08/05/2024.- Obviamente, no es lo mismo una muerte natural que una violenta, y en este último caso, hay que diferenciar la que pudiera ser accidental, o sin culpa, sin querer, de la que es provocada, pero incluso la que es provocada tiene matices. No es lo mismo, por ejemplo, que a una persona la asesine un criminal a que la haga la persona que tiene por misión cuidarla y protegerla.

En esta ocasión, tanto víctimas como victimarios son policías. El móvil fue económico, es decir, unos asesinaron a otros con la intención de apropiarse de una porción de dinero. Pudieron haberlos robado y ya. Lo que complicó las cosas es que, a lo mejor, los matones sabían de antemano que a quienes matarían también eran policías, al menos uno de ellos. Y, bueno, eso de ir dejando regados por ahí enemigos que son o hayan sido policías no es como muy recomendable…

Fernando Alexis Lira Granado, de cuarenta años de edad, había sido funcionario de la Policía Municipal de Chacao. Su esposa necesitaba comprar unos dólares y a través de unos conocidos contactó a un hombre de nombre Jhonatan Corospe. El monto era de quinientos dólares y la mujer del expolicía le hizo el depósito en bolívares, pero después el hombre comenzó a darle largas a la entrega de las divisas, por lo que Fernando Alexis asumió la exigencia de las mismas.

Quedaron en verse aquella mañana. Fernando Alexis le pidió a su amigo Eligio Duarte, un funcionario policial activo del municipio Chacao, que lo acompañara al sitio donde se iba a ver con Jhonatan Corospe, ubicado en Guarenas, cerca de la estación de servicios de Trapichito.

Sin embargo, Jhonatan Corospe nunca llegó al sitio. Quienes sí lo hicieron fueron una veintena de uniformados del grupo FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional), a bordo de un vehículo Fiesta, un Aveo y una camioneta Hilux.

Fernando Alexis y su amigo presintieron lo peor e intentaron escapar, pero fueron perseguidos. Por eso, entonces prefirieron entregarse. Eligio Duarte se identificó como agente policial. Los uniformados los esposaron y los arrodillaron. Poco tiempo después, ingresaron, como cadáveres, en un hospital lejano. Ambos presentaban disparos en el pecho. Todo esto fue corroborado por un hermano de Fernando Alexis, que es abogado penalista y está empeñado en superar todas las tramoyas con las que se intentó viciar el expediente para hacer pasar lo ocurrido por un enfrentamiento.

De hecho, en la minuta policial, redactada por los mismos policías actuantes, se pretende hacer ver que las víctimas, Fernando y Eligio, eran delincuentes que pretendían extorsionar a Jhonatan Corospe. Entonces, decidieron armar un operativo de búsqueda y rastreo a fin de capturarlos, pero se resistieron y sacaron a relucir sus armas de fuego. Se originó un enfrentamiento en el cual resultaron heridos, por lo que los llevaron al hospital, donde fallecieron.

La verdad verdadera fue saliendo poco a poco, muy tímida, asustadiza. Y no es para menos: nadie mejor que la verdad misma para saber la magnitud del problema y lo malignos que podían ser los enemigos a enfrentar. La ventaja es que el caso fue empujado, legal y jurídicamente hablando, por el abogado Alexis Lira, hermano de uno de los infortunados, quien sostuvo y argumentó la tesis de que se había tratado de una vulgar y macabra ejecución extrajudicial.

El defensor se tuvo que armar de mucha paciencia, pues los criminales uniformados estaban moviendo sus tentáculos. De repente, comenzaron a pasar cosas en el Poder Judicial, que no es que no pasaran antes, sino que ahora ocurrían muy seguido.

Los procesados eran siete agentes del grupo FAES de la Policía Nacional, incluyendo un supervisor. En el ámbito jurídico, se empezó a hablar con fuerza de la posibilidad de que la muerte de los dos infortunados había sido resultado de una ejecución extrajudicial.

El caso comenzó a ser ventilado en el Tribunal 4.° de Control de Miranda, a cargo de la jueza Yelitza Coromoto González. Ante ella fueron presentados los todavía funcionarios Alexander Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña. La fiscalía les imputó los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión de socorro. A todos les fue dictada medida privativa de libertad.

A partir de ese instante, se activó la "operación morrocoy." La audiencia preliminar para evaluar la procedencia de la acusación fiscal fue diferida en tres ocasiones y al juez que llevaba el caso lo relevaron en dos ocasiones. Se ordenó recluir a los detenidos en la cárcel de Yare III, pero no ha habido forma ni manera de que sea acatada la orden del juez y los policías siguen presos, pero en su comando (comandancia de la Policía Municipal de Zamora, estado Miranda), rodeados de sus compañeros de trabajo.

Lo peor es que solo les dictaron privativa de libertad a seis de los uniformados. Su supervisor, que también es director de la policía del municipio Brión, de nombre José Oliveros, fue protegido por la Fiscalía, que solicitó libertad condicional a su favor. La jueza nueva, Liliana Machado, accedió y nada más le impuso presentación periódica ante el tribunal, a pesar de demostrarse que el día de los hechos disparó la subametralladora HK 9 mm que tenía asignada, de acuerdo con las experticias balísticas.

La fiscal Clarissa Espinoza también pidió que fuera cambiada la calificación jurídica y el grado de participación de Oliveros de coautor a cómplice necesario.

María de los Ángeles, la esposa de Fernando Lira, está empeñada en que se haga justicia, como cuando ya no tienes nada que perder y decides jugártelas todas. Ha acudido a todas las audiencias y ha soportado, estoicamente, las miradas de odio de decenas de uniformados de negro, que acuden provistos con armas largas, dizque para custodiar a los indiciados.

En medio del alboroto, llegaron los seis criminales, ya sin uniforme y todos bronceados. Se dice que sus amigos les permiten ir a la playa. También se comenta que los fines de semana les dan permiso para salir a rumbear o a tomar caña en locales nocturnos.

La muerte de los dos infortunados, el juicio y el escándalo sirvió para destapar la podredumbre en la que están algunas instituciones. Por ejemplo, se supo que dos de los indiciados —el supervisor Oliveros y el oficial Richard Sánchez— tienen antecedentes policiales. Significa que, pese a que se sabía que eran unos criminales, fueron contratados, y para una labor tan delicada como lo es la custodia y seguridad de la ciudadanía y sus bienes. Oliveros tenía una sentencia de cinco años de prisión por el delito de homicidio y Sánchez, en 2014, una por aprovechamiento de vehículo proveniente del delito.

Pero ahí no queda la cosa. Hay algo todavía mucho más grave: por los mismos días en que ocurrieron los asesinatos de Fernando y Eligio, los agentes policiales indiciados habrían estado involucrados en otros procedimientos sangrientos, que arrojaron 28 personas muertas, casos que igual fueron disfrazados de "enfrentamientos".

Wilmer Poleo Zerpa