El vandalismo de Guaidó y su grupo G4

J.J. Álvarez

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El vandalismo del ya multirreincidente Juan Guaidó y su grupo, G4, ha adquirido amplia envergadura al amparo del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, lo cual hace profundizar el carácter delictivo de sus actividades. La autoproclamación de este sujeto como “presidente encargado de Venezuela”, el 23 de enero de 2019, ha burlado el legítimo proceso comicial del Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto que recibió reconocimiento inmediato del gobierno injerencista de la Casa Blanca.

El presidente de la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló en recientes declaraciones para varios medios de difusión, el día martes 13 de abril de 2021, la insistencia de Guaidó de continuar saqueando los activos bloqueados de la nación por parte de Washington. Informó que hay más de 53 millones de dólares al borde de ser despojados a la nación por el susodicho delincuente con ánimo de lucro personal y el de su engrasado entronque de delincuentes.

¿Y, a caso esa circunstancia no ha dejado de sentirse en el derrumbe de Voluntad Popular hasta situarse al borde de la crisis que hoy la socava? La conducta de Guaidó, de degradación política, ha superado las reminiscencias corruptas del pasado adeco-copeyano al infringir normas de derecho constitucional y legal.

La proyección personal de la conducta antisocial de Guaidó ya pasó del terreno probabilístico, el porqué de su responsabilidad está ahí en los hechos siguientes: subversión en la frontera colombo-venezolana, la Operación Gedeón, el despojo de Citgo y de la petroquímica Monómeros, en la congelación de bienes derivados del oro en el Banco de Inglaterra, relación con el narcotráfico, etc.

¿Qué hacer entonces con Guaidó? Es una necesidad imperiosa del Estado venezolano adoptar y aplicar la legislación penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el Código Procesal Penal y otras requeridas por los cuerpos jurídicos de carácter penal y civil que correspondan al desarrollo político, económico y social del país.

El vandalismo de Guaidó y su grupo G4 nunca debió hacerse realidad. Hay que garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales establecidos en la Constitución y las leyes para procesar a Guaidó y no cargar con su gravísima conducta antisocial.

J.J. Álvarez