Para entender entretelones de este complicado caso nos remitimos a lo dicho por el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien aseguró recientemente que el avión Jumbo de Emtrasur, que ingresó al país el 6 de junio con tripulantes iraníes y venezolanos y está bajo la investigación del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, “está secuestrado” por una orden judicial.

Para el diplomático los tripulantes están retenidos “sin que haya nada que se les pueda reprochar”. Y advirtió: “Hay una sensación del pueblo venezolano de esa injusticia. Por suerte, en los últimos días hay muchos que explican que es un operativo del adversario del campo popular”.

“Hay también la comprensión de que esto atenta para perjudicar una relación que se recuperó recientemente, entre Argentina y Venezuela, y también el crecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En estos días hay un encuentro muy importante en Argentina. Para nosotros es natural pensar que muchos adversarios que no quieren esta situación exageren y griten con lo del avión”.

Laborde opinó: “Entiendo que hay una movida contra Venezuela, que ha sufrido un bloqueo terrible. Hasta las cuestiones más elementales no se pueden hacer porque hay un temor de las compañías de ser sancionadas. La apertura de la causa puede traer nuevas opciones. Se podrá presentar Venezuela. Si se acepta como dueño del avión, se reconoce que Maduro es el Presidente”.

Pero a la par de lo expresado por el embajador de Argentina en los últimos días, el juez Villena hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio.

El fallo implica una aceptación del bloqueo norteamericano sobre la aeronave venezolana en el marco de un tratado de asistencia jurídica mutua firmado entre ambos países en 1991. El pedido había sido canalizado por el Ministerio de Justicia argentino.

Sin embargo, no está dicha la última palabra: como sucede con todas las extradiciones y más allá de la resolución judicial, la última palabra la tendrá la Casa Rosada.

Además del secuestro, Villena ordenó un allanamiento a la aeronave. El tercero desde que pisó suelo argentino. Esta vez contó con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó a la Argentina por retener al avión venezolano en el Aeropuerto de Ezeiza desde hace dos meses. También apuntó contra Estados Unidos por el pedido de incautación del mismo.

“Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida, o sea, que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, aseguró el mandatario.

En mayo de este año, justo un mes antes del secuestro del Boeing 747 300-M de Emtrasur, el juez Federico Villena estaba en el ojo del huracán, bajo investigación de las autoridades por presunto lavado.

El secuestro del avión Boeing 747 300-M de la empresa venezolana Emtrasur se encuentra bajo la decisión del juez Villena en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde reposa la aeronave.

De acuerdo a instrucciones de Villena, cuatro tripulantes de origen iraní y tres tripulantes de origen venezolano no pueden abandonar el suelo argentino, mientras transcurren las investigaciones y el proceso judicial.

A la fecha, 12 integrantes de la tripulación ya habían sido autorizados a salir de Argentina, pero el fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, por lo que la decisión del juez quedó en suspenso.

Seguidamente, conviene analizar datos del perfil de Villena, que podrían ser útiles para determinar su "probidad" como magistrado.

El juez federal Villena ha sido señalado de escalar en el sistema de justicia de Argentina mediante la construcción de vínculos con gobiernos de su país, como el gobierno de Mauricio Macri.

Villena, llegó a su cargo actual merced del apoyo que le dio Silvia Majdalani, considerada la poderosa ex número 2 de la Inteligencia en la época de Macri, y también por favores de María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta 2019.

Conviene recordar que en 2019 la hoy diputada por Buenos Aires, Vidal, participó en operaciones de robo de bienes venezolanos en Argentina, concretamente en los muelles de Dock Sud, en la provincia bonaerense. Vidal violentó los candados de la empresa venezolana Petrolera del Conosur S.A. (PCSA), filial de PDVSA, encargada de la distribución de combustibles en el Río de la Plata y operadora de una planta de distribución de combustibles y varias estaciones de servicio.

En 2019, Vidal instrumentó medidas a favor del "gobierno falso" de Juan Guaidó mediante el apoyo a Elisa Trotta Gamus, pseudo embajadora del gobierno fake, para tomar bienes de PCSA.

Villena ha sido señalado de "zigzaguear" en la política de su país y ha estado en el centro de varias operaciones. Lideró un operativo para detener a 22 exagentes de inteligencia, cuyo procedimiento fue cuestionado incluso por figuras del gobierno argentino en 2020.

