13/04/2024.- Luchar contra la corrupción nos es tarea fácil, está pensada para aquellos que trabajan en el campo de la anticorrupción en las instituciones estatales y privadas, pero también en las de los derechos humanos, laborales, del medio ambiente, alivios de la deuda y otros temas sociales para así definir posturas en común con las demás instituciones del poder público. En la República Bolivariana de Venezuela es pertinente la aplicación de la Ley contra la Corrupción y el Código de Ética para el Funcionario Público, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de la Administración Pública, entre otras, para quienes incumplan las obligaciones en unidades económicas estatales.

Tareck Zaidan Al-Aissami Maddah, nacido en El Vigía, estado Mérida, el 12 de noviembre de 1974, de 49 años de edad, tiene fuertes perfiles anecdóticos: Abogado y político, exvicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, exministro de Industrias y Producción Nacional en 2018, exgobernador del estado Aragua, exdiputado a la Asamblea Nacional, exministro del Poder Popular del Petróleo en 2020, puso de manifiesto, en este último cargo, varias actividades contrarias a la salvaguarda de los intereses generales del Estado y la preservación del patrimonio público, consiguiendo evadir el estricto apego a las leyes y a todas las demás normas que debió regir su proceder en la realización cabal de todas las tareas que les asignaban las leyes. Otra situación a la anterior trama se le suma el caso de prostitución que involucraban a jóvenes venezolanas y extranjeras, todo esto conectado con la operación Pdvsa-Cripto. Ese comportamiento fue explicado a la nación por el fiscal general de la República el pasado martes.

Tareck El Aissami ha recibido del gobierno y el Estado importantes responsabilidades y honores. El exministro El Aissami, acorralado por tantas denuncias sobre hechos de corrupción y manejos deshonestos del patrimonio público, fue arrestado el pasado martes 9 de abril de 2024 e inmediatamente sometido al proceso penal correspondiente tras su renuncia al cargo de ministro del Poder Popular del Petróleo desde hace más de un año, según lo hizo saber el fiscal general de la República, Tarek Williams Saab.

El lugar donde se ocultaba el exministro El Aissami fue delatado por los testigos que temían ser objeto de lesiones en su integridad corporal o la pérdida de la vida, la de ellos y su familia. Los cargos para Tareck El Aissami y sus colaborares Simón Alejandro Zerpa, Samark José López, Joselit Ramírez, Hugbel Roa, y otros, son presuntamente los referentes a: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales asociación para delinquir y otros que observen contradicción con la moral republicana. En el proceso penal y medidas preventivas contra los corruptos, el Estado venezolano, debe ampliar enfoque global e integral para fortalecer el sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas.

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La corrupción de los prenombrados funcionarios públicos ha perjudicado y perjudica de muchas maneras a las venezolanas y venezolanos con escasos recursos a los cuales les causan más pobreza y mayores obstáculos para permitir el acceso a servicios públicos básicos. No es de extrañar que Washington esté detrás del caso Pdvsa-Cripto, con el objetivo de incrustar la corrupción en el Estado venezolano (Pdvsa) y así pretender desestabilizar la acción de gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Esto afecta los derechos humanos y los derechos económicos de la sociedad venezolana, porque alienta la distorsión en los procesos de toma de decisiones sobre la adjudicación de recursos. Para evitar que funcionarios públicos caigan en el grado de descomposición y la podredumbre de la corrupción en las instituciones nacionales, es preciso reducir a la mínima expresión las conexiones entre el sector público y el sector privado, que actúan en complicidad para crear un estado proclive a cometer delitos por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista bolivariana.

J. J. Álvarez