OACI acepta demanda de Venezuela contra Argentina por caso de Emtrasur

La demanda precisa violaciones de legislación internacional al aplicar medidas ilegales

El Gobierno de Argentina retuvo la aeronave en su país, desde junio de 2022 hasta febrero de 2024.

 

26/04/24.- Este jueves se dio a conocer por el secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Juan Carlos Salazar, que el organismo aceptó la demanda presentada por Venezuela contra el Gobierno de Javier Milei en Argentina, por graves violaciones de la legislación internacional, al ejecutarse el robo y posterior desguace de una aeronave que pertenecía legítimamente al pueblo venezolano.

La demanda suscribe que estas violaciones se consumaron “mediante la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales de carácter discriminatorio contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Cabe resaltar, que Venezuela mostró pruebas sobre la documentación en regla de la tripulación y la carga, así como de los documentos con las características de la travesía, donde la justicia argentina realizó maniobras para retener la aeronave en territorio de ese país, desde junio de 2022 hasta febrero de 2024.

En este sentido, la OACI, quien de acuerdo con el Reglamento para la Solución de Controversias (Doc 7782/2), estableció el procedimiento y mediante comunicación detalló que, "la República Bolivariana de Venezuela (el demandante) afirma que desde el 8 de junio de 2022, la República Argentina (el demandado) ha cometido violaciones de varios artículos del Convenio de Chicago (a saber: los artículos 3 bis, 4, 12, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 32, 33, 44 y 82)".

"El demandante alega que tales violaciones se produjeron en el marco de los inconvenientes sufridos por los vuelos no regulares identificados con los números ESU 9217 y 9218, realizados con la aeronave Boeing 747-300 matrícula YV 3531 perteneciente al Consorcio Conviasa y arrendada por este a la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur S. A. (Emtrasur), cuyo código OACI es ESU078″, resaltó la comunicación.

En función de las investigaciones realizadas, se espera que el Consejo pronuncie si hay lugar o no, para sanciones, "si se encuentran elementos de convicción de acuerdo con el Artículo 88 del convenio que demanda sanciones a los Estados en caso de incumplimiento".

CIUDAD CCS


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