La guerra entre EE. UU. y Rusia, en Ucrania ciertamente es peligrosa, sin embargo por predecible se está volviendo fastidiosa, pero más importante para nosotros los hispanos de este continente americano, en este momento, es la bomba que en medio de una lucha por el espacio del narcotráfico estalló en Guayaquil, dejando hasta ahora cinco muertos.

Como siempre, la especulación y el chapoteo  mercenario, que oculta lo importante para poner a discutir usuarios y lectores sobre aristas baladíes, ya dieron sus veredictos.

“Declaración de guerra contra el Estado” señaló el presidente Lasso, demostrando que tiene un dislate temporal para reaccionar.

Si Lasso o sus asesores estuvieran pendientes, se habrían dado cuenta de que esa guerra lleva más de tres décadas.

Recuerdo que quien primero mencionó una guerra contra las drogas que terminaría siendo contra el Estado fue el presidente Nixon, pero ocupado en ocultar sus truhanerías no hizo nada al respecto.

Y en ese stand by hubo que esperar a que años después el vicepresidente Bush anunciara el extraño “abatimiento” de un avión cargado de cocaína que aterrizó en una autopista de La Florida, donde fue abandonado por la tripulación y sin que la operación terminara con un solo detenido.

Solo entonces el mundo se enteró que el mayor consumidor de drogas prohibidas guerreaba contra la marihuana y la cocaína.

Bien: es falso señalar el triunfo de Petro en Colombia como el banderazo para que los narco paracos huyeran al Ecuador para refundar su negocio ahora partiendo desde Guayaquil. Como sostienen quienes no veían la violencia en el país vecino, hasta que perdió una elección la oligarquía.

Tampoco puede ser que se acuse a Lasso, incapaz en otras materias más importantes, de convertirse en agente de la DEA por impedir el bombazo.

El punto es que siendo uno culturalmente hispano, me parece que debemos analizar desde nuestra cultura ese trágico hecho.

A ver: esa violencia privada, tal como lo demuestra la ausencia de tiroteos mortales al azar, que no se ve en nuestros países y sí en EE. UU., no es nuestra.

Tampoco se podría calificar como hispana la violencia de las mafias italoamericanas que contrabandeaban alcohol en los Estados Unidos hace un siglo atrás.

Y aún siendo cierta la hipótesis que señala como autores del bombazo a narcos protegidos por el gobierno saliente de Colombia, ahora invadiendo rutas y mercancías manejadas por malandros locales del Ecuador, insisto: eso no es tan importante.

Tampoco es verdad y lo señalo porque tenemos las redes llenas de idiotas que todo lo rebaten, inventando que los "pobres" narcos colombianos que salen al Ecuador, lo hacen porque el presidente Petro estaría reservando el negocio para antiguos guerrilleros de la izquierda revolucionaria.

Lo importante y vital es, y ahora no escribo solo como hispanohablante sino también como liberal o libertario si se quiere, resolver con un acuerdo “honorable” la inmensa derrota que los gobiernos yanquis vienen cosechando desde que inventaron guerrear contra las drogas, olvidando cómo les fue cuando prohibieron beber alcohol.

Acuerdo que pasa por que los países del primer mundo occidental acepten finalmente que el ser humano se viene drogando –y bebiendo caña también– desde tiempos prehistóricos.

Y que ese gusto de una minoría de la población jamás se ha acabado mediante leyes o guerras.

Es difícil que EE. UU. y Europa lo hagan porque, aparte de que somos las víctimas latinas quienes unidas debemos exigir ese “acuerdo honorable”, el negocio del narcotráfico ha permeado tan profundo en las capas del poder, que es imposible pensar que hoy día haya bancos que no hayan lavado siquiera “un millardito”.

Que no hayan mandatarios a todo nivel a los que el  narcopoder no los haya “tocado”, y cuando escribo  “mandatarios” incluyo policías, militares, religiosos, periodistas y aduaneros.

No se trata del negocio del hijo de un vecino que revende droga en la planta baja. Es algo muy grande.

Acabando el negocio de trasegar ilegalidad, se  acaban las bandas y su violencia; el Estado cobra impuestos, el usuario consume mercancía de mejor calidad porque sería el Estado quien vigila los procedimientos industriales, y se pueden direccionar en asuntos útiles los inmensos presupuestos que hoy día se gastan para decir con mentiras que “hay una guerra contra las drogas”.