03/09/24.- Este lunes, de acuerdo con una información publicada por la agencia de noticias internacional Bloomberg, se informa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está cerca de anunciar 15 sanciones individuales contra funcionarios pertenecientes al Gobierno nacional. 

En este sentido, se pretende imponer más medidas coercitivas unilaterales (MCU), a funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad al frente de instituciones públicas y al propio presidente de la Republica, Nicolás Maduro.

La Casa Blanca justifica estos mecanismos ilegales que violan el derecho internacional, con la presunción de que estas personas “colaboraron” con Maduro para socavar la votación del 28 de julio.

A su vez, el medio refiere que presumiblemente en esta lista se incluirían a miembros del CNE, TSJ, la Asamblea Nacional y cuerpos de seguridad como el Sebin y Dgcim. Entretanto, el Departamento de Estado estadounidense afirma que estos “obstruyeron la celebración de elecciones presidenciales libres y justas”, según el artículo.

Casa Blanca insiste en imponer a Venezuela política del garrote y la zanahoria

En la mira de Washington, figura un grupo de oficiales militares que cumplieron con su deber de mantener el orden público y la paz del pueblo venezolano durante las manifestaciones y protestas violentas de los días 29, 30 y 31 de julio, posterior a las elecciones. Luego de que el excandidato de la oposición Edmundo Gonzalez Urrutia y su aliada María Machado desconocieron los resultados electorales y cantaran fraude, como sucedió en 2013 y 2019.

Estados Unidos también estaría preparando sanciones para atacar a sectores económicos y empresarios que tienen relaciones comerciales con el gobierno del presidente Maduro, con el objetivo de torpedear el crecimiento económico alcanzado y mandar un mensaje negativo a quienes pretendan establecer negocios con Venezuela.

Cabe destacar que este lunes 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó ilegalmente uno de los aviones presidenciales, en los cuales se trasladaba el mandatario venezolano. Esta flagrante violación de las leyes internacionales que regulan la aeronáutica civil y los acuerdos en materia de protección a los bienes de los países en otras naciones, ya es una conducta habitual; recordemos lo sucedido recientemente con el avión de Emtrasur propiedad de la aérolinea venezolana Conviasa secuestrado por Argentina y entregado a los EEUU.

CIUDAD CCS