01/12/23-. Desde 2015, el lento pero diplomático camino que se habían fijado el Reino Unido, Venezuela y la República Cooperativa de Guyana empezó a torcerse. Así podemos describir lo que ocurrió luego de que el mismo año coincidieran importantes descubrimientos petroleros en Guyana con la arremetida contra Venezuela que incluyó el Decreto Obama.

Fue en ese clima que Guyana comenzó a levantarse de la mesa adonde habían llegado desde 1989 cuando el buen oficiante fue la fórmula que, de mutuo acuerdo, habían seleccionado los firmantes de Ginebra, tras fracasar la Comisión Mixta y una prolongada pausa. Ahora, Guyana comienza la búsqueda de otro tipo de apuesta: rápida y total, en contra de la historia y el derecho.

Por eso no podemos entender cómo llegamos al hoy sin pensar en los duros años que fueron del 2015 al 2020, donde vimos el Decreto Obama, el desacato de la Asamblea Nacional, las guarimbas de 2017 y la autoproclamación de Guaidó, tras una intervención del denominado Grupo de Lima que, por cierto, pocos días antes de esa infamia ya quería asegurar que Guyana tendría el control del Esequibo. Tarea indigna que luego asumiría una “embajadora” de esa aventura desde Londres. 

Solitaria iniciativa

Fue en 2018, poco antes de las elecciones presidenciales, cuando Guyana acude sola a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), diciendo que lo hacía porque la mandó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Venezuela desde entonces –una y otra vez– anunció que no iría a la vía judicial y pidió apegarse al Acuerdo de Ginebra, documento firmado con plena conciencia de todas las partes, según el cual el Laudo de París no era válido. 

Pese a ello, la Corte recibió la demanda y en 2020 dictó una primera decisión. Resolvió que conocería incluso si Venezuela dijera que no. Ante la Corte, en 2022, con una delegación amplia y diversa, la República Bolivariana pidió una cuestión previa, negando que ese tribunal pudiera conocer y además que Guyana tuviese la cualidad para alegar hechos ocurridos antes de que ese país naciese.

El 2023 ha sido un año especialmente rápido. En abril, la CIJ dictó su decisión preliminar, con connotaciones históricas, y se abrió el tiempo para que el Estado venezolano conteste. En nuestro derecho, la soberanía reside en el pueblo y la integridad territorial es innegociable, de allí que se anunciara que se abría un período para evaluar cuál sería la forma de la consulta popular. Cuando esto ocurría, Guyana avanzó un proceso de licitaciones sobre el territorio en disputa y comenzó a dar por hecho que su soberanía sobre la zona es plena.

Planteado el referendo consultivo, Guyana avanzó un procedimiento cautelar para impedir que este se realice, en tanto la afecta su retórica de que sea el pueblo y no el Gobierno quien tome su decisión e impulsando a la Corte a que interfiera en asuntos internos de una nación.

Un solo camino

Mientras todo esto pasa, Venezuela se aferra a lo que siempre ha declarado. El camino de la solución es tan sólo aquel que sea aceptable para las dos partes y que pueda conducir a una respuesta satisfactoria, al tiempo que denuncia de cómo parece repetirse la historia, pues todo lo que ocurre está como inspirado por una súbita fiebre de oro, como la que llevó al Reino Unido, en menos de un año a hacerse de las Malvinas –que son argentinas– y de la Guayana Esequiba –que es venezolana.

Por estas horas, mientras el país se prepara para la consulta, procesalmente espera la decisión sobre la acción que intentó Guyana contra el referendo. Las premisas de Venezuela son claras, la solución debe basarse en el Acuerdo de Ginebra, sin violencia y sin despojo, porque no puede eliminarse lo que la historia y el derecho prueban. 

CIUDAD CCS