida por una superintendenta o un superintendente de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo Nacional, acompañado por un directorio integrado por cinco miembros.

Esta instancia también tendrá competencias para requerir información a los actores del sector y establecer mecanismos de regulación, entre ellos los peajes por el acceso a las redes de transmisión y distribución.

¿Cómo podría beneficiar al país?

Entre los aspectos de interés para los usuarios se encuentra la incorporación de obligaciones específicas para las empresas prestadoras del servicio, especialmente en materia de continuidad, calidad y compensación por deficiencias en el suministro.

La delimitación de responsabilidades entre los actores del sistema, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, busca establecer condiciones para una prestación más eficiente y transparente del servicio eléctrico.

De igual forma, la posibilidad de incorporar inversiones y asociaciones para recuperar instalaciones y desarrollar nuevos proyectos de generación y mantenimiento constituye uno de los mecanismos previstos para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Estos cambios forman parte de los objetivos planteados en la reforma, cuya aplicación dependerá de la aprobación definitiva del instrumento legal y de la implementación de las disposiciones que establece.

Con la continuación de la segunda discusión, la Asamblea Nacional avanzará en la revisión de los artículos restantes antes de completar el proceso parlamentario correspondiente.

ARIANNA HERNÁNDEZ / CIUDAD CCS