Al derecho y al revés | El TSJ tiene razón
1/11/2023.- La única virtud que tiene el antiguo Twitter, ahora llamado X, es la libertad de expresarse que tenemos quienes usamos esa red.
De resto, "que entre el diablo y escoja", porque es inmensa la cantidad de ociosos y ociosas que se pasan la vida en ese mundillo virtual, urdiendo proposiciones que a nadie les importa, salvo a los cuatro gatos que siguen a esos "ingenieros sociales", o los lechuzos que en menor número, y agazapados, esperan que el susodicho o la susodicha publique algo… para contradecir.
Y así pasan los años, se ponen más viejos, y no cambian.
Esta fábrica de bulos y mentiras desde internet no es nada nueva. Ya desde principios de este siglo, pero utilizando los correos que precedieron a Twitter o Instagram, los mismos personajes hacían de las suyas, inventando delitos inexistentes o ayudando a que algunos delincuentes quedaran impunes, "porque ese no puede ser ladrón, si fulanito lo defiende".
Como es de esperar, los resultados de tanta bobería no son otros que estupidizar a los lectores, sobre todo a los que carecen del tiempo necesario para sopesar lo leído.
La última tendencia de estos lechuzos es atacar sin argumentos una decisión del TSJ donde se le pide a los encargados de organizar las elecciones primarias que entreguen a la Fiscalía los recaudos con que avalan unos resultados donde las cifran, que no mienten, señalan la posibilidad de un fraude.
Quien exige ver esos recaudos es un opositor y diputado al que las huestes del docto Casal no dejaron inscribirse, a pesar de no estar inhabilitado.
El diputado Brito señala tener pruebas del fraude cometido por quienes, buscando otro interinato donde medrar, inflaron una votación que en principio debió sacar la candidata ganadora, pero inhabilitada, María Corina Machado, para aplastar a los bates quebrados a los que Casal sí dejó inscribirse.
Bien, así las cosas, veo que, por una parte, el fiscal Tarek William Saab y el diputado Brito pueden tener interés en que las cosas se aclaren, pero desde la acera de enfrente hay ciudadanos que desean lo contrario… y tuitean.
Interés en aclarar debe tener, por ejemplo, cualquiera de los presuntos millones de votantes que las cifras de mesas y tiempos rechazan, quienes se abstuvieron de pasar por las mesas el 22 de octubre y ante tanta inconsistencia quieren ver la data de quienes votaron, a ver si entre Casal y Súmate colocaron sus nombres como votantes por Mari Cori.
Esa gente, con mucha razón, no quiere ser utilizada para engrosar los archivos de mitos electorales venezolanos.
Los argumentos para atacar la resolución del TSJ que exige al doctor Casal a su segunda de a bordo, Mildred Camero, y a quien MCM dejó como topo en Súmate, son francamente risibles.
Entre esos lechuzos hay quien dice que el fiscal y el TSJ no tienen "derecho" a inmiscuirse en lo que ellos llaman "un acto privado", es decir, que si una banda de asesinos decide en privado matar una persona, las autoridades, e incluso cualquier ciudadano que esté al tanto, "no tendrían derecho a meterse", según tuitean los lechuzos, algunos con pasado honorable y otros cómplices de crímenes electorales.
También hay quien dice que ya "el TSJ decidió fondo y forma del asunto", al ordenar la entrega de recaudos y suspender los resultados… tal como se tendrían que suspender cuando alguien vende un bien robado, a pesar de que es probable que haya habido un idiota que lo compró engañado.
Ninguno tiene razón y, por lo pronto, habrá que averiguar, pero igual sorprende que una persona presuntamente seria y atildada como Jesús María Casal insista en encaletar la data —como lo haría un hacker sinvergüenza—, salvo que no quiera el decano de la UCAB que aparezcan millones de venezolanos que se abstuvieron en esas primarias como si hubieran votado.
Todos por MCM viendo el resultado: pero si fue un fraude, como apuntan los expertos, espero que tanto el fiscal como los tribunales actúen y metan presos a los culpables. Nuestra sociedad no soporta más impunidad.
Domingo Alberto Rangel