15/09/23.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició este viernes el proceso de extradición de políticos opositores. Tres peticiones van dirigidas al Reino de España y una a los Estados Unidos (EEUU).

Venezuela tramitará ante España la petición para que esa nación envíe al dirigente político Antonio Ledezma, quien es requerido por la presunta comisión de los delitos de  traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación.

Estos delitos se configuraron con ocasión de unas declaraciones en las cuales el exalcalde de Caracas admitió que existen conversaciones con militares para supuestos planes destinados al derrocamiento, por vías violentas, del presidente Nicolás Maduro, según lo expuso el pasado 21 de agosto el fiscal general Tarek William Saab.

En esas presuntas conversaciones reveladas por Ledezma también participa la precandidata María Corina Machado, sobre quien pesa una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según dictamen de la Contraloría General de la República.

En ese mismo país también residen Dinorah Jaxilda Figuera Tovar y Auristela del Valle Vásquez de Castillo, quienes se autopresentan como presidenta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de 2015.

Marianela Fernández Alvarado, quien se juramentó como primera vicepresidenta de una presunta Asamblea Nacional (AN), se encuentra viviendo actualmente en EEUU.

DINORAH JAXILDA FIGUERA TOVAR, C.I: V-5.567.817, por su presunta responsabilidad en los delitos de Usurpación de funciones, Traición a la Patria, Asociación para Delinquir y Legitimacion de Capitales, en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados (sigue)

— Circuito Judicial Penal AMC (@CJPenalAMC) January 8, 2023

Figuera, Alvarado y Vásquez tienen orden de aprehensión, emitida el pasado 7 de enero desde el Tribunal 49° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Todo ello “en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una junta directiva de una supuesta Asamblea Nacional Ilegítima, para el robo de activos venezolanos en el exterior”, según se lee en las redes sociales del Circuito Judicial Penal Caracas.

El expediente de extradición ingresó a la Sala Penal del TSJ el pasado 5 de septiembre y así quedó reflejado en la cuenta signada con el N° 152, publicada en el portal web del Poder Judicial. Posteriormente, fue remitido al TSJ por el Tribunal Especial 2° de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a escala nacional.

Ahora corresponde a los tres magistrados de la Sala Penal analizar si el planteamiento de extradición cumple con los requisitos establecidos en los tratados suscritos por Venezuela con España y Estados Unidos. De encontrarse enmarcada en esa normativa legal, la Sala Penal declarará procedente la extradición y remitirá el expediente al Ejecutivo Nacional para que tramite la entrega de Figuera, Alvarado, Vásquez y Ledezma, debido a que la Constitución prohíbe juzgarlos en ausencia, según lo explicado por el máximo tribunal del país en procedimientos similares.

La extradición es un proceso judicial a través del cual un Estado hace la petición de devolución de un imputado por un delito, con la intención de enjuiciarlo o continuar la pena ya impuesta. Se encuentra regulada por tratados internacionales y en las leyes de cada país, pues para que sea efectiva se necesita de la firma de convenios internacionales que amparan esta figura entre las naciones involucradas.

Los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Venezuela, adoptaron una convención interamericana sobre extradición. En este documento las naciones se obligan a entregar a otros países firmantes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

La extradición en Venezuela es de carácter judicial pues son los órganos jurisdiccionales los que deciden la procedencia de las solicitudes, lo que no excluye la participación de otros órganos, como el Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el procedimiento, así como la importante participación del Ministerio Público.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS