Por razones históricas y jurídicas

En 1949 se dio a conocer el memorándum escrito por el abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, quien había actuado como consejero de Venezuela en la “negociación”  del Laudo Arbitral de París. Vale decir que todos los “representantes” de Venezuela en el arbitraje, encabezados por el expresidente Benjamin Harrison, también eran estadounidenses. En el documento, publicado después de su fallecimiento, Mallet-Prevost reconocía que el laudo fue producto de un arreglo político entre Estados Unidos y Gran Bretaña, acordado al margen del derecho internacional.

Esto demuestra la naturaleza viciada del laudo y es la razón por la que ningún gobierno venezolano lo ha reconocido. En 1951, durante la IV Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, Venezuela hizo Reserva Pública del Laudo. En 1966, Gran Bretaña aceptó, finalmente, iniciar negociaciones con Venezuela, llegando al Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966. Este acuerdo fue reconocido por Guyana al acceder a su independencia el 26 de mayo de ese año.

Venezuela reconoció la independencia de Guyana, reservándose el mantenimiento de su demanda histórica y, por tanto, reconociendo la soberanía del nuevo Estado, a partir del territorio al este de la línea media del río Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico.

A través del tiempo, este diferendo se mantuvo en términos amistosos y en los marcos del derecho internacional, independientemente de los gobiernos que hayan habido en uno y otro país hasta 2016, cuando, después de descubrir grandes yacimientos de petróleo en el Esequibo, la Chevron se hizo cargo del asunto en nombre del Gobierno de Guyana.
Como se ha demostrado, a Venezuela le asiste la razón histórica y jurídica.

Cinco razones que reafirman nuestra soberanía sobre el territorio esequibo

1.  Que es producto de la doctrina territorial del Libertador Simón Bolívar el uti possidetis iuris que plantea la posesión territorial por derecho de título jurídico legal, no heredado, irrevocable y definitivo, al tiempo que rechaza la doctrina romana de propiedad territorial adquirida por acciones bélicas, de facto, ocupación o invasión.

2.  Es un acto eminentemente jurídico que toma en cuenta solo el título jurídico legal: los nacientes Estados no heredaban su territorio de la Corona española, sino que fijaban soberanamente sus límites territoriales, a través de tratados internacionales de reconocimiento mutuo e igualitario.

3.  Que rechaza la “doctrina del descubrimiento”,  base del “destino manifiesto”, cuyo marco filosófico y jurídico otorga a los gobiernos cristianos derechos legales sobre las tierras de los pueblos originarios, justificando su desplazamiento y dominación.

4.  Que rechaza los “derechos de conquista”: invocados por las naciones europeas para desconocer los derechos de propiedad de los pueblos indoamericanos sobre sus tierras y extender este mismo principio a las guerras, negociaciones y tratados entre potencias a perpetuidad. 

5.  Se fijó para la conservación de la integridad territorial de Venezuela con las dimensiones previas al 19 de abril de 1810, rechazando categóricamente la posesión territorial de hecho o doctrina romana que invocaba a las potencias imperialistas para ocupar ilegalmente aquellos espacios donde no existían establecimientos de la república.

Con seguridad, esa zona es nuestra

El 2 de septiembre de 1962, cuando entré al salón de primer grado, sección A, de la escuela Napoleón Narváez, en Tacarigua, estado Nueva Esparta, lo primero que me sorprendió fue un mapa de Venezuela que estaba al lado del pizarrón, donde se podían apreciar claramente unas rayas en el mapa con unas letras rojas que después supe que decían: Zona en Reclamación.

Ese mapa de Venezuela me estuvo acompañando todos los seis años que pasé en la escuela. Siempre con sus rayas y letras en rojo donde se leía: Zona en Reclamación.

En mis años de secundaria en el liceo Juan Bautista Arismendi, en La Asunción; en el liceo Manuel Piar, en San Félix, estado Bolívar, y en el liceo Francisco Antonio Rísquez, en La Asunción, no volví a ver el mapa con rayas y letras rojas que decía: Zona en Reclamación.

Fue en la Escuela de Estudios Internacionales, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde, en un seminario acerca de las fronteras de Venezuela, me encontré con el padre Pablo Ojer, inteligente e irreverente, quien me volvió a recordar el mapa de Venezuela con sus rayas y sus letras rojas que decían: Zona en Reclamación. Contó, con su maravillosa inteligencia, que habíamos  sido despojados del territorio Esequibo con el Laudo Arbitral de París por parte de Inglaterra, pero que después, en 1966, con el Acuerdo de Ginebra se volvió a discutir la reclamación de ese territorio, acordando hacerlo por la vía pacífica. 

