Los entes dependientes de la ONU y las ONG están cada vez más lejos de ser independientes y dignos de merecer la confianza de las sociedades

23/02/24.- Las estridentes reacciones ante la detención judicial de la abogada Rocío San Miguel, comparadas con el silencio o la extrema moderación frente a masacres y genocidios que están ocurriendo en otros lugares del planeta, ponen de relieve el colapso moral del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La debacle afecta por igual a los organismos internacionales y a las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG).

Tanto los entes dependientes de la Organización de Naciones Unidas como las mencionadas ONG están cada vez más lejos de ser independientes y dignos de merecer la confianza de las sociedades en las que se desempeñan.

Los organismos intergubernamentales deberían exhibir un inflexible rigor a la hora de calificar hechos, abrir investigaciones, llegar a conclusiones y presentar informes. Pero, muy por lo contrario, muestran una tremenda ligereza y un notorio sesgo político que los descalifica de antemano.

Lo ocurrido con la Oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es una prueba de esas malas prácticas. La privación de libertad de una persona solicitada por delitos establecidos en el ordenamiento legal vigente, por autoridades legítimas y siguiendo los debidos protocolos fue tildada de inmediato ante la opinión pública mundial como una desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad.

La Oficina de DDHH de la ONU operó en este caso haciendo el coro a las ONG privadas que asumieron esa postura pública. Lo hicieron sin investigación previa, dando por hecho que es arbitraria y abusiva cualquier medida judicial dispuesta por las autoridades venezolanas en contra de una persona que tenga notorios vínculos con la oposición.

Ese comportamiento en las ONG es coherente con su origen y fuentes de financiamiento. Son entidades sostenidas en lo económico y guiadas en sus enfoques por gobiernos o corporaciones del norte global. De hecho, es irónico que se les llame no gubernamentales, pues varias de ellas reciben cuantiosos fondos de organismos públicos de terceros países, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) de Reino Unido, entre muchas otras fuentes estatales.

En el caso de los organismos intergubernamentales ocurre algo parecido. En primer lugar porque los mayores aportes económicos a la ONU son realizados por Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea. No es que sean particularmente caritativos o altruistas, sino que estas entidades son puentes diplomáticos para legitimar el injerencismo. Pero, más allá de esa causa pecuniaria, resulta evidente que el sistema de protección de los derechos humanos padece un mal de nacimiento y por eso ha sido utilizado desde sus primeros años como arma de los países grandes contra los pequeños. Esta perversión se ha ido acentuando con el paso de los años hasta alcanzar niveles aberrantes.

De ese modo, los derechos humanos han sido el pretexto esgrimido por las potencias hegemónicas para emprender acciones bélicas contra diversos países y pueblos. Para “defender los derechos humanos” de los yugoslavos, iraquíes, afganos, libios y sirios se han emprendido operaciones de guerra que han destruido sus naciones y causado millones de muertes.

En el caso de Venezuela, con la bandera de la defensa de los derechos humanos, tanto los organismos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), como las ONG han participado en (o al menos tolerado convenientemente) los intentos de invasión, intervención extranjera, magnicidio, bloqueo y medidas coercitivas unilaterales.

En términos objetivos, la protección de los derechos humanos por los entes globales en los últimos 25 años en Venezuela se ha circunscrito a la defensa de dirigentes opositores y figuras mediáticas, incluso de aquellos que han admitido públicamente sus graves delitos.

Esta actitud contrasta también con la historia previa del país. Antes de 1999, los crímenes de Estado eran moneda corriente, primero como respuesta a los movimientos guerrilleros de los años 60, y luego como una práctica que se hizo costumbre. Los organismos intergubernamentales de entonces actuaron tardía y lentamente en unos pocos casos, porque las víctimas eran, en general, personas del pueblo llano o dirigentes sociales y de izquierda. La tarea de luchar contra esos delitos de lesa humanidad las llevaron a cabo pequeños grupos e individualidades, sin apoyo de gobiernos extranjeros ni de entes dependientes de la ONU o la OEA.

Desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, todo cambió. El sistema global de protección de derechos humanos se hizo muy diligente y parece tener como principio la solidaridad automática con cualquiera que esté en contra del gobierno, incluyendo criminales confesos.

Los organismos diplomáticos y los privados tributan a la misma causa: negarle toda legitimidad a las instituciones públicas venezolanas y abonar así a la tesis del Estado forajido. Es por ello que a las detenciones judiciales se les llama “secuestros” o “desapariciones forzadas” y que se considera válido emplazar a las autoridades a liberar a los detenidos (a quienes se les llama “rehenes”) de manera inmediata y sin condiciones.

El colapso del sistema de protección de DDHH se hace más notorio cuando la extrema rapidez de respuesta y la contundencia de las exigencias en casos como el de San Miguel, se comparan con la lentitud y la vista gorda que caracteriza tanto a las ONG como a los organismos de la ONU para detener el exterminio de los palestinos en Gaza, en el que se han pisoteado todas las normas existentes, sin que haya habido algo más que tibios lamentos y modosos regaños al gobierno genocida.

Una oficina hemipléjica

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la suspensión de la cooperación de Caracas con la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El Ejecutivo nacional solicitó que el personal adscrito a esta oficina abandonase el país en las 72 horas siguientes al anuncio.

“Es una decisión administrativa que suspende la colaboración, que suspende el funcionamiento de esta oficina, porque esa oficina se ha desviado de su mandato”, explicó Gil.

El ministro denunció el incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre de 2019 y señaló que se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con la entidad. Esto se hará en los próximos 30 días.

Gil mencionó que esa oficina fue creada “para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorar y optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en Venezuela y para mostrarle al mundo el apego del gobierno de Venezuela a tales garantías ciudadanas, pero se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”.

Agregó que esa instancia terminó siendo “una oficina hemipléjica, que sólo piensa hacia un lado, al lado derecho o al lado de la extrema derecha, sólo protege a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y provocar violencia generalizada en Venezuela”.

CLODOVALDO HERNÁNDEZ