09/10/23.- El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, en nombre del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, condenó que se califique como refugiados a los migrantes venezolanos que han salido del país en los últimos años, destaca nota de prensa de la Cancillería.

Durante su intervención en el 74° Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Molina precisó que Venezuela no acepta otro concepto de refugiado “que no sea el establecido en nuestra legislación y el Protocolo sobre Refugiados de 1967”, al tiempo que agregó que el término ha sido tergiversado, manipulado políticamente por agencias como Acnur y otras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El citado Protocolo de 1967 provee la definición de refugiado: “Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste”.

En consecuencia, la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, decretada por la Asamblea Nacional a los trece días del mes de septiembre de 2001, establece la Condición de Refugiado o Refugiada, en el artículo 5: El Estado venezolano considerará como refugiado o refugiada a toda persona a quien la autoridad competente le reconozca tal condición, en virtud de haber ingresado al territorio nacional debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad, no pueda o no quiera regresar al país donde antes tuviera su residencia habitual.

“Venezuela viene denunciando sistemáticamente que se utiliza alegremente, que se usa irresponsablemente el término refugiados, al catalogar así a nuestros nacionales que han migrado por razones económicas”, enfatizó Molina resaltando que las salidas de estos connacionales son consecuencia de la aplicación al país de más de 930 medidas coercitivas unilaterales.

Asimismo, denunció que se pretenda señalar al Gobierno Bolivariano como un Estado que persigue, “se nos señala malintencionadamente que somos un país que genera millones de refugiados. Dejamos claro, una vez más, que el Estado venezolano, su Gobierno revolucionario, no persigue a su población bajo ningún término”.

El diplomático venezolano alertó que como parte de las agresiones que sufre la nación venezolana, el Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “publican cifras con escasa rigurosidad científica, las publican alegremente, recaudan millones de dólares de manera sistemática desde el año 2018, con donantes que son los mismos que aplican las medidas coercitivas unilaterales con sus bloqueos y sanciones”, al tiempo que refirió que acciones como las del “Acnur y ciertos países representan un gran desafío para el marco legal existente y para iniciativas tan importantes como el Pacto Mundial para los Refugiados e, incluso, para potenciales respuestas a las situaciones de refugiados lideradas por el Acnur”.

Al respecto, hizo un llamado a los Estados y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “a evitar interpretaciones erróneas, acciones que en vez de contribuir a dar protección a quienes realmente la necesitan, son utilizadas con fines políticos y mediáticos para perjudicar a algunos países”.

“Los Estados deben cumplir con sus responsabilidades legales y humanitarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que buscan protección internacional en los territorios respectivos y según lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Es por esto que el refugio no puede ser explotado como un negocio por parte de los Estados, agencias, programas, fondos y otros organismos y países”, enfatizó el diplomático.

Además, aseguró que en Venezuela se brinda protección, “sin discriminación alguna” y se les da “oportunidades para que restablezcan su vida de manera segura a quienes han tenido que cruzar fronteras hacia nuestro territorio, salvaguardándose de la persecución por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política”.

En cuanto a las políticas lideradas por el Gobierno venezolano para la protección de los refugiados, Molina señaló que ha sido modernizada íntegramente la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). “Hemos profundizado la capacitación, profesionalización de funcionarios públicos responsables del resguardo y atención fronteriza, puestos migratorios, con el propósito de generar un efecto multiplicador, de coordinación interinstitucional y fortalecer la atención integral, la capacidad de respuesta a los solicitantes de refugio. La Conare realiza de manera sistemática visitas de monitoreo, contando con el apoyo del Acnur, atendiendo rezagos de personas que ya hemos protegido desde hace años en Venezuela y son identificadas para otorgarles la protección legal”.

Concluyendo, Molina manifestó que “el refugio es un derecho fundamental que debe ser protegido sin consideraciones mercantilistas. Los Estados deben cumplir con sus responsabilidades legales y humanitarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que buscan protección internacional en los territorios respectivos”.

Vale agregar que aunque no existe una definición legal internacionalmente aceptada de persona migrante, en Amnistía Internacional (movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos), se entiende que las personas migrantes son aquellas que están fuera de su país de origen y que no son ni solicitantes de asilo ni refugiadas.

Algunas personas migrantes salen de su país porque quieren trabajar, estudiar o reunirse con su familia, por ejemplo. Otras creen que deben marcharse debido a la pobreza, la inestabilidad política, la violencia de las bandas, los desastres naturales u otras circunstancias graves existentes allí.

Además, es importante entender que, aunque las personas migrantes no huyen de la persecución, siguen teniendo derecho a la protección y el respeto de todos sus derechos humanos, con independencia de la condición que tengan en el país al que se han trasladado.

Según Amnistía Internacional, los gobiernos deben proteger a todas las personas migrantes de la violencia racista y xenófoba, de la explotación y del trabajo forzoso. Las personas migrantes nunca deben ser detenidas ni obligadas a volver a su país sin una razón legítima.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS