26/12/22.- A la luz del choque entre los poderes públicos causado por la inestabilidad de los Gobiernos en América Latina, hay que admitir como un gran acierto que los creadores de la democracia neoliberal bautizaran con el nombre de “hilo constitucional” (por su facilidad para romperse) la debilidad de los poderes públicos.
 
¿Vamos o nos llevan?
La sociedad está viviendo en tiempo real una crisis sistémica que tuvo en 2001 uno de los desenlaces más traumáticos, cuando el mandatario argentino Fernando de la Rúa huyó del Palacio de Gobierno en un helicóptero y detrás de él cuatro personajes rompieron el hilo constitucional al asumir la Presidencia de la República en solo once días, con la aprobación de uno o varios de los poderes públicos y parte de la sociedad civil. 

La cadena de desquiciamientos constitucionales prosiguió en 2009 con el golpe de Estado al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, por promover una constituyente para derogar la Constitución, y continuó con la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016 y el jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, en 2022. Antes de Castillo, otros seis jefes de Estado gobernaron en menos de cinco años (más de dos por año), de los cuales cinco tienen juicios sin sentencia firme, lo que involucra al Poder Judicial. Son ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori.

El legado de la inopia institucional
Los golpes y contragolpes ocurren en medio de la impotencia o complicidad (cualquier término que escoja es igualmente censurable) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por cierto, ambas en fase de “autodefenestración” por las mismas razones. Hay un denominador común en estos eventos: la pugna no es entre partidos de derecha e izquierda. La mayoría de los gobernantes derrocados son neoliberales, de derecha, centroderecha o ultraderecha, un dato que explica la tendencia a votar por opciones de izquierda o independientes en los recientes Gobiernos de Colombia, México y Brasil. Los analistas coinciden en que la evolución (según la izquierda) o involución (según la derecha) de la crisis culminará en el cadáver insepulto de la vieja clase política, con un legado nada reconfortante: la ausencia de una generación de relevo que reinstitucionalice el Estado Democrático (así, en mayúsculas) y rescate el origen primario de la legitimidad. En los 33 países que conforman la comunidad latinocaribeña, el 70 % de la población adulta no ejerce el derecho al sufragio y los presidentes (a excepción de Hugo Chávez (1998: 51,23 %) y Andrés López Obrador en México (2018: 53,19 %) están llegando el poder con menos de la mitad del padrón electoral. 

Raúl Pineda