30/10/2023.- Si hay un tema que nos convoca y une como venezolanos, este es la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Necesaria es la reflexión sobre uno de los aspectos que definen la integridad del Estado venezolano: su territorio.

Sobre el referendo, algunos comentarios y cuestionamientos sobre el asunto han surgido en ciertas comunidades, que han planteado los siguientes aspectos: ¿es necesario que el CNE organice una elección sobre este tema, si el Presidente puede tomar la decisión con sus abogados y asesores? ¿Para qué un referendo, si este es un tema de política exterior? ¿El referendo es para los que viven en ese territorio o los nacionalizaremos sin preguntarles? Y algunas otras más que invitan a la reflexión.

La Constitución nacional contempla, en su artículo 71, de la sección del referendo popular, que "las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo", y la Guayana Esequiba es una de ellas. Decidir la conformación de una entidad político territorial; mantener, o no, la posición histórica de Venezuela en relación con la Corte Internacional de Justicia, y la defensa del territorio por todos los medios conforme al derecho, exigen que, en el marco del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, el venezolano sea consultado sobre una materia de relevancia nacional la cual, para abril de 2024, requiere de la defensa ante la Corte Internacional de Justicia.

Si el Ejecutivo Nacional adoptara la decisión de manera unilateral, algunos sectores plantearían que no se hizo una consulta o no se consideró a los expertos, pero cuando este hace la consulta sobre las acciones en la materia, diversos sectores plantean que es una decisión que hace perder tiempo. Son muy complejas las posiciones de ciertos actores de la vida nacional. Sin embargo, más allá de las consideraciones político-partidistas de algunos, es necesario pensar con convicción patria y el ejercicio responsable sobre un asunto de relevancia nacional e internacional.

La Guayana Esequiba es de Venezuela, pero los principios y reconocimiento de los elementos jurídicos que fundamentan nuestro derecho han sido y pretenden ser obviados reiteradamente desde el gobierno actual de Guyana, con una narrativa que intenta dejar en el olvido los vicios e ilegalidad del Laudo Arbitral de París de 1899 y la vigencia del Acuerdo de Ginebra, instrumento que permitió, en mayo de 1966, su reconocimiento como Estado.

Sin lugar a dudas, es un momento histórico en el marco de esta controversia, en la cual los sectores nacionales deben acompañar y brindar aportes que eviten escenarios similares a los de 1899, donde los beneficios de unos pocos se impusieron ante el interés de una nación, para que se logre una solución práctica a la controversia.

Orelys Castillo