08/01/23.- El por tercera vez jefe de Estado brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva designó a todos los miembros de su Gabinete, a excepción de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), presididos por el doble ministro y abogado Alexandre de Moraes, profesor de derecho, miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y ministro de Justicia durante la presidencia de Michel Temer, también abogado, en 2016. Moraes sigue siendo un personaje clave en la campaña anti-Lula desplegada por el mandatario saliente Jair Bolsonaro, cuyo poder cesó tras la lapidaria sentencia de Lula: "Nuestras primeras acciones apuntan a rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileñas y brasileños, que soportaron la más dura carga del proyecto de destrucción nacional que hoy se cierra".

El mandatario ultraderechista apenas pudo utilizar sus últimas 24 horas en el poder para marcharse a Estados Unidos sin entregar la banda presidencial a su sucesor, cuya legitimidad continúa desconociendo.

El desplante no es nada simbólico. Bolsonaro dejó activada la maquinaria institucional controlalada por Moraes e instruyó a los miles de activistas que están recalentando el clima político del país. Frente a un cuartel militar en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, los bolsonaristas cantaron el himno nacional y agitaron pancartas con las consignas: “SOS Fuerzas Armadas” y “sálvennos del comunismo”, aunque Lula no es comunista (al menos formal); por el contrario, ese partido desistió de su candidatura propia para apoyar a Lula.

¿Judicialización de la política o politización de la justicia?

La intranquilidad política que agita al país más poblado de América Latina tiene mucho que ver con Alexandre Moraes, quien en septiembre de 2018 anuló la candidatura de Lula da Silva, argumentando su condición de reo por corrupción.

La inhabilitación aprobada por el TSE es significativamente política. Se produjo por amplia mayoría: seis de los siete magistrados lo consideraron inelegible. El discreto silencio del presidente Lula sobre la probable remoción de Moraes, quien lidera la casi unánime oposición de los magistrados contra Lula, da una idea de la dificultad del ahora jefe de Gobierno para negociar la reforma de la Constitución -con minoría parlamentaria- y fijar límites a los poderes públicos sin violentar la autonomía, que Moraes ejerce de manera consistente y persistente.

Libertad de expresión por un solo canal

El multifacético magistrado Alexandre de Moraes se mueve con habilidad felina, incluso en el manejo de la fuerza policial por razones políticas y de orden público. Ordenó actuar contra un grupo de poderosos empresarios, entre ellos José Koury, propietario de una cadena de centros comerciales, quien a través de un chat grupal expresó temores en las redes sociales por las encuestas que daban como ganador a Lula da Silva. Koury escribió: “Prefiero un golpe de Estado a que regrese el PT (Partido de los Trabajadores) del que Lula es jefe político.

En los mensajes, solo dos de los protestatarios insinuaron que estarían a favor de un golpe de Estado. Sorpresivamente, agentes federales allanaron las residencias de ocho de los declarantes, congelaron sus cuentas bancarias, exigieron la entrega de sus registros financieros, telefónicos y digitales, y ordenaron a las redes sociales suspender las cuentas de algunos de ellos. Mientras algunos califican las acciones de Moraes como anarquismo institucional, un bondadoso titular del New York Times le atribuye un exceso de celo hacia el sistema político: ¿El máximo tribunal de Brasil se extralimita en su defensa de la democracia?

Raúl Pineda