07/09/2024.- La política exterior de Estados Unidos (EE. UU.) hacia Venezuela es rendir por hambre a los venezolanos y sembrar el desaliento para que el pueblo se subleve contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, apoyándose en la orden ejecutiva decretada en 2015 por el entonces presidente de esa potencia imperial, Barack Obama. La orden ejecutiva calificaba a Venezuela de amenaza "inusual y extraordinaria" contra la seguridad de Estados Unidos. Dicha orden ejecutiva se mantuvo durante el mandato de Donald Trump y aún se mantiene en la administración Biden.

Washington tiene como objetivo imponer a Venezuela un cambio de gobierno por la fuerza. Ha planeado desde invadirla militarmente hasta aplicar un bloqueo naval directo a las costas venezolanas para tratar de evitar que los bienes entren y salgan del país. También, busca crear un estado de guerra convencional con tácticas no convencionales, opción que no ha podido cristalizar pese a la variedad de estrategias que arrecian las dificultades económicas del país y que no han sido suficientes como para derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros.

EE. UU., ante la fracasada táctica de deponer a Maduro, se dio a la tarea de inventar un presidente para Venezuela sin importarle quebrantar los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en franca violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del derecho internacional. El diseño y la fabricación de un falso presidente recayó en Juan Guaidó, líder opositor sin materia prima de calidad y que no cumplía con las normas creíbles de un buen producto. Al expresidente de EE. UU., Donald Trump, no le importó que todo esto fuera una usurpación y una ineficacia. Lo mismo le daba poner como producto a un terrorista que a un narcotraficante, un asesino o un ladrón. Por cierto, Juan Guaidó con su pandilla participaron en el robo de activos al Estado venezolano calculados en 3 mil 100 millones de dólares, según precisó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en enero de 2022. El delito de robo de activos al Estado venezolano no está exento de responsabilidad penal; por ello, se le debe privar de libertad, además de ser un acto contra la seguridad del Estado.

En Venezuela, los esfuerzos de los aventureros políticos de la corriente ultraderechista por destruir la Revolución Bolivariana no cesan. Es el caso de sus acciones contra el resultado de la elección presidencial del domingo 28 de julio de 2024, cuyos boletines fueron dados a conocer a la población venezolana por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentado en las normas de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La participación del pueblo venezolano tuvo la entereza y el valor de elegir al candidato de las fuerzas de ideas justas del Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro Moros, quien obtuvo 6 millones 408 mil 844 votos, que representaban el 51,9%. Así fue derrotado el candidato de las fuerzas de ideas genocidas, Edmundo González Urrutia, quien ya sentenciaba fraude la víspera del proceso electoral, cuya votación alcanzó la cifra de 5 millones 386 mil 104 votos, un 43,18%.

El señor González Urrutia no refrendó el respaldo de la victoria de Maduro por el supuesto hecho de que no coincidía con las actas electorales que pudo confeccionar su equipo de campaña como documento público falso, con la idea de alterar la legítima documentación del CNE, que es la que tuvo la validez legal y constitucional.

Los pandilleros fascistas, tanto internos como externos, creyeron esta vez estar, por fin, muy cerca del poder en Venezuela; tenerlo al alcance de la mano. Volvieron a las prácticas del golpismo, las guarimbas, el apagón, el intento de magnicidio contra el Presidente, etc. Causaron 27 muertes y más de 100 heridos para provocar el colapso social, económico, estructural e institucional de la Revolución Bolivariana.

La obediencia de Edmundo González Urrutia a los lineamientos de Washington significó que se materializara, a las 4:30 a. m., el apagón del día viernes 30 de agosto de 2024, que dejó en tinieblas a gran parte del país. El zar del ciberespacio del planeta EE. UU. se salió con la suya al generar ese apagón en contra de la soberanía y la sostenibilidad de las telecomunicaciones en Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela debe armar un sistema estratégico y jurídico fiable que minimice el control de esa política de EE. UU., que no ha dejado de ser una realidad constante.

J. J. Álvarez