28/01/2024.- El más reciente anuncio presidencial sobre el ingreso mínimo integral se ha vuelto una prueba de fuego para Fedecámaras. En los últimos cinco años, la patronal empresarial se ha vendido como una (falsa) defensora acérrima del salario, abogando —incluso ante la Organización Internacional del Trabajo— por "recuperar" los ingresos de los trabajadores y, de paso, señalando al gobierno de antiobrero. Aplicaron una jugada táctica de doble filo: se ganaban la simpatía de los trabajadores descontentos, aprovechando la falta de condiciones macroeconómicas para pagar sueldos según la actual Ley del Trabajo, y también dejaban mal parado al Ejecutivo al repetir que este no quiere aumentar el salario.

Sin embargo, el gobierno les devolvió la papa caliente: si tanto les preocupa la clase obrera, ahora deben pagar el cestaticket indexado a cuarenta dólares, a partir del 1.° de febrero. Por lo visto, el lobo ya no podrá engañar más con el disfraz de oveja. Todavía no termina enero y ya quedó develado: los trabajadores denunciaron en las redes la negativa del sector privado a cumplir la medida presidencial, lo cual confirma en la práctica quién es el antiobrerista natural en esta compleja tormenta económica. Al parecer, todo está volviendo a su cauce, pues no es una sorpresa que Fedecámaras se oponga a pagarle al trabajador lo que le corresponde por ley. Es histórico y hasta dialéctico. Lo insólito era que se mimetizaran en defensores de facto del salario. Y que algunos les creyeran.

Para la fecha de publicación de esta columna, mientras los empleados públicos ya están cobrando cuarenta dólares por cestatickets, a través del Sistema Patria, los trabajadores del sector privado están desamparados, pues no tienen la certeza de que sus empleadores se los paguen. De hecho, poco se sabe de la posición de los trabajadores del sector privado en torno al ticket de alimentación indexado. Es una situación invisibilizada. Negada. Olvidada. Enterrada. Por el silencio ensordecedor, sospecho de que muchos de ellos no hablan por verdadero temor a represalias; callan aguantando la procesión por dentro, y a la espera, seguramente, de que el gobierno haga justicia, obligando a sus patrones a pagarles.

Por su parte, las empresas privadas declaran de manera pública que no pagarán lo anunciado hasta tanto la medida salga publicada en la Gaceta Oficial. Los medios digitales antichavistas sobredimensionan esa narrativa. Dejan entrever que si llegamos a finales de febrero y los trabajadores del sector privado no han cobrado el cestaticket indexado, entonces es culpa de Maduro, por no publicar la decisión en Gaceta. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo aclaró que la publicación de ese documento oficial no es necesaria para cumplir el anuncio presidencial.

Si las empresas privadas están esperando la Gaceta es porque de la última, alusiva al bono de alimentación, sacaron provecho para incumplir la medida. En mayo de 2023, el Presidente anunció la indexación del ticket de alimentación a cuarenta dólares, pero en la Gaceta nunca se habló del término. Solo se ordenó el pago a mil bolívares, que para la fecha representaban los cuarenta dólares, calculados a tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Decreto Presidencial número 4.805, publicado en Gaceta Oficial número 6.746 del 1.° de mayo de 2023, refiere que el Ejecutivo nacional ordenaría el ajuste mensual del bono de alimentación, tomando como referencia el aumento del dólar BCV.

Pero en los últimos ocho meses el Ejecutivo no realizó tales anuncios. ¿Qué ocurrió? La empresa privada se valió de esa omisión para no indexar todos los meses el monto del ticket de alimentación de sus trabajadores.

Así, la indexación progresiva se cumplió solo para los trabajadores de la administración pública. En tanto, la empresa privada congeló el monto fijo de los cestaticket, lo siguió pagando en mil bolívares, lo que hoy son como 27 dólares. En dos platos: robaron a sus empleados. Nunca cumplieron el pago de los cuarenta dólares.

Así las cosas, el anuncio presidencial no solo fue un aumento de veinte dólares de Bono de Guerra Económica para los empleados públicos. El anuncio en sí mismo hizo que Fedecámaras se quitara la máscara de defensor salarial antes de comenzar los carnavales. Dejó al verdadero antiobrero al descubierto.

Manuel Palma