02/03/2024.-

I

La comprensión de la propiedad del territorio Esequibo que sostiene Venezuela constituye la piedra angular de la intelección materialista de su historia. El comandante Hugo Chávez cooperó con la redacción del artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando puso en claro lo siguiente:

El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrarles no viciados de nulidad.

Guyana, cuando era una colonia británica en 1964, contaba con una superficie de 83 mil millas cuadradas —214 mil 970 kilómetros cuadrados—, cuya población de 650 mil habitantes estaba distribuida en una faja costera de 15 millas cuadradas de ancho y 270 millas cuadradas de largo. El restante territorio era muy pantanoso e inexplorado en su mayor parte. Esa colonia tenía un gobierno autónomo, con un congreso elegido por voto universal. En ese tiempo, la Guayana Británica era gobernada por el primer ministro Cheddi Jagan, odontólogo y político de izquierda, electo según la preeminencia electoral de la carta magna. Con una firmeza inaplazable, Jagan luchó por obtener la completa independencia de su patria, a pesar de sus pequeñas dimensiones, a favor de la diversidad cultural y social de sus habitantes.

El litigio fronterizo entre Venezuela y la Guayana Británica comenzó el 3 de octubre de 1899, con el dictamen del Laudo Arbitral de París. Este violó los términos del Tratado de Arbitraje de 1897, ya que sus integrantes decidieron imponer con vicios la línea fronteriza al oeste de las bocas del río Orinoco. Lo hicieron mediante documentos proscritos con los que ese tribunal sentenció el despojo a Venezuela de 159 mil 500 kilómetros cuadrados, omitiendo la fortaleza probatoria de los documentos históricos legales promovidos por nuestro país. Así, los miembros que firmaron el Laudo Arbitral de París de 1899 dejaron de cumplir sus funciones de árbitros para ejercer la representación de Gran Bretaña. Eso reveló que la decisión del Tratado de 1899 obedeció a coacción de los magistrados norteamericanos y británicos. Por lo tanto, la sentencia del Laudo Arbitral de 1899 es un acto írrito. Esa es la versión que siempre sostuvo Venezuela, la cual tiene preeminencia jurídica a la luz del derecho internacional (DI).

En rechazo al ridículo tratado de 1899, surgió en Suiza, con la venia del derecho internacional (DI), el Acuerdo de Ginebra, de fecha 17 de febrero de 1966. Este extraordinario documento jurídico permite buscar una solución política profiláctica que sea satisfactoria para la República Bolivariana de Venezuela y la heredera de esta controversia, la República Cooperativa de Guyana (anterior Guayana Británica). Fue firmado por el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña, el gobierno de Irlanda del Norte, el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la Guayana Británica. Es la reafirmación legítima del territorio de la Guayana Esequiba, propiedad territorial consagrada históricamente en el espacio geográfico del Estado venezolano.

II

El presidente de la República Cooperativa de Guyana y actual presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Mohamed Irfaan Ali, sostiene al respecto de la delimitación de fronteras con Venezuela que se someterá a la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debido a la solicitud que hiciera sobre la pretensión del gobierno de Guyana de favorecerse con el Laudo Arbitral de París de 1899, que despojó fraudulentamente a Venezuela de la Guayana Esequiba. La CIJ dictaminó la procedencia del Referendo Consultivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 3 de diciembre de 2023, que acordó darle constitucionalidad a las cinco preguntas sobre el tema del Esequibo, con el voto afirmativo válido de más de diez millones y medio de venezolanos.

El gobierno y el pueblo venezolano llaman la atención de la CIJ acerca del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el instrumento legal idóneo para resolver la problemática fronteriza, consolidada también con la Declaración de Argyle.

J.J. Álvarez