Según La Nación, que es un medio de la derecha liberal de su país, desde el ascenso a su cargo en 2015, Villena "forjó relaciones con todo el arco político y, como muchos de sus compañeros de fuero, con los servicios de inteligencia".

Villena fue acusado en 2021 de "mal desempeño", "arbitrariedad" y "negligencia grave" por la fiscal federal Cecilia Incardona; el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y el otro juez Federal en Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Los funcionarios señalaron a Villena de haber actuado de manera "expresa", liberando y devolviendo 400 mil dólares a Karina Moyano que habían sido incautados en una detención. Moyano estaba envuelta en una investigación por narcotráfico. Sin embargo, Villena había contado con el favor de la Procuraduría de su país librándose de responsabilidades.

Villena estaba siendo cuestionado por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el de mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas de inmuebles ficticios. El magistrado fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco.

La propiedad que adquirió Villena está ubicada en la calle Zuviría, en Flores, Capital Federal. El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó por valor de 400 mil dólares estadounidenses, pero su precio real sería casi el doble, unos 790 mil dólares.

Villena realizó la compra mediante dinero en efectivo y ha alegado que accedió a ese dinero mediante "préstamos de sus amigos". Villena indicó que realizó la compra de manera rápida, necesitaba el efectivo rápidamente y "era plena pandemia".

"Me prestó un empresario con flujo de dinero grande, un abogado es la otra persona que me prestó 50 mil dólares, otra persona la tiene en su declaración jurada. Son personas de mi confianza, gente honesta", admitió Villena.

El caso del avión de Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, ha tenido como epicentro declaraciones públicas que ha hecho Villena manifestando suspicacias y presunciones sobre el aterrizaje del avión en Argentina e igualmente sobre su tripulación.

En declaraciones que podrían considerarse incongruentes e infundadas (por no estar sujetas a pruebas), Villena no ha guardado sumario alguno por el caso venezolano. Por el contrario ha expresado, las palabras "terrorismo", "espionaje", "sospechas" y "dudas" sobre el avión y su tripulación.

Hasta ahora, luego de requisas a la aeronave y revisión de datos, teléfonos y nombres de la tripulación, ningún ente policial argentino ha descubierto algún indicio que refiera actividades a favor del terrorismo por parte de los tripulantes y la aeronave.

Villena se considera a sí mismo un activista "anti-terrorista". Sobre el caso del avión de Emtrasur, ha aludido a los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en su país en la década de 1990 (caso AMIA), creando un vínculo narrativo entre aquellos eventos y el presente.

Villena aludió a uno de los pilotos, el iraní Gholamreza Gashemi, quien se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds –una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán–, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá, pero se ha constatado que no se trata de la misma persona.

La llegada del avión provocó un revuelo mediático y el cuestionamiento de la oposición en Argentina, especialmente de la comunidad judía. En efecto, Israel ha activado vocerías diplomáticas en Argentina y Paraguay, señalando su posición a favor de la incautación del avión por haber volado anteriormente bajo bandera iraní.

Sin embargo, pese a los vínculos políticos de Villena, el juez es constantemente presionado por medios y políticos, especialmente de la derecha de su país, e incluso por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía, quienes insisten en la confiscación de la aeronave y han desplegado toda su influencia en la opinión pública.

La complejidad del cuadro donde se difuminan las líneas entre lo judicial, lo político y lo mediático sugiere que Villena ha logrado distraer a la opinión pública de los señalamientos de lavado en su contra y a expensas del caso Emtrasur –que está en un nudo crítico de alcance geopolítico–, podría estar construyendo convenios y alianzas con instancias de poder económico y político de su país para afianzarse en su cargo e incluso escalar en la estructura del poder judicial argentino.

Tal probabilidad ha sido atizada por actores de opinión en Argentina y estaría en plena concordancia con sus antecedentes y prontuario.

La oportunidad para Villena es también formidable para congraciarse con la influencia estadounidense en Argentina, si ha de fallar a favor de la solicitud de confiscación de la aeronave emanada recientemente por el Departamento de Justicia de ese país bajo alegatos pseudo jurídicos. El posible sobrecumplimiento de las medidas coercitivas de Washington  confirma que el bloqueo contra Venezuela sigue en pie y no parece tener alivio alguno.

Luis Zárraga