LA ARAÑA FEMINISTA | La deuda constituyente con los derechos sexuales y los derechos reproductivos

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El 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, de hace tres años, los movimientos feministas de Venezuela nos movilizamos hacia los alrededores del Palacio Federal Legislativo de Caracas, donde la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) inauguraba la Comisión de Derechos de las Mujeres. Nos encontramos con otros movimientos aliados y con el pueblo de Caracas para hablar claro y fuerte sobre el aborto, así como para hacer entrega, ante el órgano constituyente, de un comunicado que exponía el trabajo que la puebla legisladora había construido en los “Aquelarres Feministas” en materia de Derechos de Salud Sexual y Reproductivos (DSSR).

En aquella ocasión, como en todas en las que nos movilizamos hacia el centro de Caracas, fuimos en primera instancia recibidas por los órganos de seguridad, quienes han de tener indicaciones confusas cuando de las feministas esas se trata. Al rato, algunas fueron invitadas a la instalación de la Comisión y otras, la mayoría, esperamos a que alguna constituyentista saliera a escuchar nuestras peticiones. Salió al encuentro María Alejandra Díaz, recibió el documento y suponemos fue compartido con la presidenta de la ANC de aquel entonces, Delcy Rodríguez, quien se comprometió a dar el debate.

Tres años han transcurrido, uno de ellos con manifestaciones mensuales, “todos los 28 por nuestros derechos”, con las que hicimos seguimiento y contraloría social a la palabra de las constituyentistas y que abrió paso a una audiencia con la Comisión, el 20 de junio de 2018, durante la que se solicitó el derecho de palabra en el pleno de la Asamblea, lo cual jamás se dio.

Desconocemos adónde fueron a parar nuestras peticiones, más cuando ahora, nuevamente en campaña, vuelven a censurar el debate, con el mismo alegato del momento político, la sociedad no preparada, la impopularidad del tema, la pacatería y falsa moral. Mientras, las mujeres son violentadas, forzadas a tener relaciones sexuales sin disponer de métodos anticonceptivos ni controles ginecológicos y, ¿saben qué?, siguen abortando en condiciones cada vez más precarias en un país donde la salud y, más aún, las emergencias están de paro y cierre fáctico ante la pandemia y el desmantelamiento práctico de la atención médica por falta de recursos y migración de profesionales de la salud.

Las peticiones en materia de DSSR que elevamos en aquella ocasión siguen vigentes, podemos reproducir cada línea, ninguna tiene aún una respuesta. Es impostergable se alcance el derecho inalienable a decidir en libertad sobre nuestras vidas y cuerpos, se legisle en esta materia y se haga legal la interrupción del embarazo en los términos propuestos para salvar la vida de muchas mujeres.

¡Educación sexual para decidir!

GONZÁLEZ OJEDA
Tinta Violeta

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