PUNTO Y SEGUIMOS | Las cosas por su nombre

Mariel Carrillo García

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Hace pocos días se conmemoraron los 55 años del hallazgo del cuerpo del dirigente comunista Alberto Lovera, con signos de cruel tortura. Nueve días antes había sido detenido por funcionarios de la Digepol, la nefasta policía que el democrático estado venezolano utilizó para eliminar a la disidencia política. El cuerpo, devuelto por el mar, expuso ante la opinión pública lo que probablemente hubiera pasado como una desaparición más de las muchas que se ocultaban en el gobierno de Raúl Leoni (AD), sin embargo, el caso – con la larga lucha posterior de su viuda María del Mar Álvarez – se convirtió en emblema del terrorismo de estado ejercido durante la cuarta república.

De acuerdo con el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad para el período 1958-1998, se registraron 1.387 denuncias, más de 16.000 víctimas y 10.071 muertes y/o desapariciones forzadas ocurridas durante la internacionalmente elogiada democracia representativa venezolana. Seis campos de operaciones y más de 20 campamentos de tortura formaron parte de la infraestructura represiva del Estado con la que se eliminó prácticamente todo levantamiento popular y guerrilla de izquierda durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.

La memoria viene a colación para indicar que el pueblo venezolano no es ignorante a la hora de reconocer qué y cómo es la persecución política como actividad sistemática y la diferencia entre ésta y los abusos y excesos de la fuerza pública y los casos de violación de los derechos humanos derivados de los mismos. Los últimos – lamentablemente – se pueden encontrar en todas las épocas y gobiernos del mundo, pero el establecimiento de una operación metódica de eliminación del adversario político es un punto de vital diferencia.

Con el escape de Leopoldo López (juzgado y sentenciado por la justicia) y la reciente detención del periodista y operador político de Voluntad Popular Roland Carreño (detenido de conocimiento público), hemos tenido que ver y oír una serie de barbaridades en los medios de comunicación nacionales e internacionales, en los que se afirma sin pudor que López es como un Mandela del siglo XXI y Carreño una víctima de desaparición forzada ya que no estuvo activo en whatsapp algunas horas el día de su apresamiento (si no me cree busque la declaraciones de Delsa Solorzáno). Ni hablar de los fulanos “presos políticos” – en su mayoría políticos que cometieron actos delictivos- que hoy gozan de libertad gracias a procesos de amnistía que les otorga el mismo gobierno al que se oponen.

Es muy descarada la derecha, cuya dirigencia y militancia es tratada con guantes de seda, a pesar de que han incitado al odio, conspirado, robado y asesinado ante los ojos del país y del mundo. A los habitantes de una nación que conocen históricamente lo que es la represión por defender luchas como la tenencia de la tierra o los derechos laborales y ambientales, no se les puede engañar diciendo que un personaje como Roland Carreño fue desaparecido forzadamente o que Leopoldo López o Antonio Ledezma son perseguidos políticos. No señores, esos son ladrones y andan libres. Siguen siendo quienes luchan contra terratenientes o mafias quienes ponen en peligro sus vidas y cuyos nombres no copan la prensa cuando algo les ocurre. Y eso no es terrorismo de Estado, sino pura injusticia.

Mariel Carrillo García