12/12/23.- Más de 200 privados de libertad han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad del Estado desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción en el país centroamericano para combatir a las pandillas, según datos compartidos este martes a la agencia internacional de noticias EFE, por la Organización No Gubernamental (ONG) Socorro Jurídico Humanitario.

Ingrid Escobar, representante de la entidad que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas en el contexto de la medida de régimen de excepción, confirmó que son 213 casos los que se registraron entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de 2023.

Durante una conversación telefónica, Escobar explicó que el registro de personas fallecidas que tiene la ONG “ha sido elaborado a partir de la información proporcionada directamente por familiares de las víctimas y a partir del monitoreo de fuentes periodísticas”.

Al respecto, señaló que “el 94 % de las víctimas mortales son hombres y el 6 % son mujeres, es decir 201 hombres frente a 12 mujeres, añadió.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario confirmó que son 213 reos fallecidos los que se registraron entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de 2023 durante el régimen de excepción en El Salvador: 201 hombres y 12 mujeres.https://t.co/LmHp6f0VA2

— EFE Noticias (@EFEnoticias) December 12, 2023

Según un documento compartido por Socorro Jurídico, la mayoría de las muertes en las cárceles salvadoreñas se ha dado por “negligencia, por la falta de atención médica y por homicidio (…) Tenemos pruebas de estas muertes, por lo que nadie puede negar que se están dando”, agregó Escobar.

De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno como su principal medida de seguridad para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, suman más de 74 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.

A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de “sus peores crisis” de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas, según señala EFE.

Para el Ejecutivo, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el régimen de excepción en el país el 27 de marzo del año pasado, con la excusa de llevar adelante una guerra contra las pandillas y bajar los índices de criminalidad. Sin embargo, se multiplican las denuncias de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que aseguran que se violan los derechos humanos de la población.

Se conoce como régimen de excepción a la situación extraordinaria que se declara por medio de decreto del órgano ejecutivo o legislativo para tener efecto en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones al orden público, durante la cual podrán suspenderse o limitarse las libertades de entrada al territorio nacional, de tránsito, de expresión y difusión del pensamiento, asociación, inviolabilidad de la correspondencia e, incluso, presunción de inocencia y otras garantías del debido proceso.

La ONG Socorro Jurídico Humanitario es una organización defensora de derechos humanos, nació el 25 de julio de 2022 por la imperiosa necesidad de la defensa de derechos humanos, específicamente de sindicalistas y presidentes de asociaciones de trabajadores organizados, que estaban siendo capturados al inicio del régimen de excepción, “el cual se viene ejecutando en El Salvador de manera improvisada y demasiado irresponsable”, asevera la representante de la Organización.

El Salvador cerrará el 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días de la medida.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS