06/12/22.- El Tribunal Oral Federal número 2 condenó a seis (6) años de prisión a la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras concluirse un juicio que duró tres años y medio.

La sentencia que involucra a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, incluye, –además de los 6 años de prisión–, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

A la expresidenta de Argentina se le dictaminó culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados y en el que participaron más de 100 testigos.

Cabe destacar que el fallo es histórico, porque es la primera vez que un personaje político en un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones.

La vicepresidenta había advertido en recientes declaraciones que sería condenada, porque se estaba desarrollando un "proceso fraudulento", indicó RT.

"La verdadera sentencia es la inhabilitación perpetua"  

Minutos depués de la sentencia, la líder del Partido Justicialista ofreció sus reacciones al pueblo de Argentina, sobre lo que está ocurriendo con este proceso judicial que acaba de culminar, ya que desde su perspectiva "la verdadera sentencia es la inhabilitación perpetua". 

"Tal cual lo anunciamos esta mañana, tal cual lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, la condena estaba escrita. No es que fuéramos clarividentes o adivinos, era mucho más sencillo. Si en una causa en la cual un juez, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente y la envió a Santa Cruz; y luego, 8 o 9 años después, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, la resucita por una denuncia del entonces funcionario Javier Iguacel. Inclusive después de que fue analizada, juzgada y sobreseída en el sur. Está claro que cuando hace eso un juez –y no estuvo solo porque fue ratificada esta conducta por todas las instancias superiores, hasta la Corte Suprema– la idea era condenarme", explicó. 

"Lo raro es que la condena de hoy es por administración fraudulenta. Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, y así hice mi defensa, probé que de acuerdo a la Constitución yo no tengo el manejo de las leyes del Presupuesto, que son aprobadas por diputados y senadores. Tampoco el Presidente administra y ejecuta el Presupuesto. Después de la reforma de 1994, quien tiene el deber jurídico de administrar y ejecutar el Presupuesto es el Jefe de Gabinete. En este juicio solo declararon testigos y no es que quiera decir que fueron responsables", prosiguió Cristina Fernández.

¿Mafia, Estado paralelo?

"Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un Estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, Magnetto, a través de sus personeros. Jorge Rendo, al que no hay político ni juez que no lo conozca, el operador todo terreno de Magnetto y el Grupo Judicial", criticó. 

Es importante destacar, que en otras ocasiones se realizaron sentencias similares donde fueron condenados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, sin embargo, ya no ocupaban sus puestos.

Los jueces también dictaron otras condenas para los demás acusados, 13 en total, como seis años de prisión para Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti; cinco años para Juan Carlos Villafañe; cuatro para José Santibañez y Mauricio Collareda; cuatro y seis meses para Raúl Pavesi, entre otros.

Sin embargo, absolvieron a la vicepresidenta, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita.

La exmandataria afirmó que fueron violadas las garantías constitucionales entre otras irregularidades durante el proceso.

Además, en la última audiencia Fernández calificó a este tribunal como un "pelotón de fusilamiento" que tenía una sentencia ya escrita por hechos inexistentes en el que se buscaba "estigmatizar a un espacio político", refirió Telesur.

Este juicio se realizó por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, a favor de un empresario, pero la vicepresidenta denunció que esto formaba parte del lawfare (persecución judicial) en su contra.

Está previsto que los jueces den a conocer los fundamentos del veredicto en marzo próximo para saber los argumentos tomados en cuenta para dictar las sentencias.

Por su parte, organizaciones sociales se movilizaron para manifestar su apoyo a la vicepresidenta argentina y rechazar la condena en su contra.

CIUDAD CCS