Las fuerzas de ocupación israelíes allanaron el jueves sedes de seis oenegés palestinas en Ramalá, declaradas "terroristas" por Israel en octubre del año pasado, y ratificado el miércoles por el ministro de Asuntos Militares, Benny Gantz, argumentando que las instituciones estaban afiliadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Las organizaciones que fueron irrumpidas fueron Al-Haq, que se dedica a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios ocupados, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.

“Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA) que trabajan en Territorio Palestino Ocupado instan a Israel a permitir que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos continúen con su trabajo”, señalaron en un comunicado conjunto llamando también a las autoridades israelíes a abstenerse de cualquier acción que obstaculice la crítica labor de esos grupos.

Según la publicación, las autoridades israelíes no han brindado ninguna evidencia convincente a las agencias de las Naciones Unidas ni a sus ONG asociadas que trabajan en territorios ocupados palestinos para respaldar esas designaciones.

El texto fue firmado por las agencias de la ONU dedicadas a trabajos humanitarios y de desarrollo y por un conjunto de 83 organizaciones no gubernamentales internacionales operando en los territorios palestinos.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos rechazó también la decisión israelí de clausurar las oficinas de estas organizaciones y llamó a revertir su designación. Describió el cierre de sus oficinas como totalmente arbitrario.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina censuró enérgicamente la incursión militar ilegal de Israel en las oficinas, denunciando que es un claro intento de reprimir e intimidar a quienes documentan y persiguen la rendición de cuentas por los crímenes israelíes.

“La ausencia de voluntad política para responsabilizar a Israel por décadas de crímenes y violaciones permite su guerra continua contra el movimiento internacional de derechos humanos”, se lee en el documento.

CIUDAD CCS