14/10/22.- Quizás unas de las definiciones de más difícil asimilación y aprehensión conceptual en el ámbito de las finanzas públicas, son los conceptos de presupuesto y las etapas o fases por las que transcurre el gasto e inversión pública durante un ejercicio fiscal.

La dificultad en la comprensión de estas definiciones deriva de la combinación de las consideraciones y enfoques de orden jurídico, económico, administrativo, contable y financiero, que resultan de obligatoria aplicación en el ámbito gubernamental.

Aproximémonos, entonces, en primera instancia desde la perspectiva administrativa. El presupuesto es un instrumento de la planificación. Consiste en una expresión cuantitativa, que utiliza el Estado para plasmar las metas y objetivos establecidos en los proyectos del Plan Operativo Institucional, que contiene e integra los gastos e inversiones, así como los ingresos que financian esas erogaciones para un período anual.

En cuanto al enfoque jurídico, el presupuesto es una norma de aceptación general y de obligatorio cumplimiento; es una ley, con ello significamos que los conceptos de gastos e inversiones señalados,solo, hasta el monto por las magnitudes indicadas, son los que exclusiva y específicamente pueden ser realizados.

Dado que la preparación de un plan incorpora premisas y supuestos al presupuesto, que pueden cumplirse o no en el transcurso del ejercicio fiscal, por señalar un ejemplo, cambios en las variables macroeconómicas, entonces exigirá en consecuencia ajustarse o adecuarse a la nueva realidad.  

De esta forma, toda ley de presupuesto que atienda al principio de la flexibilidad de la planificación puede ser modificada en función de las necesidades del ente involucrado, ciñéndose a los procedimientos legales establecidos a tales efectos.

Económicamente el presupuesto atiende también al principio del equilibrio, es decir, dado que los fines del Estado no es el lucro, sino objetivos de orden social, se aplica el balance o igualdad de las totalidades entre la suma de los ingresos versus la suma de los gastos y las inversiones.

Probablemente entender el presupuesto desde un punto de vista financiero, resulte el más interesante y desconcertante. Los montos específicos que se indican en un presupuesto público se denominan créditos presupuestarios, y señalan la capacidad máxima posible para comprometerse por esos conceptos. En otras palabras, la institución tiene la facultad legal de disponibilidad para asumir la obligación hasta por ese monto máximo en particular; en consecuencia, un tercero asume el riesgo contractual,solo hasta por esa cantidad monetaria, para suministrar un bien o servicio a un ente público dado.

Ahora bien, la capacidad de comprometer expresada en créditos presupuestarios, no se traduce en la capacidad real de pago de la organización en cuestión, es decir, la tesorería se asocia a la disponibilidad financiera (flujo de caja) y esta se relaciona con las fuentes de ingresos reales y tangibles vinculadas a cada crédito presupuestario. La viabilidad y factibilidad financiera del presupuesto público la determina la capacidad de recaudación de impuestos y de generación de recursos por parte de la Administración pública para atender y honrar financieramente el gasto del Estado.

Cuando los entes públicos contratan un póliza de seguro anual, se comprometen presupuestariamente con el total del valor de esa obligación, fase inicial del gasto; transcurrido el primer semestre se ha causado o devengado la mitad del gasto, la segunda fase del gasto y al momento, según lo convenido entre las partes y formalizado en el contrato con la empresa aseguradora, en la oportunidad que se hace efectivo el pago parcial o total del servicio, se ha consumado la tercera fase del gasto. Esta secuencia de fases que transita el gasto público, es lo que se denomina las etapas de la ejecución presupuestaria. 

Todo gerente público en cualquiera de las áreas funcionales y en sus distintos niveles jerárquicos institucionales, debe encontrarse consustanciado y familiarizado con los conceptos y definiciones del presupuesto público y las etapas del gasto, la cotidianidad y la eficacia en la conducción y el logro de las metas, que demandan y exigen que se atiendan taxativamente la normativa legal y los procedimientos específicos en este respecto.

Héctor E. Aponte Díaz