13/02/2024.- Desde hace años, muchas empresas procesadoras de alimentos vienen cometiendo un fraude continuo contra el público consumidor. Como dicho fraude casi nadie lo ha advertido, el mismo se ha acentuado y casi establecido con el tiempo.

Aludo al peso de los productos que se expenden en nuestros mercados y supermercados. Algunos de primera necesidad, como las caraotas, las lentejas y la leche en polvo.

Desde antes de la pandemia, esos y otros productos, cuyos empaques eran de a kilo, bajaron a novecientos gramos. Si esto ya constituía una estafa, dado que el precio era similar o mayor que el del kilo, en los paquetes de medio kilo el timo se robusteció.

Si el supuesto nuevo kilo era de novecientos gramos, ¿por qué el medio kilo disminuyó a cuatrocientos, en lugar de cuatrocientos cincuenta?

Estos medios kilos bufos, en unos pocos casos, mantuvieron el precio del verdadero medio kilo, pero en la mayoría aumentó.

Pasado un tiempo, a algunos se les ocurrió reducir dicho peso aún más y bajaron el medio kilo a 360 gramos. Para justificarlo, alegaron que se trataba de una libra.

La libra, como es sabido, es una unidad de masa que, en la actualidad, se utiliza principalmente en los Estados Unidos. Equivale, de manera aproximada, a 453,5 gramos.

Supongo que a esa concesión de algo menos de 6,5 gramos por empaque esos productores de alimentos la consideraron un gesto de altruismo. Sin embargo, al sacar la cuenta, tales empaques –a los que los comercios siguen refiriéndose como de a medio kilo–, contienen 140 gramos menos de lo debido.

Ahora bien, esto que sucede con el peso ocurre también con el volumen.

Los envases de a litro de diversos líquidos ya no son de mil mililitros. Contienen 900. El medio litro, entretanto, igual que el medio kilo, se ha reducido a 400 ml, y el cuartico –el que llevan los niños a los colegios–, a 200.

A lo largo de los años en que tal situación ha existido he comentado lo anterior con algunas personas, y a casi nadie ha parecido importarle.

El concepto de libertad de empresa que se maneja en Venezuela y en otros países del continente asume que industriales, distribuidores y vendedores pueden hacer lo que les dé la gana con los precios, los tamaños, los pesos y los volúmenes de sus productos. Lo que les importa es aumentar las ganancias.

Debe saberse que quienes comercian con alimentos prestan un servicio, es decir, son servidores públicos. La transacción entre productor o vendedor y el consumidor constituye una negociación entre dos partes. Por lo tanto, al cerrarse, ambas deben sentirse satisfechas y con la sensación de que nadie ha perdido.

Pero, si como ocurre en nuestro país, hay un solo ganador –el sector que involucra a productores, distribuidores y vendedores–, obviamente, quienes conformamos la contraparte, hemos sido sometidos a un fraude continuado y a una estafa a gran escala.

Me asusta pensar que tal desfalco colectivo haya sido avalado por funcionarios gubernamentales.

Armando José Sequera