13/05/2024.- Desde siempre, las sociedades han basado su subsistencia y coexistencia en normas de comportamiento, y las autoridades han tratado de imponer el orden en aras de una mejor convivencia. Caracas, que no escapa de esa realidad, históricamente se ha manejado con diversas disposiciones para garantizar la paz, los derechos humanos, el respeto por la otredad, el disfrute, la recreación y el correcto uso de espacios comunes.

Eso no es nada nuevo. Lo que demanda novedad es la efectividad de ese paquete de reglas —suerte de leyes municipales—, que con el paso del tiempo se han vuelto un vago recuerdo plasmado en papel y, ahora, en pantallas telefónicas, modernos procesadores o las múltiples redes sociales.

La más reciente versión de la "Ordenanza para la convivencia ciudadana, el civismo y la justicia de paz comunal" en Caracas, publicada en la Gaceta N.º 4940-23, el 25 de mayo de 2023, corre el riesgo de repetir la fracasada historia y convertirse en un simple TBT. Esto les ocurrió a sus predecesoras, emitidas en 2006, y las anteriores, desde el siglo XVI hasta el XX.

La efectividad de las normas no depende nada más de los estamentos de mando. No solo es asunto de autoridades, fiscales, policías y funcionarios del Estado. Debe sumar la conciencia colectiva, propósito harto difícil, aunque no imposible. Se corre el riesgo, como lo comprueba la inobjetable historia, de que esas normas se borren en una gaveta, que perezcan por desuso o por la irreverencia colectiva que confunde resiliencia con viveza criolla.

Dese usted un paseo por Caracas. Transite por avenidas principales y observará montones de basura; ingesta de licores, y sus respectivas micciones, en vías públicas; cuidadores improvisados de vehículos; expendio de alimentos sin permiso sanitario y otros emprendimientos que roban electricidad de los postes; motocicletas —muchas de ellas oficiales—, transitando por las aceras, que lucen parcelizadas —no se sabe por quién— para los buhoneros, y otras señales inequívocas de la vulnerabilidad de las normas, que no pasan de ser un ornato legal. Ello requiere mano dura y punto. De lo contrario, pueden seguir raudas su involución hacia el olvido.

No es fallo de gobierno alguno. Priva la maña ciudadana, o mejor, la mala maña, y hay quienes prefieren pagar vacunas antes que cumplir las normas, porque les resulta más rentable el ganar-ganar con la ilegalidad.

Históricamente, desde los días del coloniaje, fracasaron los intentos de la Iglesia —con más poder que los políticos— por regular la venta de licores y los horarios de las guaraperías —antiguas licorerías—, el hábito de fumar en público, so pena de excomulgar a los compulsivos infractores, y el crecimiento de la buhonería. Así como fracasó, por ejemplo, la regulación de los baños en las aguas del río Guaire, por el libertinaje generado en horarios de adultos…

Aunque las pioneras son las ordenanzas atribuidas al "licurgo" criollo Miguel José Sanz, en 1800, se sabe de unos antecedentes: 27 capítulos, redactados unos 30 años antes por las autoridades caraqueñas Fernando Antonio Lovera y Otañez y Juan Cristóbal de Obelmejías, aunque a favor de los intereses del mantuanismo que predominaba en la época.

El 25 de junio de 1800, sale a la luz pública el contenido de los diez libros redactados por Sanz —abogado amigo de Francisco de Miranda—, bajo las órdenes del presidente de gobierno, Guevara Vasconcelos. A decir de varios cronistas e investigadores como Juan Ernesto Montenegro, gran parte de la novedosa obra —que normaba la moral, costumbres, educación, urbanismo, comercio, industrias, sanidad, hospitales, cárceles, monedas, abastos, precios de víveres, pesas y medidas, oficios mecánicos y establecimientos de gremios, conservación de bosques, distribución de las aguas, alumbrado, alquileres de casas, diversiones públicas, entre otras, en el marco de la equidad, justicia, deberes y derechos para todos por igual—, denominada "Ordenanzas para el gobierno y policía de la muy ilustre ciudad de Santiago de León de Caracas, cabeza de la provincia de Venezuela", extrañamente se extravió, aunque quedó un informe de reparos por parte del fiscal de su majestad Francisco Espejo (1758-1814).

Las altas autoridades obligaban a los alcaldes y sus dos funcionarios más allegados a resguardar los archivos bajo candado. Había tres copias de esa llave y cada quien portaría una. Aun así, se esfumaron las normas. Desde entonces, cada intento de nuevas reglas es vulnerado, más por incumplimiento ciudadano que por falta de afán de los gobernantes, sean cuales fueren.

Luis Martín