Hoy, cuando volvemos a retomar con más fuerza esa reclamación, sé que el territorio Esequibo es nuestro por razones históricas y por el derecho internacional. Lo que todavía no he logrado saber es por qué ahora los mapas de Venezuela no tienen esas líneas y letras rojas que decían: Zona en Reclamación. Debe ser que ya aceptamos que esa zona es nuestra. Seguro que sí.

La CIL: un árbol envenenado no produce frutos sanos

El hecho sin precedentes que ha motivado la consulta del 3 de diciembre de 2023, a toda la nación venezolana, es un nuevo fraude que se está desarrollando en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para disfrazar de una supuesta legalidad el segundo intento de despojo y ocupación  de nuestra Guayana Esequiba. El nuevo fraude se originó cuando el secretario general de las Naciones Unidas  interpretó, de forma violatoria, lo estipulado tanto en el Acuerdo de Ginebra de 1966 como lo establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas para justificar el reenvío a la CIJ de la controversia sobre el territorio Esequibo, cuando ni la Secretaría tiene competencia para subrogarse en el consentimiento de nuestra nación, ni dicha Corte tiene jurisdicción para conocer asuntos sobre soberanía e integridad territorial de la República de Venezuela.

Seguidamente, en una segunda fase de esta fraudulenta judicialización, la CIJ, violando su propio estatuto constitutivo, que establece que son “las partes” quienes pueden someter el asunto a la CIJ, admitió una demanda unilateral de Guyana, sin contar con el consentimiento de Venezuela. La demanda unilateral del gobierno guyanés versa sobre la validez del Laudo Arbritral de París, punto ya dejado atrás por los firmantes del Acuerdo de Ginebra y que nunca fue una cuestión a tratar en el mismo en 1966. 

Es por ello evidente que su admisión responde a la intención manifiesta de perjudicar nuestros derechos constitucionales e históricos sobre el Esequibo y favorecer el lobby de las transnacionales representadas en juicio por Guyana. No podemos esperar que de un árbol envenenado se produzcan frutos sanos.

Herencia y derecho legítimo

Como periodista, mi consideración acerca de los derechos de Venezuela sobre los 159.500 km² de la Guayana Esequiba se sustenta en el argumento que nuestro país ha sostenido históricamente: ese territorio le pertenece a Venezuela por derecho legítimo (uti possidetis iuris) como herencia del espacio correspondiente a la Capitanía General de Venezuela, luego de la independencia de la Corona española, mismo que se mantuvo después de la disolución de la Gran Colombia (1830), el cual marcaba el límite occidental del país en la franja este del río Esequibo, mientras que “el otro lado” pertenecía a los Países Bajos, quienes lo “cederían” a Gran Bretaña en 1814 después de las guerras napoleónicas. 

Desde que Gran Bretaña ingresa a la ecuación, aplicó su principio de conquista y dominio (de facto) bajo el que actúa en todas sus disputas legales y políticas hasta hoy, es decir, para ellos el derecho de quien ejerce el dominio sobre un bien, tiene la propiedad, aun por sobre documentos o cualquier prueba que le contradiga, incluyendo leyes y tratados internacionales. Aunque hoy la disputa sea con Guyana, sigue siendo el Reino Unido el actor fundamental, el imperio que domina y considera que su derecho es superior al del “más débil”, sobre todo si hay recursos de por medio. 

A Venezuela la amparan la historia, la justicia y las leyes vigentes: el Acuerdo de Ginebra de 1966 obliga a los dos Estados a dialogar y hallar soluciones, pero no implica renuncia al territorio. El Esequibo, para malestar imperial, es de Venezuela.

Hay que romper las amarras imperiales

Nuestra patria se ha enfrentado históricamente a la voracidad de modelos de dominación imperial, que buscan despojarnos de recursos naturales y de nuestro espacio geográfico, con distintas maniobras ejecutadas desde la colonia hasta hoy. Dentro de esa disputa se encuentra la Guayana Esequiba, que indudablemente es nuestra, dadas las contundentes pruebas históricas que demuestran nuestra soberanía sobre ese territorio.

