4/10/23.- En un acto emotivo, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, se disculparon con los familiares de las 6.402 víctimas que fueron asesinadas por las Fuerzas Militares y falsamente presentadas como combatientes, durante el conflicto armado en el país.

Jacqueline Castillo, vocera de Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), habla con más tranquilidad que antes. Pero esto no quiere decir que el dolor se haya ido, ni mucho menos. Solo que su lucha, y la de más familiares, empezó a obtener respuestas, y con las respuestas, algunos culpables de las ejecuciones extrajudiciales que vivió Colombia entre 2004 y 2010, jóvenes de bajos recursos engañados con propuestas de trabajo y que fueron asesinados por el Ejército y mostrados como guerrilleros dados de baja en combate.

"Falsos positivos" es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento principalmente de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia, entre 2002 y 2008.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.​ Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988,​ el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército Nacional que demostraran resultados contra la guerrilla, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.​ A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército Nacional para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del régimen de Álvaro Uribe Vélez, quien por cierto es contrario al proceso socilista que se ventila en la República Bolivariana de Venezuela.​

A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida.

Castillo también se refirió a los Gobiernos anteriores, administraciones que ni siquiera las escucharon, que se dedicaron a ignorar lo sucedido y a proteger a los autores materiales e intelectuales. "Eso fue lo más doloroso: que nos ignoraron. Por eso aplaudo este tipo de reparaciones, porque es una manera de ir más allá del perdón. Estamos avanzando con el gobierno del presidente Petro para crear un monumento en Soacha, población limítrofe con Bogotá, de donde fueron la mayoría de las víctimas. Será un lugar de memoria espectacular", agregó.

Por último, Castillo quiere que su voz, que es la voz de todas, se escuche en toda Colombia y que quienes han sufrido de situaciones similares, y no las han denunciado, tomen valor y lo hagan.

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