29/09/2024.- Este mes se cumplieron 23 años del ataque aéreo contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en Nueva York. La acción tardó solo 149 minutos, en cambio la vigencia de la ley Patriot Act I y II, firmada en marzo de 2001 por el presidente George Bush, perdurará por largo tiempo, convertida en una suerte de estado de excepción que permite ejecutar allanamientos, detenciones, investigaciones y violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, y otros derechos ciudadanos, dando origen a un progresivo estado de psicosis colectiva en materia de seguridad personal. Aunque la letra de la ley Patriot exige la solidaridad de todos los países hacia Estados Unidos, el presidente Bush aplicó el unilateralismo “preventivo” en vez de la participación internacional, solo para erigirse como único protagonista del antiterrorismo mundial.

Los norteamericanos protestan

Los primeros en reaccionar fueron los ciudadanos. Un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA) denuncia varios artículos polémicos: el Gobierno puede apoderarse de los bienes de un individuo u organización sin aviso previo o una audiencia, si considera que han participado o están programando un acto de “terrorismo doméstico” (sección 806), permite el encarcelamiento indefinido de los inmigrantes y otros que no son ciudadanos, sin que el Gobierno tenga que demostrar si son realmente terroristas (sección 412), puede interceptar las líneas telefónicas bajo una orden no identificada y exigir a los jueces que aprueben el procedimiento sin tener conocimiento de quién será interceptado y dónde será localizado (sección 216) y permite a la CIA espiar a los americanos (sección 203).

El precio que debe pagar la sociedad por sacrificar su libertad fue criticado hace más de tres siglos por el fundador del Estado norteamericano Benjamín Franklin: “Quien antepone a la libertad la seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”. La frase fue invocada por el exmagistrado Baltasar Garzón, inspirador y fundador de la ahora denominada Justicia Universal, que hace posible juzgar los crímenes de genocidio, tortura o desapariciones en cualquier parte del mundo cuando el país donde se cometieron no quiere o no puede hacerlo. De esta manera, el exmagistrado marca distancia entre la violencia del Estado contra el terrorismo y la violencia del terrorismo contra el Estado, los dos extremos que siempre trató de evitar cuando el Gobierno de España le planteó aplicar a la organización terrorista ETA la violencia y la tortura que esa organización practicaba contra sus víctimas. Pero Baltasar Garzón, ya no es la punta del iceberg, como tampoco lo es la Corte Penal Internacional (CPI), ambos surgidos al calor del discurso antiterrorista tras la destrucción de las Torres Gemelas.

La Corte Suprema de Justicia de España inhabilitó a Garzón por 11 años para ejercer el derecho y los funcionarios de la CPI enfrentan una cadena de sanciones –ninguna de carácter judicial– administrativas, implementadas por los Gobiernos investigados o en proceso de investigación. La CPI y Garzón están asediados por los Gobiernos investigados, precisamente los que se niegan aceptar una nueva jurisdicción internacional autónoma e independiente del Estado y con capacidad de enjuiciarlos por corrupción o abusos de poder.

Corrupción en la OEA: matando al mensajero

Qué es la guerra contra el terrorismo? ¿Es acaso lanzar misiles y destruir viviendas, o destruir vehículos donde supuestamente van terroristas, donde se mata a nueve niños y no se alcanza al terrorista, que después resulta que ni siquiera estaba allí? ¿O la guerra contra el terrorismo es aplicar toda la legislación nacional e internacional, acorde con los principios básicos del derecho humanitario, del derecho penal y del derecho internacional? ¿Acaso la guerra contra esta lacra no debería consistir en aplicar toda la legislación y aceptar todas las iniciativas judiciales que sean integradoras, como la de la Corte Penal Internacional? –pregunta Baltasar Garzón.

Corrupción política en la OEA

Baltazar Garzón es especialmente noticioso porque, además de enfrentar los vicios del viejo sistema penal y promover su modernización, denuncia con claridad frontal las personalidades e instituciones sobornadas o compradas por Estados Unidos. Cuenta que en una oportunidad lo llamó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA para comunicarle su destitución como asesor de la Misión de Paz de la Organización en Colombia. “Le pregunté cuál era la razón y respondió: tu trabajo es excelente, pero Estados Unidos me impone tu cese por haberte hecho cargo de la defensa de Julián Assange”. Le dije “oponte, convoca la asamblea de Estados”. “No puedo -contestó-, más del 60% del presupuesto está a cargo de USA”. Así terminó mi tiempo en la OEA. Pero ninguna presión, por importante que fuera, me iba a desviar de mi objetivo en la defensa de Assange (…). Era un caso muy claro de vulneración de la libertad de expresión”, aseguró. En la vida debes asumir retos y enfrentarte a quienes pretenden avasallarte. Ceder por miedo es aceptar que los canallas tienen razón”, afirmó.

George Bush, una herencia explosiva.

Raúl Pineda