01/06/2024.- Este debe ser el mejor momento para los grandes empresarios privados, en términos de su inexorable relación con la clase obrera durante los últimos diez años. Sí, es raro leer algo así, porque los propios privados no lo dirán de forma pública y notoria. Su narrativa permanente es victimizarse. Eso les ha generado ingentes réditos políticos y económicos en esta época convulsa. Por eso, es común escuchar siempre que están de mal en peor. De hecho, en la calle pulula la creencia de que este gobierno malvado les pone trabas para que les vaya fatal.

Sin embargo, resulta que en la práctica tienen condiciones favorables —por cierto, generadas por el mismo Estado—, que otros grandes empresarios, en otros países, ya quisieran tener.

Con el actual salario legal, por ejemplo, pagan cantidades irrisorias que no les afectan en nada. Prácticamente, todos los beneficios legales derivados del salario están congelados. Ellos lo saben. Y presionan para que el gobierno no aumente ese salario, pues la idea es que ellos "contribuyan", con producción propia, a la recuperación de la economía nacional. Para eso necesitan que el salario se mantenga tal cual está.

Si hipotéticamente aumentaran el salario a un monto exorbitante, no solo es que el Estado no tendría capacidad real para sostenerlo durante un largo periodo de tiempo —se convertiría en sal y agua como ha pasado otras veces—, sino que los empresarios se quejarían —como ha sucedido— diciendo que se irían a la quiebra de pagar prestaciones sociales con los montos actualizados. Si ocurriera —según dicen—, perjudicaría el esfuerzo de la recuperación económica.

Entonces, en ese punto, les va de maravilla. Operan con bajísimos salarios convenidos y completan el pago a sus empleados con bonos, cuyos montos deciden a su antojo, a cambio de exigirle al trabajador todas las horas laborales que se les ocurra —siempre más de las ocho horas estipuladas por ley—, las cuales no tendrán ninguna incidencia salarial ni tampoco alguna consecuencia legal. Todo sea por el bienestar económico del país. La regla tácita es que no hay que molestar a quienes, al parecer, nos ayudarán a levantar el PIB.

Este drama salarial, además, permite a los empresarios manipular a los trabajadores diciéndoles que, con los bonos, ellos pagan mucho mejor que el pírrico salario legal de 130 bolívares cancelado en la administración pública. Por tanto, en el imaginario social, ellos se convierten en los mejores empleadores, porque le pagan al trabajador lo que el gobierno es "incapaz" de dar, y porque Maduro es "antiobrero", según lo indica una de las tantas narrativas falaces en boga.

De ese modo, el sector empresarial se granjea una buena percepción en la población. Se venden casi como unos salvadores innatos de nuestra economía, aunque lo hagan con evidente apoyo gubernamental. Esto es algo que en la práctica desmonta la tesis de que la revolución es enemiga natural del gran empresariado, cuando en realidad es todo lo contrario. El avance que el sector privado ha tenido —en parte— es consecuencia directa de las decisiones del presidente Maduro.

Sin embargo, en la calle no se entiende así. Se cree erróneamente que hemos resistido —empresarios y ciudadanos en general— gracias a la sobrevivencia de cada uno. La visión que impera es que el Estado poco hizo, que es casi inoperante, lo cual es falso. Basta con preguntarse: ¿cómo estuviésemos ahorita si, por ejemplo, no se hubiese derogado la ley de ilícitos cambiarios, que facilita el ingreso y manejo de divisas? ¿Cómo estuviesen hoy los empresarios? Antes de esa ley, transar en dólares era casi clandestino. Sin duda, esa decisión fue una válvula de escape para el sector empresarial y también para la población general.

Asimismo, fue derogado el esquema de control de precios —algo que pedían a gritos los empresarios—, y paralelamente fue creado un nuevo mercado cambiario, donde el sector empresarial compra a tasa oficial —más barato que el mercado paralelo— divisas frescas que el BCV inyecta para frenar el alza desproporcionada del precio informal del dólar e impedir, entre otras cosas, que los perjudique en su estructura de costos.

Este nuevo mercado cambiario lo han aprovechado al máximo: en 2023, según cifras oficiales, el volumen de divisas transadas por el sector privado en el mercado cambiario ha sido el más alto desde que comenzaron las mesas cambiarias y de menudeo en la banca; la cifra alcanzó los 14 mil 505 millones de dólares. Para que tengan una idea, en 2019 apenas fue de 277 millones de dólares.

Todo eso no ocurrió por arte de magia. Pese a las adversidades, y la fácil tendencia de achacarle todos los males al chavismo —incluso hasta las sanciones aplicadas por EE. UU.—, hay un gobierno creando buenas condiciones.

Si no fuera verdad, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectan que la economía venezolana crecerá 4% al cierre de este año? ¿Es ficción? ¿Acaso dentro de ese crecimiento no se contarán las ganancias de los empresarios?

Si le preguntan a la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), dirían que es real lo de las condiciones. En el primer trimestre de 2024, los industriales crecieron 16% en comparación con el primer trimestre de 2023. Para los próximos 12 meses, el 75% de los industriales consideran que la situación económica mejorará, según revelan en su informe de coyuntura industrial publicado en su web. Estos son datos de economía real que difícilmente serán tendencia en redes y medios.

Ahora, visto este auge empresarial-industrial, el gobierno los exhorta por ley a que aporten 9% del total pagado a sus empleados para financiar a los más de 5 millones de pensionados en el país, que cobran 130 bolívares mensuales.

Es asombrosa y, al mismo tiempo, descarada la reacción de algunos sectores empresariales (Fedecámaras incluido) al revictimizarse con la narrativa, según la cual ese 9% los afectará gravemente. Según ellos, representa "una nueva presión" que "amenaza" la rentabilidad empresarial.

¡Malagradecidos!, dirían en mi pueblo.

Manuel Palma