Recientemente hice referencia por aquí, en el artículo “Cara de tonto”, de los excesos y abusos de autoridad en alcabalas y puntos de control viales, enfatizando la importancia de conocer los deberes y obligaciones en materia de tránsito terrestre para hacerle frente y no favorecer la corrupción con pagos indebidos, pues ahora hay algo nuevo que compartir al respecto. 

Y es que los ciudadanos y ciudadanas podrán realizar grabaciones en los procedimientos a los que sean sometidos en puntos de control y alcabalas policiales y militares. Así lo prevé una resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, identificada con el número 109 y publicada el 7 de septiembre de este año, que, entre otros aspectos, establece: 

“Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo”.
“Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido”.

Esto permitirá documentar el momento en que se practica el procedimiento que dé a lugar en el punto de control, sin que la autoridad policial o militar a cargo del punto control pueda, como ocurría, hacer el comiso del teléfono o equipo de video.

 
Se autorizó también la supervisión y contraloría de la actuación policial por medio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes podrán tener fiscales y defensores presentes en los puntos de control a fin de garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.

El contenido de esta resolución es una clara intención de fortalecer el estado de derecho y el compromiso de nuestros cuerpos de seguridad ciudadana de atender en todos sus procedimientos el debido proceso y velar por los derechos humanos y demás garantías constitucionales, eso hay que destacarse y celebrarse.

Aunque haya funcionarios policiales y militares cuya conducta no sea la deseada, no podemos hacer de ella la visión ni la misión de nuestros entes y órganos de seguridad en todos los niveles del Estado, ni tampoco una conducta generalizada, como se ha tratado, con mediano éxito, imponer culturalmente para minimizar el poder coercitivo del Estado y fomentar el desconocimiento de nuestras autoridades policiales y militares, que al final solo favorecen el caos necesario para quienes buscan mostrar la foto de un Estado fallido.

Los cuerpos de seguridad del Estado deben y tienen que hacer su trabajo en el marco de la ley y sus reglamentos, que ninguna como principio general contempla tratos crueles ni denigrantes, tampoco la extorsión, pues sería negar nuestros principios constitucionales y la garantía del debido proceso; y en ese quehacer todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que brindar la colaboración necesaria. En ningún caso, nuestro apremio, carnet institucional, posición social y prepotencia deben entorpecer su buena marcha.

Que se pueda grabar el procedimiento es una garantía para que la autoridad policial o militar se apegue a la ley, obliga a conductas más cívicas para aquellos que no les sale natural. ¡Así que sonría, está siendo grabado!  

Carlos Manrrique