AHORA LOS PUEBLOS | Universidades nacionales y el desafío de la presencialidad

Anabel Díaz Aché

0

“La educación popular debe ser el cuidado primogénito
del amor paternal del Congreso”.
Simón Bolívar (1)

Los efectos del bloqueo económico a la República Bolivariana de Venezuela se sienten de manera directa en nuestro subsistema nacional de educación universitaria. La afectación abarca todos los componentes del subsistema, siendo el más evidente el deterioro de la infraestructura de los recintos universitarios. El caso más emblemático lo constituye la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, debemos reconocer que todas las casas de estudio presentan problemas en sus instalaciones.

El Plan Universidad Bella ha atendido un número importante de estos requerimientos, en el ámbito nacional. De esta difícil situación debemos sacar el mayor aprendizaje posible y transformar nuestras acciones. El mantenimiento permanente y preventivo, a pesar de estar contenido en nuestros manuales de funcionamiento, no forma parte de la cultura de las comunidades universitarias; donde todos los actores debemos asumir, que “papá Estado, está bloqueado”, por lo tanto, cada uno debe cooperar en función de mantener la limpieza y el cuidado de nuestros espacios.

El rol de las autoridades es fundamental para la nueva forma de gestión y liderazgo que la situación amerita, tanto en las universidades experimentales, territoriales y las que han presentado mayores debilidades en este aspecto, las autónomas. Una gestión eficiente, transparente y participativa se hace imprescindible para poder hacer frente a la falta de recursos y la multiplicación de los problemas, ocasionados en gran parte por el bloqueo económico y financiero al que estamos sometidos. Entre las debilidades más recurrentes tenemos las presentadas por los servicios básicos: agua, electricidad, gas, aseo urbano, conectividad a internet y telefonía fija.

La Ley de Educación (2009), en su artículo 6, parágrafo 2, sobre los aspectos que el Estado Docente, Regula, supervisa y controla, en su literal “B”, señala que: “El funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración eficiente de su patrimonio y recursos económicos financieros asignados según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y sus normas de gobierno de acuerdo con el principio de la democracia participativa y protagónica, como derecho político de quienes integran la comunidad universitaria, sin menoscabo del ejercicio de la autonomía universitaria y la observancia de los principios y valores establecidos en la Constitución de la República y en la presente Ley” (2). Hoy, se hace necesario darle cabal cumplimiento a esta disposición y revisar hasta donde un grupo de autoridades bajo el amparo de una autonomía malentendida, han cercenado la participación de la comunidad universitaria y el derecho al estudio; dilapidando el presupuesto público destinado a tan estratégica labor.

El componente fundamental del subsistema lo constituyen los docentes universitarios, pues de su calidad, disposición y permanencia, depende el pleno desenvolvimiento de la actividad docente, de investigación y de interacción con las comunidades. La Ley que rige esta materia, observa en su artículo 6 sobre las competencias del Estado Docente, en su literal I. “Condiciones laborales dignas y de convivencia de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que contribuyan a humanizar el trabajo para alcanzar su desarrollo pleno y un nivel de vida acorde con su elevada misión” (3). Sin dejar de considerar los importantes avances que en materia salarial se realizaron durante la década pasada, debemos reconocer que en la actualidad el sector docente ha sido uno de los más afectados por los ataques a la moneda, que ha depauperizado dramáticamente su calidad de vida. Con relación a las universidades privadas, desde el Estado se debe fiscalizar y supervisar que no se impongan los precios especulativos que obligan a nuestros jóvenes a abandonar las aulas.

El pasado 29 de julio, se procedió a firmar la IV Convención Colectiva Universitaria, la cual, recoge importantes reivindicaciones económicas, sociales, políticas y salariales, tanto para el personal docente como los trabajadores y las trabajadoras del sector. Difundir, discutir y acordar en cada casa de estudio, las nuevas formas de participación e interrelación será la clave para alcanzar un mejor desempeño de sus actividades; así como, continuar mejorando la oferta laboral para evitar que nuestros mejores profesionales y más capacitados docentes emigren por razones económicas, es una tarea obligatoria y permanente.

Son pocas las probabilidades de volver a la situación anterior a la pandemia, es nuestro deber crear nuevas realidades en el ámbito universitario que permitan, dar un salto cuántico a las dificultades que afrontamos, renovar la esperanza en la juventud e impulsar los aportes desde todas las áreas del conocimiento con la pertinencia social que el país nos exige.

Anabel Díaz Aché

Fuentes Consultadas:
(1) Bolívar, Simón (1819). Discurso pronunciado por el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819. Disponible en: https://bancodelalba.org/wp-content/uploads/BA-Discurso-Angostura-2020-ESPANOL.pdf
(2) Asamblea Nacional. Ley de Educación, publicada en Gaceta Oficial No 5.929 Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2009, Colección de Textos Legislativas del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
Disponible en: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-de-Educaci%C3%B3n.pdf