Mapas, documentos y testimonios, como el aportado por el abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, testigo de las maniobras y las falsas negociaciones que dieron forma al Laudo Arbitral de París (1899), solo confirman que los 159.500 km² que conforman la Guayana Esequiba le pertenecen a nuestra patria.

Incluso, la suscripción en 1966 del Acuerdo de Ginebra, que deja sin efecto el laudo, es el reconocimiento de nuestros derechos a resolver, desde el campo del derecho internacional, esta histórica controversia. 

Puestos hoy en una coyuntura clave, debemos entender el asunto de la Guayana Esequiba como un gran antecedente de los nuevos modelos de despojo contra el pueblo venezolano, propiciados a través del bloqueo. ¿Un ejemplo? Las 31 toneladas de oro venezolano que mantiene secuestradas el Banco de Inglaterra, país firmante del Laudo de 1899. Tampoco podemos olvidar a Citgo, puesta en vilo con la connivencia de Estados Unidos. No es casualidad, menos aún un asunto secundario. Seguimos en la misma lucha de nuestros antepasados: romper las amarras del yugo imperial.

Sin lugar a dudas

Para nosotros, los venezolanos antiguos, la discusión sobre el territorio Esequibo es materia conocida e inmanente. Ya en 1950, el abogado derechista Lara Peña ondeaba la bandera de resolver a la fuerza el diferendo con Guyana. En el año 1966, fuimos testigos virtuales del Acuerdo de Ginebra, mediante el cual Gran Bretaña reconoció que la discrepancia territorial debía resolverse por “la vía diplomática, pacífica y de diálogo”; en 1970, como si estuviésemos ahí, el presidente Caldera, a través del Protocolo de Puerto España, congeló por doce años las discusiones sobre el Esequibo; y en el año 1982 asistimos, con paltó levita ficticio, aunque lejos del mandatario Herrera Campíns, a la culminación de dicho Protocolo. Total: no existe duda de que el territorio al oeste del río Esequibo es venezolano.

Frente a las pretensiones expansionistas de la República Cooperativa de Guyana, mediante un recurso írrito interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), celebraremos con todo fervor el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, para que el pueblo venezolano opine sobre nuestros derechos en el territorio Esequibo y las acciones a seguir. No faltaremos al llamado histórico.

Algunas añadiduras son indispensables: un consorcio de la  ExxonMobil controla la producción de petróleo en las afueras de la costa de Guyana, esperando producir más de un millón de barriles diarios para 2024; Laura Richardson, jefa del Comando Sur, declaró que América Latina es importante para Estados Unidos por sus recursos petrolíferos, gasíferos, acuíferos, de litio y bosques; Estados Unidos lideró ejercicios militares en Guyana para enfrentar las “amenazas de seguridad que encara el hemisferio occidental”. ¡Vea usted!

Se trata de defender nuestra memoria e identidad

El Esequibo es de Venezuela porque todo lo que nos perteneció en el pasado sigue siendo nuestro. Se trata de defender nuestra memoria e identidad. No nos pueden desmemoriar; es como que te digan que el terreno de tu herencia familiar no te pertenece porque un invasor inventó que es suyo, aunque no tenga cómo demostrarlo. 

La de hoy es una lucha entre la mentira y nuestra historia como país soberano. Precisamente, en la preservación de nuestro pasado radica la verdad verdadera del asunto. Desde la Capitanía General, la Guayana Esequiba es nuestra. De hecho, para el momento de independizarnos como República, el Esequibo estaba dentro de nuestros límites territoriales.   

Lo que pasa es que los países que se repartieron el mundo a finales del siglo XIX y principio del XX, nos siguen tratando como colonias cuando se antojan de nuestros recursos naturales. Por eso, no se molestan en consultar: se meten a robarse lo que ellos consideran que es suyo, aunque no lo sea. 

Antes, en 1835, fue el Imperio británico el que nos despojó ilegalmente al usurpar 4.290 kilómetros de nuestro territorio, con la nefasta Línea Schomburgk. A casi 200 años después, es la ExxonMobil que funge como el brazo expoliador colonial del presente. 

Ahí radica todo: en la mentalidad colonialista vigente de los expoliadores de siempre, que se renueva con la codicia, y eso choca con nuestra memoria e identidad como pueblo. De ahí, la importancia de defender lo nuestro, porque si no nos negamos a nosotros mismos lo que fuimos y lo que somos.

CIUDAD CCS