Consejo Nacional Electoral repudia medidas coercitivas

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Como si no fueran suficientes las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos contra Venezuela, ahora se suman prácticas similares impuestas por la Unión Europea contra nuestra nación, motivo por el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó saber, de manera contundente, su repudio a tales acciones llevadas a cabo contra 19 altos funcionarios y magistrados del Estado venezolano.

A través de un comunicado, el máximo organismo rector en materia electoral reiteró ante el país su compromiso con los valores de la democracia y con la Constitución, así como también con las demás leyes de la República, reconociendo que Venezuela es un país soberano, y que dicha soberanía reside en el pueblo quien la expresa a través del ejercicio del voto.

Parte del comunicado reza que el Consejo Nacional Electoral reitera su rol de órgano rector del Poder Electoral consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y que su principal misión, constitucionalmente mandatada, es asegurar y facilitar la libre y absoluta expresión de la soberanía popular del pueblo venezolano, a través del ejercicio de su derecho al sufragio. Es por ello que el CNE considera que, de manera irracional y desmedida, se pretende sancionar a los autores o responsables de decisiones o actuaciones destinadas, entre otras cosas, a hacer efectivos los derechos humanos a la participación política democrática y a la materialización de procesos electorales encaminados a que el pueblo elija, en forma soberana e independiente, su propio futuro y desarrollo. Igualmente el organismo electoral señala que tales medidas crean suspicacia, dada la proximidad de nuevos comicios en el país.

Exdiputados inhabilitados

La Contraloría General de la República (CGR) envió al CNE la notificación de inhabilitación de 28 diputados de la Asamblea Nacional saliente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la CGR y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la que señala que los exparlamentarios están imposibilitados de ejercer cargos públicos por 15 años por no presentar su declaración jurada de patrimonio.

Ciudad Ccs / Fidel Antillano