Un carro marcha por la avenida de noche, a metros de distancia el conductor advierte un punto de control de la policía del tránsito, baja la velocidad y el vidrio de la ventana. Se detiene. El policía le indica que baje todos los vidrios, observa cual inquisidor, dirige su mirada a la cara del conductor y encuentra lo que buscaba, una cara de tonto, y le pide que orille el vehículo y muestre los documentos. El conductor, obediente y sonriente, entrega sus documentos. El policía, preguntándose para sus adentros por qué la sonrisa del conductor, revisa detenidamente los documentos hasta que una voz interna le canta “¡Bingo!, certificado médico de salud integral, vencido”.

El policía se aparta y camina misterioso, se recuesta de la maleta del carro y permanece en silencio mirando lejos. El conductor lo mira por el retrovisor, y al cabo de breves minutos, se baja del carro y camina hasta él.  

—¿Cómo vamos a hacer? –pregunta el policía.

—Dígame usted –contesta el conductor.

—El del dinero es usted –nuevamente dice el policía.  

—Entonces debo decirle que esta infracción tiene multa de tres unidades tributarias. Por favor, elabore la boleta y me la da, asumiré el pago como indica la ley –con determinación sentenció el conductor.  

Parece ficción y lo es, pero cuántas historias reales parecidas. Parecidas solo en la conducta del policía, muy pocas en la del conductor. Y es que el desconocimiento en cuanto al procedimiento sancionatorio en caso de una infracción de tránsito permite que la corrupción ruede por nuestras calles y avenidas.  

Todo conductor debe saber cuáles son sus derechos y fundamentalmente sus obligaciones, y que el incumplimiento de estas acarrea sanciones, que implican multas, pero que en ningún caso el pago es directo al o los policías de tránsito al momento de establecerse la infracción.         

Estos funcionarios solo pueden, de conformidad con la Ley de Transporte Terrestre, imponer la sanción. Este acto debe contener la citación del presunto infractor para que comparezca al tercer día hábil siguiente ante la autoridad administrativa que la practicó y admita o desconozca la infracción imputada. Si la admite y procede a su pago, se dará por concluido el procedimiento administrativo. Si, por el contrario, la desconoce, se abrirá un lapso probatorio de cinco (5) días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas. Vencido este lapso, la autoridad administrativa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dictará su decisión confirmando o revocando la sanción impuesta. Contra esta decisión, podrá interponerse el recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o acudir directamente a la vía jurisdiccional, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

Vemos, pues, que existe todo un procedimiento ajustado al debido proceso con garantía del derecho a la defensa,  por lo que no se justifica ni debe permitirse que el policía o los encargados de vigilar el tránsito, valiéndose de tácticas dilatorias y argumentos rebuscados, pretendan intimidar con esto para procurarse alguna ventaja o forzar un pago indebido, sencillamente pídale que active el procedimiento previsto en la ley si estamos claros que la infracción es procedente; y si no, igual exíjala para que pueda oponerse a ella y defenderse ante la autoridad competente. Esto es el buen proceder, no permitir sobornos y mucho menos ofrecerlo, es necesario avanzar a una mejor sociedad y eso parte por revisar nuestras conductas.  

En eso estaba claro el conductor, que nos acompaña en estas líneas, y el policía de tránsito, sin perder su estilo inquisidor que acompasaba con varios levantamientos de cejas mientras miraba de tanto en tanto a su presa perdida, no tuvo más que iniciar el procedimiento dándole al “cara de tonto” la boleta de citación. El conductor, finalmente, se monta en su vehículo y antes de iniciar la marcha agradece, como buen venezolano, y le dice: “La cara es porque el corte de totuma que tengo no va con mis lentes para la miopía”.   

Carlos Manrrique